Fallo constitucional sobre empleo público llega al Congreso y reforma
podrá seguir su camino
La llegada del expediente a Cuesta de
Moras es un paso esencial para que la iniciativa continúe su trámite
legislativo
Por Josué Alfaroseptiembre 20, 2021
at 17:19 CST
La
ministra de la Presidencia, Geannina Dinarte, aseguró en agosto pasado que el Gobierno
mantendría una relación estrecha con el Congreso para buscar la aprobación del
texto lo antes posible. Foto: Asamblea Legislativa. (Minor Solís/Asamblea
Legislativa)
La resolución
completa sobre las consultas de constitucionalidad presentadas al proyecto de
Ley Marco de Empleo Público (21.336) llegó a la Asamblea Legislativa, este
lunes 20 de septiembre, confirmaron a EF la Presidencia de la
Asamblea Legislativa y la oficina de prensa de la Sala Constitucional.
Este es un paso fundamental
para que la iniciativa pueda avanzar en el Congreso, de cara a una eventual
votación en el Plenario.
La resolución
completa llega un mes y 20 días después de que la Sala hizo público su ‘por
tanto’.
[ Plan
de empleo público pasa filtro constitucional, pero con señalamientos sobre
rectoría de Mideplan ]
En este, los
magistrados determinaron que no hubo vicios de procedimiento relacionados con
el trámite de la iniciativa que impliquen la necesidad de anular su avance;
aunque sí realizaron señalamientos sobre cuestiones de fondo que deberían
corregirse, en materia de independencia de poderes y autonomía de algunas
instituciones.
La oficina de
prensa del tribunal señaló que el documento será publicado en línea en las
próximas horas y que se trata de un texto de más de 500 páginas.
El arribo del
texto a Cuesta de Moras ocurre en un momento crucial. La iniciativa es considerada una “meta estructural” del
acuerdo alcanzado por el país con el Fondo Monetario Internacional (FMI),
entidad que se prepara para realizar una primera evaluación de
su programa con Costa Rica en los
próximos días.
Según explicó el
presidente del Banco Central (BCCR) y gobernador de Costa Rica ante el
organismo, Rodrigo Cubero, existe “un compromiso formal de aprobar ese proyecto”,
pues constituye un structural benchmark (una “reforma
estructural de referencia”) en el convenio con la entidad.
“(Esto) significa
que el FMI verificará su cumplimiento o su materialización para efectos de
determinar si el país está haciendo suficiente progreso en las medidas
planteadas”, afirmó.
[ Punto
por punto, esto dice el plan de empleo público aprobado en primer debate ]
Avanzar con el
acuerdo, según Cubero, va más allá de mantener abierta la línea de
financiamiento por $1.778 millones en tres años. Implica un respaldo necesario
para mantener la confianza de los mercados internacionales y evitar un “shock”
en indicadores de peso, como el tipo de cambio, las tasas de interés o la
inflación en el corto plazo.
¿Y ahora qué sigue?
En vista de que
el tribunal constitucional no encontró vicios procedimentales en el proyecto,
ahora los diputados tienen tres opciones sobre la mesa para continuar con el trámite
de la iniciativa.
Pueden buscar una
vía para corregir los señalamientos de fondo realizados por la Sala
Constitucional y votarlo nuevamente en primer y segundo debate; pueden votarlo
tal como fue devuelto por la Sala Constitucional, a sabiendas de que se podrían
impugnar posteriormente los errores encontrados; o pueden rechazarlo de manera
definitiva.
El proyecto ya se
votó positivamente una vez en primer debate, con el visto bueno de 32
congresistas. No obstante, si se le realizan cambios deberá volver a someterse
en esa primera votación, además de la faltante segunda.
Si se determina
que el proyecto incide en el funcionamiento del Poder Judicial, como ha
ocurrido en todas sus versiones hasta el momento, el texto requeriría el voto
favorable de al menos 38 legisladores en segundo debate para convertirse en Ley
de la República.
El Gobierno, a
través del diputado oficialista, Víctor Morales Mora, ha subrayado en distintas
ocasiones considerar que la iniciativa podría conjuntar ese respaldo. Además de
los 32 legisladores que dieron su respaldo en primer debate, confía en el apoyo
de otra parte de los 10 legisladores que no estuvieron presentes en esa primera
votación.
[ Plan
de empleo público sigue vivo y con la urgencia de amarrar 38 votos ]
El proyecto de
ley de empleo público propone eliminar el sistema de pluses salariales
e implementar una escala salarial única en el sector público, de modo que se
elimine el efecto de crecimiento constante en las remuneraciones. Asimismo,
incluye una serie de restricciones para evitar costos adicionales en la
negociación de convenciones colectivas.
El Ministerio de
Planificación estima que, solo durante el primer año de aplicación de esta
normativa, el país podría ahorrarse un 0,9% del PIB con este proyecto y otras
medidas de restricción de gasto. Un 0,7% del PIB de ese ahorro provendría del
Gobierno Central (ministerios, órganos desconcentrados y otros Poderes de la
República) y un 0,2% del PIB del resto del sector público (CCSS, universidades
públicas, empresas públicas, gobiernos locales y otros).
Tras la
publicación del ‘por tanto’ de la sentencia en agosto pasado, el Gobierno
indicó que esperaba una “pronta aprobación” del
proyecto.
La ministra de la
Presidencia, Geannina Dinarte, aseguró que el Gobierno valoraría la sentencia
completa de la Sala Constitucional, una vez disponible, y luego mantendría una
cercana relación con las fracciones legislativas para lograr la aprobación del
texto “en el menor plazo posible”.