Sala
IV conforma tribunal y empieza análisis de consultas sobre reforma de empleo
público
Magistrados
constitucionales tendrán hasta el 2 de agosto para resolver cuatro observaciones
planteadas por diputados y Corte Plena
Aarón Sequeira. Hace 2 días
La Sala Constitucional tiene plazo
para responder, a más tardar el 2 de agosto, las consultas facultativas
presentadas por los diputados y la Corte Suprema sobre la presunta
inconstitucionalidad del plan sobre empleo público. Foto: Rafael Pacheco
La Sala Constitucional conformó, este viernes, el tribunal de siete
magistrados encargado de analizar las consultas facultativas presentadas sobre
el proyecto de Ley Marco de Empleo Público.
Dicho órgano está integrado por Fernando Castillo, como presidente; Paul
Rueda: Nancy Hernández; Luis Fernando Salazar; Jorge Araya; Anamari Garro; y la
suplente Ana María Picado.
Picado ocupará el lugar de Cruz, quien se inhibió de conocer el
expediente debido a sus manifestaciones contra la reforma y porque fue,
precisamente, el promotor de una consulta enviada por la Corte Plena.
LEA TAMBIÉN
Diputados aprueban
reforma al empleo público en primer debate, con 32 votos a favor y 15 en contra
A través de un comunicado, la oficina de prensa de la Sala IV informó
también de que acumuló en un solo expediente las cuatro consultas hechas sobre
el contenido y el trámite legislativo de esa reforma.
La decisión de los magistrados se toma a dos semanas de aprobado el
expediente 21.336 en primer debate, en el plenario del Congreso, y una semana
exacta después de que la Sala recibiera la copia fiel del proyecto.
LEA TAMBIÉN
Corte Plena
cuestionará plan de empleo público mediante consulta ante Sala IV
La primera consulta presentada ante el tribunal constitucional fue
promovida por el diputado frenteamplista José María Villalta, junto con 14
congresistas más.
A esa gestión, de 247 páginas, se acumulará también la promovida por el
socialcristiano Pablo Abarca, junto con miembros de su fracción, del Partido
Liberación Nacional (PLN) y agrupaciones minoritarias.
Dentro del mismo expediente figura otra consulta que presentaron los
legisladores Roberto Thompson, del PLN, y Enrique Sánchez, del Partido Acción
Ciudadana (PAC), sobre la cláusula de objeción de conciencia.
LEA TAMBIÉN
Diputados plantean
tres consultas separadas a Sala IV sobre plan de empleo público
Además, se incluirá la consulta facultativa que aprobaron presentar los
magistrados de la Corte Plena, por 20 votos a favor, el miércoles anterior, y
que promueve el presidente, Fernando Cruz.
Pese a que se acumularon las cuatro consultas en el mismo expediente,
eso no quiere decir aún que realmente todas las gestiones hayan sido acogidas
para estudio.
Eso se sabrá una vez que el tribunal constitucional dé a conocer su
resolución.
Tres años atrás, cuando la Sala IV dio a conocer su resolución sobre el
expediente 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, anunció que
rechazaba una consulta que había llegado a destiempo, o sea, después de
recibido el expediente legislativo.
Ese podría ser, eventualmente, el caso de la consulta presentada por la
Corte contra varios artículos que, según alegan, violentan la independencia del
Poder Judicial al someterlo a la rectoría, en materia de empleo público, al
Ministerio de Planificación y Política Económica (Mideplán).
“La Sala deberá, en el momento procesal oportuno, establecer si las
consultas de constitucionalidad acumuladas cumplen o no con los requisitos formales
exigidos, lo que se resolverá junto con la opinión consultiva”, informó en la
nota de prensa.
Esta es la primera vez en la historia en que la Corte Suprema de
Justicia hace uso de la potestad que le da la Ley de la Jurisdicción
Constitucional para presentar una consulta contra un proyecto.
Plazo de un mes
Mediante comunicado de prensa, la Sala indicó que, una vez conformado el
tribunal que analizará las consultas de constitucionalidad, empieza a correr el
plazo de un mes que otorga la ley para resolver.
Eso implica que el plazo para evacuar las preguntas de diputados y
magistrados vence el 2 de agosto, “a menos que se requiera de una diligencia
que lo interrumpa”.
Dichas diligencias podrían ser, por ejemplo, la solicitud de información
adicional al Congreso, como actas o videos de las sesiones, ya sea de la
Comisión de Gobierno que tramitó el proyecto o del plenario.
Por otro lado, la redacción del borrador del proyecto de sentencia le
fue asignada a la suplente Ana María Picado.
Al respecto, la Sala IV aclaró que la asignación de los expedientes se
realiza mediante un sistema de cómputo programado para ser aleatorio y
equitativo, “en garantía del principio de transparencia y objetividad”.
“El cumplimiento de la asignación objetiva de casos es parte del sistema
de control interno a que está obligado el despacho”, insistió.
Señaló que el sorteo se realiza entre los siete miembros del tribunal,
por lo cual ni la presidencia de la Sala IV ni el pleno de los siete jueces
constitucionales “tienen injerencia sobre ese sistema”.
Estabilidad en juego
En torno a la revisión que hará la Sala IV de la reforma, el presidente
de la República, Carlos Alvarado, señaló que los magistrados deben tener en
cuenta que está en juego la estabilidad económica y el futuro del país.
“Lo que digo es que es necesaria la ley de empleo público para tener más
equidad dentro del propio sector público y entre el sector público y el sector
privado.
“Pero también es un tema de realismo. Si no pasamos una ley de empleo
público como ya pasamos un acuerdo con el Fondo, otra vez la estabilidad
económica de Costa Rica se ve comprometida”, aseveró.
El mandatario emitió sus declaraciones este viernes, durante una visita
a la Escuela Enrique Riba Morella, en San Isidro de Alajuela.
Por otra parte, Alvarado llamó la atención sobre los plazos establecidos
para que la Sala Constitucional pueda recibir consultas sobre expedientes.
Recordó que dicho tribunal ya le ha señalado a los diputados que, una
vez que ingresa un proyecto a su despacho, ya no puede recibir consultas.
El pasado miércoles, la Corte decidió enviar una consulta facultativa
sobre la reforma al empleo público. Dicho expediente había llegado a la Sala IV
el pasado viernes.
“Esa señal va a ser muy importante, porque vamos a ver si hay igualdad
entre poderes o si unos son más iguales que otros”, manifestó.