Poder Judicial solicita ¢22.738 millones para implementar leyes sin contenido presupuestario

 Por Lucía Molina | lucymolina07@gmail.com

 12 octubre, 2021

El presidente de la Corte, Fernando Cruz, dijo no han podido “hacer mucho” con respecto a varias leyes que fueron aprobadas en la Asamblea sin rubro presupuestario. Entre ellas la Ley de Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada que fue aprobada en el 2017 pero no ha podido ser implementada.

El Poder Judicial dijo serán necesarios ¢22.738 millones en presupuesto extraordinario para  la operación de leyes que no han podido ser implementadas porque fueron aprobadas en el plenario sin contenido presupuestario.

Entre las leyes está la Ley N°9458 Bienestar Animal (¢652 millones), la Ley N°9841 Jurisdicción Especializada en Delincuencia Organizada (¢19.192 millones anuales), Ley N°9747 Código Procesal de Familia (19.192 millones), Ley N°9609 Nuevo Código Procesal Agrario (¢485 millones), Ley N°9582 Justicia Restaurativa (¢1.083 millones) y recursos para Pensiones Alimentarias (¢916 millones).

Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, comunicó la necesidad de los fondos hoy ante la Comisión de Hacendarios de la Asamblea Legislativa en la presentación del presupuesto ordinario del Poder Judicial para el 2022, el cuál asciende los ¢470.579 millones (con ¢1.215 millones en recursos propios del Fondo de Jubilaciones). 

“El presupuesto está muy ajustado a la situación fiscal del país, dentro de los parámetros que fijó Hacienda y las limitaciones de la Regla Fiscal, con la aplicación de 139 directrices internas de contención del gasto.  Con ello, el plan de gasto representa un 4%  del total del presupuesto nacional. Cumplimos con los mínimos y quedan muchas necesidades aún por llenar, pero debemos tener una visión realista de la situación del país” dijo Cruz en su intervención. 

El magistrado dijo que un área en el que considera debería invertirse más es en el tema de género, al que la institución le destina ¢73.537 (15% del presupuesto total) pero que “por razonas obvias no puede superarse” ese monto y por lo tanto no pueden resolverlo.

Patricia Solano, Vicepresidenta de la Corte, dijo en el caso de la implementación de la Ley de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado se dotaron ¢500 millones de colones para dar una planta física a los tribunales pero que temen no poder iniciar operaciones si el plenario no les  aprueba un presupuesto adicional de ¢2.900 millones, que habían sido discutido previamente entre los tres poderes y que financiaría las plazas necesarias y el equipo.

Esta ley fue aprobada desde el 2017 y cuatro años después no se ha podido implementar. Solano señaló que ese presupuesto debería ser incluido en el presupuesto 2023 pero que en esta ocasión las conversaciones con Presidencia y la presentación del presupuesto se traslaparon por lo que no pudieron incorporarse y por eso a estos fondos les faltaría la aprobación de la Asamblea.