Confianza
en la justicia
Es urgente que el
Poder Judicial ponga atención a su Fiscalía, juzgados y tribunales a cargo de
la lucha contra la corrupción
Armando Mayorga. Hace 13
horas
Con el país inmerso en el caso Cochinilla, el Poder Judicial enfrenta el
enorme reto de generar confianza en que, al final, habrá justicia, no
impunidad.
Es un hecho que el proceso judicial llevará años. Solo para que tenga
una idea: la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción
(Fapta) toma de cinco a seis años para preparar un caso de tanta complejidad,
dice el Informe estado de la justicia del 2020.
Cochinilla es en extremo complejo. Quizás el más intrincado en la última
década, y eso es preocupante porque la Fapta entra a este embrollo sin resolver
otros igualmente difíciles, como la trocha fronteriza, la «pifia» en la vía hacia Moín, el cemento chino y las pérdidas de Bancrédito.
Salvo el caso de la trocha, en el cual funcionarios del Consejo Nacional
de Vialidad (Conavi) también fueron protagonistas por supuesta corrupción, los
demás están en ciernes, pues la Fapta está «desbordada», advierte el Estado
de la justicia.
La consecuencia sería nefasta porque el mismo informe dice: «Por lo
general, los casos que tramita la Fapta se cierran con desestimaciones o
sobreseimientos». Entre el 2015 y el 2018, solo 3 de cada 10 casos superaron la
etapa preparatoria.
También están desbordados el Juzgado Penal y el Tribunal Penal de Hacienda
y la Función Pública. Desde hace meses, el caso de la trocha está para juicio,
pero a estas alturas no hay fecha, pese a que el proceso lleva nueve años (y
eso que es menos complejo que Cochinilla).
De 26 imputados, 13 irán a juicio y 13 pactaron medidas alternas. Cuáles
son, es un misterio, porque el Ministerio Público alega que es imposible
divulgarlo «puesto que son de carácter confidencial, debido a que se
establecieron en audiencia privada». Por más que legal, esa confidencialidad es
funesta, porque los ¢20.000 millones que se esfumaron eran fondos públicos, no
privados.
Estamos, entonces, ante un Poder Judicial con limitaciones para afrontar
casos complejos, y no se trata de inyectar más recursos, sino de que la Corte
Plena ordene ajustes para un gasto más eficiente.
El Poder Judicial encara una coyuntura y quedarse en la zona de confort
solo minará más la confianza en la justicia.