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Cartas a la columna:
Juan José Echavarría B. propone en su artículo del 29 de julio retomar la
iniciativa de Rodolfo Piza Escalante para elegir a los magistrados a la Suprema
Corte de Justicia.
Me aparto de la opinión de los dos. Si una de las ternas la configura la
Universidad de Costa Rica, automáticamente quedan descartados los egresados de
las facultades de Derecho de otros centros de enseñanza superior.
El Colegio de Abogados está inhabilitado porque su existencia está basada
en dos violaciones: el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos
del Hombre, que dice que nadie puede ser obligado a pertenecer a una
asociación; y el artículo 25 de la Constitución, que dispone lo mismo.
Si de lo que se trata es de mejorar el sistema, la propuesta es válida en
cuanto a la escogencia de los magistrados de ternas elaboradas por la misma
Corte, por las facultades de Derecho de toda Costa Rica y por la presidencia de
la República.
La elección de los magistrados debe ser vitalicia, de candidatos que no
hayan sido activistas políticos, que hayan ejercido con buen éxito la profesión
de abogados, como docentes en las disciplinas jurídicas o litigantes o
asesores, ceñidos absolutamente a las normas de la ética y de la solvencia
intelectual.
Camilo Cifuentes Correa, San José