Sábado 28 de mayo, 2005
San José, Costa Rica.

EDITORIAL

Vacíos institucionales

Hace unos 25 años, se anunció la reforma del Estado, a los que se agregan otros cuatro años perdidos

Diversas resoluciones de la Sala Constitucional e informes de la Contraloría General de la República han puesto de manifiesto, de manera creciente, el declive o inoperancia de algunas instituciones públicas. Ante la imprevisión, la falta de coordinación o la ausencia de controles oportunos en algunas entidades, la Sala Cuarta y la Contraloría han tenido que salir en defensa de los derechos de las personas o denunciar prácticas reñidas con la ley, lo que pudo evitarse, oportunamente, mediante la observancia de principios y prácticas propias de una buena gestión pública.

Así, la Sala Constitucional resolvió, el martes pasado, un recurso de amparo presentado por la Defensoría de los Habitantes, en beneficio de 150 pacientes de la CCSS que no gozaban del servicio de oftalmología, en operaciones de cataratas, trasplantes de córnea, glaucomas y estrabismo. La Sala Cuarta no solo declaró con lugar el recurso, sino que hasta le fijó un plazo de dos meses a la CCSS para su cumplimiento y ordenó que, para tal efecto, se procediera "a poner en operación la cuarta y quinta salas de cirugía de la clínica, mediante la adquisición de los equipos y la contratación del personal requerido". La sentencia de la Sala Constitucional merece reconocimiento por el grado de especificación, hasta el detalle, en resguardo de la salud de las personas. Sin embargo, esta misma acuciosidad revela el distanciamiento entre la CCSS y los asegurados. Cabe tener en cuenta la denuncia de la Defensoría de los Habitantes en la audiencia oral respectiva: cinco pacientes perdieron la vista por esta ineficiencia que, en verdad, no cabe atribuirse a las actuales autoridades de la CCSS, que heredaron una institución resquebrajada, sino a sus antecesores.

Como esta resolución de la Sala Constitucional, podrían presentarse otras igualmente reveladoras de los grandes vacíos que debe llenar por la ineficiencia del Estado en cuestiones atinentes a los derechos de las personas. Dígase lo mismo de la Contraloría General de la República que, en numerosos informes, ha tenido que rectificar decisiones u omisiones, fallas y vicios, relacionados con la materia técnica específica de las instituciones públicas o con políticas públicas esenciales, parte principal, en no pocas oportunidades, del programa de gobierno anunciado en campaña.

Estas deficiencias significan una plétora de trabajo tanto para la Sala Constitucional como para la Contraloría General de la República y, como tal, el uso de cuantiosos recursos personales y financieros que, si aquellas cumplieran con lo suyo, podrían dedicarse a otras tareas. Verifica esta falla estructural pública nuestro reciente reportaje, derivado de un estudio de la Contraloría, sobre los cuantiosos recursos no usados en el ejercicio fiscal de 2004 para atender los programas sociales. Las vagas explicaciones sobre el particular dadas por el Gobierno ratifican, como expresamos, la ausencia de una política social coherente.

Estas consideraciones de nuevo ponen en el tapete el viejo tema de la reforma del Estado, mil veces enunciado y mil veces postergado, no tanto por su propia complejidad, sino por desidia y por el temor de tocar intereses creados. Si hubiese habido voluntad política, al menos habría comenzado esta labor con la solución de problemas concretos e inmediatos, que tanto malestar causan a quienes tocan las puertas públicas. Pero, ni eso. Hace unos 25 años, se anunció la reforma del Estado. En esta administración, se han perdido otros cuatro.