Política

Costa Rica invierte en justicia más que El Salvador, Guatemala, Honduras y Panamá juntos

Baja inversión en resto de Centroamérica dificulta acceso a la justicia pronta y cumplida, y pone en entredicho la separación de poderes, advierte Informe del Estado de la Región

Por Juan Diego Córdoba Gonzálezagosto 08, 2021 at 16:16 CST

Tribunales de Justicia de San José, fachada Costa Rica es el país centroamericano con mayor inversión por habitante para la administración de la justicia. En 2018 destinó un promedio de $154 por persona a su sistema judicial. En la imagen los Tribunales de Justicia del Primer Circuito Judicial de San José. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Guatemala, Honduras, El Salvador y Panamá destinan menos de una cuarta parte de los recursos que Costa Rica asigna, por habitante, para la administración de la justicia.

De acuerdo con el último Informe del Estado de la Región, nuestro país invirtió, en promedio, $154 por persona, al año, para ese fin. Al tipo de cambio actual, ese monto ascendería a unos ¢95.000.

En cambio, en el resto de las naciones del área —donde tienen mayores índices de violencia—, la inversión judicial ni siquiera sobrepasó los $40 anuales por habitante, es decir, menos de ¢25.000.

El Salvador destinó $38 por persona y este es el segundo país centroamericano con más recursos asignados a la justicia; su presupuesto equivale apenas a un 24,7% del destinado por Costa Rica.

Panamá reservó $34 por habitantes, Guatemala $16 y Honduras $10, mientras que de Nicaragua no se conocen datos desde el año 2011.

“La promesa de una justicia pronta, cumplida e igual para todas las personas sigue siendo una aspiración que está lejos de la realidad”

—  Informe del Estado de la Región 2021

Según el estudio, esa baja inversión judicial coloca a esos países en peligro de conflictividad social. Además, deja a sus sistemas judiciales altamente vulnerables frente a la división de poderes, en algunos casos.

“Los niveles continúan siendo bajos —menores a $40 per cápita anuales—, situación que crea importantes fragilidades en los sistemas de administración judicial.

“Los casos extremos son Guatemala y Honduras, con niveles inferiores a $20 per cápita anuales. Costa Rica es la excepción en la región, pues el gasto por habitante en el sistema judicial fue marcadamente creciente durante el periodo 2010-2019.

“Los niveles de los demás países son una cuarta parte o menos de lo que Costa Rica dedica en esta materia.

“El aumento en los presupuestos ha sido modesto en la mayor parte de los países y no ha corregido las persistentes debilidades de los sistemas judiciales de la región, por lo que la promesa de una justicia pronta, cumplida e igual para todas las personas sigue siendo una aspiración que está lejos de la realidad”, advierte el informe.

Mejor acceso a la justicia

El documento también señala que la inversión incide en la capacidad que tienen los estados para ofrecer acceso a los servicios de justicia, así como en la facultad de resolver oportunamente los casos.

Destaca que Costa Rica, una nación de apenas cinco millones de habitantes —la más pequeña del área en población detrás de Panamá, con 4,2 millones de personas—, tiene el segundo sistema judicial con más casos ingresados en 2018, con más de 713.000 procesos.

Solo se han interpuesto más casos en Guatemala (876.000 procesos), país que tiene 3,3 veces la población nacional.

En ese mismo año, el Poder Judicial de Costa Rica logró resolver poco más de 530.000 casos, frente a los menos de 41.000 que concluyó el sistema judicial guatemalteco.

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Un problema que enfrenta nuestro país, desde el 2016, es que están ingresando casos a un ritmo más acelerado del que se están resolvieron los conflictos.

“En ambos países, la brecha entre casos ingresados y casos terminados ha crecido a lo largo de la década anterior, pero en el caso de Guatemala es extraordinariamente marcada”, indica el informe.

Panamá resolvió 238.000 casos; Honduras y Nicaragua cerca de 100.000 procesos judiciales, mientras que El Salvador apenas concluyó 39.000 expedientes. En esas naciones, se interpusieron cerca de 100.000 casos en el año.

“Mientras que en Costa Rica se resuelve más de la mitad de los casos, en Guatemala sucede que, de cada nueve casos, se concluye menos de uno. Si bien en Honduras, Nicaragua y Panamá esta brecha (entre casos presentados y resueltos) es mucho menor, también ingresan muchos menos casos al sistema y en los últimos años esta cifra ha disminuido paulatinamente”, agrega el estudio.

Más recursos para armamento que para justicia

El estudio regional destaca que en los países del triángulo norte centroamericano, conformado por Guatemala, Honduras y El Salvador, los gobiernos destinan más recursos al gasto militar que a la inversión judicial.

Por ejemplo, El Salvador asignó $38 por persona en inversión judicial, mientras que el gasto militar por habitante ascendió a $48.

“El gasto militar en El Salvador y Guatemala superó los $40 por habitante al año, en contraste con el gasto judicial. Solo Costa Rica supera ese umbral de $40″, afirma el director del Estado de la Región, Alberto Mora.

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En esta comparativa debe contemplarse que los datos relacionados con la inversión judicial corresponden al año 2018, mientras que el gasto militar es de 2019. En el caso de Honduras, el dato de inversión judicial es el referente al 2017.

En criterio del investigador, otro problema que enfrentan los sistemas judiciales de esos países es la pérdida de independencia de los poderes.

“Los sistemas de administración de justicia continúan siendo el eslabón más débil del proceso de construcción de institucionalidad democrática inaugurado con el cese de las guerras y los conflictos armados en la región.

“Su capacidad se ve limitada tanto por su bajo financiamiento como por la pérdida de independencia durante los últimos años”, afirma Mora.

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En esa línea destaca el informe, tanto Honduras como Guatemala cerraron las misiones internacionales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), establecidas en esos países para apoyar o desarrollar funciones que debían cumplir los respectivos ministerios públicos.

Dichos entes investigaron supuestos actos de corrupción que involucraban, en algunos casos, a trabajadores o exfuncionarios de gobierno.

“En varios países de la región se pudo constatar que los partidos políticos buscan asegurar que las personas electas sean afines a sus posiciones partidistas. Esta intromisión limita la independencia y pone en riesgo la necesaria separación de poderes a lo interno de los Estados, sin la cual no es posible afirmar que existe un sistema de pesos y contrapesos con capacidad de frenar los abusos de poder”, advierte el estudio.