Jueves 09 de junio, 2005
San José, Costa Rica.
Trabajar a
empujones
Armando Mayorga
amayorga@nacion.com
Muchos, miles de los 233.000 empleados públicos que hay en este país parecen no haber comprendido que el pueblo al que sirven, que la gente que les paga su salario, está descontenta con su trabajo porque lo hacen mal.
Ante la desidia de esos burócratas -legítimos burócratas-, la Sala Constitucional ha surgido como un "jefe superior" al tener que ordenarles que hagan la función por la que el pueblo paga. Los magistrados, entonces, se han convertido en receptores de quejas de clientes molestos con el servicio estatal y en emisores de fallos a altos jerarcas para que cumplan su trabajo.
La Sala Constitucional está saturada de hábeas corpus y recursos de amparo de quienes han visto que solo así, bajo la amenaza de cárcel para jerarcas, las instituciones y los empleados públicos responden a sus necesidades.
La Dirección Nacional de Pensiones no solo afronta gran cantidad de amparos por su ineficiencia, sino que los magistrados pidieron ya a la Fiscalía investigar a la directora ejecutiva por incumplir fallos de esa Sala.
La Caja de Seguro Social, a la que muchos de sus empleados deshumanizan cada día más con su pésima atención, ha demostrado también que solo bajo el ultimátum de una resolución judicial entrega medicinas, hace operaciones o atiende pacientes que ruegan por sus vidas.
La Dirección de Migración, donde la lentitud en trámites y el tortuguismo alimentan la corrupción, igual. Es inconcebible que un cliente deba esperar dos meses o más por una cita para tramitar su pasaporte, y que deba recurrir a los magistrados para que estos ordenen al director otorgarla de inmediato.
Lo que todos estos fallos iluminan es la vagancia de muchos empleados públicos -incluso dentro del mismo Poder Judicial-, que dan más importancia al reloj que les dice cuánto falta para el almuerzo o el café, que al cliente que lleva minutos, horas, haciendo fila ante ellos.
En esta administración, el número de empleados públicos aumentó en 11.000 plazas. De falta de gente, entonces, no se pueden quejar porque, en promedio, hay un empleado público para atender a 17 habitantes.
El problema está, más bien, en el desgano de miles de "trabajadores", ante lo cual vemos una Sala IV que se consolida como "jefe superior" que, a empujones, obliga a jerarcas y subordinados a ganarse el salario.