Estrategia anticorrupción pide regular ‘lobby’ y puertas giratorias en
el Estado
Propuesta impulsada
por Procuraduría de la Ética y Asociación Costa Rica Íntegra plantea lineamientos
para prevenir el tráfico de influencias, los sobornos, el uso de información
privilegiada y los conflictos de interés
Por Juan Diego Córdoba
Gonzálezagosto 06, 2021 at 16:55 CST
Estrategia
anticorrupción fue presentada este viernes a los presidentes de los supremos
poderes y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE). Establece acciones que
deben ejecutarse en 10 años. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)
Una propuesta
denominada Estrategia Nacional de Integridad y Prevención de la Corrupción,
publicada este viernes, propone regular las prácticas de cabildeo y de puertas
giratorias en el Estado.
Esas son dos de
las medidas que propone el documento elaborado por la Procuraduría de la Ética
Pública y la Asociación Costa Rica Íntegra, que trabajaron en coordinación con
17 instituciones públicas y privadas en la construcción del planteamiento.
De acuerdo con la
estrategia anticorrupción, es necesario regular el lobby o cabildeo, entre
otras acciones, para prevenir el tráfico de influencias y los sobornos en la
gestión pública.
Por ello, propone
desarrollar un proyecto de ley que obligue a las instituciones a registrar y
hacer públicas las reuniones solicitadas por personas o grupos de interés “que
tengan como finalidad influir en una decisión pública”.
Las entidades
también estarían obligadas a divulgar “los viajes y regalos que realicen o
reciban los funcionarios de las autoridades públicas en el ejercicio de sus
funciones”.
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Asimismo, el
planteamiento urge la necesidad de crear otra iniciativa legal sobre puertas
giratorias.
El término
“puertas giratorias” se refiere al fenómeno de personas que dejan sus puestos
en el Estado para trabajar en empresas con las cuales tenían relación desde el
sector público, ya sea por motivos de regulación o de contratación, por
ejemplo.
Tal es el caso de
un ingeniero del Estado, por ejemplo, que fiscalice los contratos públicos de
una constructora y, luego, pase a laborar en esta.
La propuesta es
imponer “periodos restrictivos antes de pasar del sector público al privado”.
De acuerdo con el
planteamiento de estos lineamientos anticorrupción, esa regulación reduciría el
tráfico de influencias, el uso de información privilegiada y los conflictos de
interés.
La estrategia anticorrupción
fue entregada este viernes en un acto oficial a los presidentes de los tres
poderes de la República y del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE): Carlos
Alvarado, del Poder Ejecutivo; Silvia Hernández, de la Asamblea Legislativa;
Fernando Cruz, de la Corte Suprema de Justicia; y Luis Antonio Sobrado, del
órgano electoral.
La presentación
de la estrategia, que se trabaja desde hace año y medio, ocurre en momentos en
que la Fiscalía investiga una presunta red de corrupción para favorecer a
empresas privadas en la construcción de obras públicas, conocido como Caso
Cochinilla.
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Al recibir el
documento, el presidente Alvarado manifestó: “Creo que las manifestaciones de
la corrupción nos han golpeado recientemente como país. Golpean la moral
pública, el sentimiento de la sociedad y golpean la confianza en las
instituciones democráticas, que hacen a veces surgir la interrogante entre
algunos ciudadanos que se indignan frente a estos hechos sobre si hay otra
mejor forma de llevar los asuntos de la sociedad.
“Obviamente, quienes
somos convencidos demócratas sabemos que es la democracia y sus instituciones
la mejor organización para la vida pacífica de una sociedad moderna”.
Alvarado también
se refirió al riesgo que supone la influencia de grupos de narcotráfico sobre
los poderes del Estado.
“Siento una gran
preocupación por los impactos que tiene no solo el narcotráfico, sino el dinero
asociado de las actividades, la legitimación de capitales. ¿Qué pasa con ese
dinero y cómo ese dinero impacta, uno, al sector privado honesto —por la
competencia desleal—?. Dos, penetra distintas esferas de la administración
pública en distintos niveles: municipal, en el nivel Ejecutivo, en la toma de
decisiones de mandos medios.
“¿Cómo debemos
proteger al Poder Judicial, al Poder Legislativo, donde se toman decisiones, el
Poder Ejecutivo también?, para que no sean penetrados por esto, pero ese riesgo
está allí”, aseguró.
Cinco ejes de
trabajo
La estrategia
anticorrupción contempla 47 acciones distribuidas en cinco ejes temáticos: gobernanza,
gestión del talento humano, promoción de la participación y control ciudadano,
así como gestión de riesgos de corrupción público-privada, acceso a la
información de interés público y rendición de cuentas.
La meta trazada
es ir ejecutando cada una de las recomendaciones a lo largo de 10 años, según
señaló la Asociación Costa Rica Íntegra.
CONSULTE EL INFORME COMPLETO AQUÍ
“Se optó por
priorizar un conjunto reducido de temas, todos ellos cruciales, que dejarán
sentadas las bases para este desarrollo en los próximos años. Como toda
estrategia, debe tener la flexibilidad y contar con los mecanismos de revisión
continua para ajustarse a los cambios del entorno, por lo cual no se debe ver
como un producto inalterable y acabado, en especial en tiempos de incertidumbre
como los actuales”, dice la propuesta.
En el ámbito de
la gobernanza, por ejemplo, se establece la necesidad de definir un ente rector
de la prevención de la corrupción, debido a que actualmente ningún aparato
estatal realiza esa función.
En la gestión de
recurso humano, se apuesta por establecer un mecanismo de reclutamiento por
idoneidad de los participantes, que pueda servir como base para que todas las
instituciones del sector público contraten a su nuevo personal.
También, se
señala la necesidad de implementar un régimen sancionatorio de forma homogénea
para todo el sector público.
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En cuanto al eje
de participación ciudadana, se pretende desarrollar una política nacional de
denuncias efectivas, con el propósito de que las personas puedan enterarse del
avance de sus quejas o denuncias en las instituciones públicas.
Sobre la gestión
de los riesgos de corrupción en la interacción público-privada, la estrategia
urge la implementación del Marco General de Identificación de Riesgos de
Posibles Actos de Corrupción en Procesos de Contratación Administrativa.
“Permite una
gestión de las compras públicas más efectiva y apegada a sus principios
generales, reduciendo la incidencia de dádivas, coimas y sobornos.
“Además, aumenta
la economía en los costos de los bienes y servicios, incorpora buenas prácticas
internacionales y faculta a la administración para desarrollar mejores mecanismos
de control”, dice el documento.
Este mismo eje es
el que señala la necesidad de aprobar leyes para regular el cabildeo y las
puertas giratorias.
En tanto, en el
campo de datos abiertos, se hace referencia a las propuestas para mejorar el
acceso a la información de interés público y rendición de cuentas.
“Es preciso
mencionar que, en cuanto a instrumentos normativos, Costa Rica es uno de los
pocos países del mundo que aún no aprueba una ley de acceso a la información.
“De hecho, pese a
los esfuerzos realizados desde hace más de una década y a los llamados de
atención de organismos internacionales, este sigue siendo un pendiente en la
Asamblea Legislativa”, advierte el documento.
Por último, en el
eje de fortalecimiento de la transparencia y rendición de cuentas, la
estrategia hace énfasis en la creación de instrumentos de medición de la
transparencia y de la gestión pública.
Ausencia de la
Defensoría de los Habitantes
Durante el
proceso de elaboración de la propuesta final participaron, entre otros, la
Contraloría General de la República (CGR), el Ministerio Público y el Instituto
Costarricense sobre Drogas (ICD), como órganos de control.
La Cámara de
Comercio Internacional (ICC) representó al sector privado, mientras que de la
academia participó el Centro de Investigación y Capacitación en Administración
Pública (CICAP) de la Universidad de Costa Rica.
También acudieron
los ministerios de Justicia y Paz, Planificación, Educación, Ciencia y
Tecnología y Comercio Exterior, mientras que organizaciones de la sociedad
civil como Abriendo Datos y Territorios Seguros también hicieron aportes.
Según señala el
documento, el grupo de trabajo invitó a la defensora de los Habitantes,
Catalina Crespo. No obstante, informa de que la funcionaria rechazó la invitación.