La empresa Grupo Monge aloja a la
financiera GMG Servicios de Costa Rica, que en 2018 tenía demandados a 86.000
clientes. Foto: Miriet Ábrego
Corte pide aprobar proyecto que crearía una tasa a demandas de cobro
judicial
Por Álvaro Murillo | alvaro.murillomurillo@ucr.ac.cr
20 septiembre, 2021
Magistrados avalaron el informe del
suplente Germán Serrano García, según el cual el expediente afectaría de manera
favorable al cobrar a los demandantes de esos procesos que saturan a los
juzgados, pues en 2020 alcanzó 832.682 los expedientes circulantes.
La Corte Suprema de
Justicia aprobó por mayoría un informe que respalda el proyecto de ley para
crear una tasa especial a los cobros judiciales, con el objetivo de obtener
recursos adicionales y mitigar la congestión de casos que esa materia genera en
el aparato judicial.
Los miembros de la
Corte avalaron el informe del magistrado suplente Germán Serrano García, según
el cual afectaría de manera favorable el cobro a los demandantes de esos
procesos judiciales que saturan a los juzgados, pues en 2020 alcanzó 832.682
los expedientes circulantes.
La tasa se calcularía
como porcentaje del valor de la estimación de la demanda de los procesos, con
un mínimo del 1,5% y máximo de 2,5%, pero por encima de un monto que rondarìa
actualmente los 46.000 colones (10% del salario base mensual de la persona
oficinista 1 del Poder Judicial), segùn el expediente legislativo.
La tasa está
planteada como un “destino específico”, con el objetivo de que quede fuera del
Presupuesto institucional y de los límites a los que se debe someter, con lo
cual los ingresos extra se podrían dirigir específicamente al reforzamiento de
las capacidades de trámite de esos cobros judiciales, como coincidió la mayoría
de magistrados en la sesión de Corte Plena de este martes.
El magistrado Serrano
dijo que esta reforma legal es oportuna para enfrentar el problema que se
arrastra desde hace varios años por los cambios en la cultura de consumo de la
población, pero sobre todo ahora que la situación económica se ha deteriorado
más por los efectos de la pandemia de COVID-19. Eso podría aumentar el
circulante de cobros judiciales, que de por sí es alto.
“¡Es una barbaridad!
Es exagerado y con todo respeto creo que esto no va a parar, porque estamos
hablando con esto de la pandemia que acabamos de ver y si siguen las medidas
(restrictivas) Definitivamente los temas cobratorios no van a disminuir por más
que se intente. Pero por lo menos habría que trasladar ese costo a los grandes
usuarios”,
“Creo que es
importante que nosotros aquí en la Corte lo tengamos claro, porque estos
grandes usuarios que están pasando por incobrable, todos estos créditos y
finalmente los venden por sumas irrisorias y entonces nuevamente vuelven
quienes adquieren esos créditos. Son derechos litigiosos que ceden, entonces
nuevamente activan el aparato jurisdiccional, entonces eso es una bola de nieve
de no acabar. Reitero que sí incide favorablemente”, expuso Serano en sesión de
la Corte.
Un reportaje de este
Semanario en 2019, basado en estudios internos del Poder Judicial, mostró que
la atención de los cobros judiciales representó para un costo de 12.130
millones solo en el 2018, la mitad del monto que las autoridades lograron
recuperar para las empresas o instituciones acreedoras en ese mismo año.
Para ese momento la
empresa que más cobros judiciales tenía activados era Instacredit, seguida de
GMG Servicios Costa Rica (subsidiaria de Grupo Monge) y el Banco Popular. Le
seguían la CCSS, Gestionadora de Créditos SJ y Bac San Josè, además de su
asociada Credomatic. De volumen total, un 87% correspondía a créditos sin
garantía.
El actual proyecto de
ley corresponde a un nuevo intento de una idea similar planteada en un
expediente anterior. Lo presentó el Poder Ejecutivo y está a cargo de la
comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, que deberá rendir un dictamen al
plenario, donde podría aprobarse por mayoría simple, al no recibir una objeción
de parte del Poder Judicial.