Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Resaltar la importancia del respeto a los derechos humanos en el servicio público de acceso a la justicia, fue el tema que se abordó durante el foro internacional “El Desarrollo Sostenible en la Administración de Justicia de Costa Rica”, el cual contó con la participación de personas expertas internacionales en la materia.

El foro internacional estuvo integrado por Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Eduardo Ferrer Mac- Gregor, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe y la moderación de Ana Virginia Calzada Miranda, ex Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Eduardo Ferrer Mac- Gregor, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“El acceso a la justicia debe tener un enfoque dirigido a las personas, evitando la desigualdad, sobre todo con las poblaciones vulnerables, debemos reconstruir con un enfoque de derechos humanos, porque sin ellos no podemos hacer posible el desarrollo sostenible, la agenda 2030 es una oportunidad para hacer de nuestras sociedades, sociedades más inclusivas”, dijo Bachelet.

Ana Virginia Calzada Miranda, ex Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.

Además, mencionó la importancia de temas como el rol del juez o la jueza en la protección de las poblaciones vulnerables, el fortalecimiento de los sistemas de justicia a través de la inclusión de mujeres juezas y en cargos altos de la administración de justicia y la naturaleza dual de la independencia judicial y su relación con la división de poderes.

Para Ana Virginia Calzada, se debe destacar el esfuerzo que realiza el Poder Judicial de Costa Rica en la primacía del ser humano como el eje de servicio público, lo cual se ve reflejado en el Plan Estratégico Institucional, cuya tarea fundamental se traduce en garantizar el acceso a la justicia como un mecanismo instrumental para alcanzar todos los demás derechos.

“Desde el 2016, se expresó el compromiso en el Poder Judicial de impulsar el cumplimiento de los ODS, considerando que la agenda 2030 era una nueva oportunidad para definir políticas y acciones en beneficio de la población, para lograr mejorar la calidad de vida de las personas del planeta y promover la paz social y de acceso a la justicia”, mencionó Calzada Miranda.

Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe.

“Un enfoque de derechos humanos contribuye a fortalecer los principios de rendición de cuentas, de transparencia y de participación ciudadana, que al final del día son los pilares fundamentales del Estado de Derecho y en los que corresponde al Poder Judicial, proporcionar aquellos medios eficaces para que la persona reclame y haga cumplir sus derechos, sin discriminación alguna cuando estos han sido vulnerados”, señaló Brunori.

Dichas ponencias se dieron en el marco de la presentación del Quinto Informe sobre los Avances de Implementación de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Poder Judicial, rendido por el Dr. Fernando Cruz Castro, Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia con el apoyo y coordinación de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI).