Ley de crimen organizado se pondrá en marcha en el
2023 si el plenario aprueba su presupuesto
Por Lucía Molina | lucymolina07@gmail.com
25 octubre, 2021
La ley fue aprobada en el 2017
sin contenido presupuestario por lo que no ha podido ser implementada. El Poder
Judicial presentó una moción de ¢2.900 millones ante la Asamblea Legislativa
que financiaría las plazas y el equipo necesario para su aplicación.
La Dirección de Planificación del Poder Judicial estima que, de contarse
con el presupuesto necesario, a finales del 2020 se podrá ejecutar la ley de
crimen organizado y que a inicios del 2023 sería aplicada de forma
completa.
El Poder Judicial acordó con los otros poderes de la República un
presupuesto adicional de ¢2.900 millones para financiar las nuevas plazas y el
equipo. Además, se destinaron ¢500 millones en el presupuesto ordinario para
las remodelaciones necesarias en el primer circuito judicial y la preparación de
las salas de juicio.
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, presentó la
moción del presupuesto adicional ante la Comisión de Hacendarios el pasado 12
de octubre y hoy la Dirección de Planificación del Poder Judicial presentó el
informe presupuestario ante las personas magistradas.
La directora de Planificación, Nacira Valverde, aclaró que las
proyecciones siguen dependiendo de la aprobación de este presupuesto adicional
en el plenario porque de lo contrario no podrían iniciar operaciones.
En la presentación del informe Cruz lamentó que por la situación actual
del país no se pueda implementar la ley como originalmente se había previsto y
la magistrada Iris Rojas aseguró que la corte continuaría peleando por contar
con esta jurisdicción porque el crimen organizado no se detiene.
La magistrada Sandra Zúñiga informó que el personal se ha logrado
capacitar en la especialización a pesar de no tener todos los recursos
disponibles.
La Ley N°9841 de la Jurisdicción Especializada de Crimen Organizado fue
aprobada en el 2017 sin contenido presupuestario por lo que no ha sido
implementada en el país.
El Poder Judicial estima que se requieren ¢22.738 millones para
implementar varias leyes que, al igual que la de crimen organizado, fueron
aprobadas en el plenario sin contenido presupuestario.
Entre las leyes está la Ley N°9458 Bienestar Animal (¢652 millones), la
Ley N°9841 Jurisdicción Especializada en Crimen Organizado (¢19.192 millones
anuales), Ley N°9747 Código Procesal de Familia (19.192 millones), Ley N°9609
Nuevo Código Procesal Agrario (¢485 millones), Ley N°9582 Justicia Restaurativa
(¢1.083 millones) y recursos para Pensiones Alimentarias (¢916 millones).