Fernando Cruz Castro, Presidente de la Corte.

Como parte de un espacio de reflexión sobre el trabajo institucional en materia del respeto a los derechos humanos en el acceso a la justicia, el Poder Judicial mediante la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI), organizó el foro internacional “El Desarrollo Sostenible en la Administración de Justicia de Costa Rica”.

Para la jefa de la OCRI, Karen Leiva Chavarría, el lanzamiento de la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Poder Judicial en el año 2016, constituyó el punto de partida para iniciar un proceso de trabajo de apropiación, alineamiento y armonización del quehacer institucional con los ODS, ya que, desde ese momento, se asumió de manera seria y responsable este compromiso adquirido por el Estado costarricense ante las Naciones Unidas.

La jefa de la OCRI señaló que, con el compromiso adquirido en el 2016, se fueron estableciendo las bases sólidas y estratégicas que le permiten al Poder Judicial el día de hoy, poder compartir la experiencia en diversos foros nacionales e internacionales y ser reconocido como un referente en este tema, cuyo proceso institucional se muestra en los cuatro informes de avances que ha rendido en los últimos años.

Karen Leiva Chavarría, Jefa de la OCRI.

“Debemos mantener el compromiso individual y colectivo para lograr la aspiración que hemos tenido desde hace muchas décadas, de la paz y bienestar social, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos, la Agenda 2030 es la ruta que los Estados debemos seguir para el desarrollo sostenible, para mejorar las condiciones de vida de todas las personas para transformar nuestro mundo en un mejor lugar”,

En dicho informe, el Presidente de la Corte, Fernando Cruz Castro destacó el avance en esta materia, en el periodo comprendido entre julio de 2020 y julio de 2021, resaltando el compromiso institucional, tal como se proclama en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948.

Cruz Castro mencionó dentro de los aspectos más importantes, el reto que ha representado la pandemia por el Covid-19 para mantener el servicio público, tomando decisiones orientadas para resguardar la salud de las personas usuarias y del personal judicial, además de la defensa de la independencia judicial para mantener un Estado social de derecho.

“La independencia judicial es un derecho humano y una garantía para la sociedad democrática que aspira convivir en un Estado social de Derecho. Lo que supone que el juez en el ejercicio de sus funciones tiene sus vínculos únicamente con el ordenamiento jurídico: la Constitución, los Tratados Internacionales de Derechos Humanos y la ley”, indicó Cruz Castro.

La actividad contó con la participación de expositores internacionales y la moderación de la ex Magistrada de la Sala Constitucional, Ana Virginia Calzada.

También, en materia de reducción de todas las formas de violencia, destacan iniciativas como el Programa de Equipos de Respuesta Rápida para la Atención Integral a Víctimas de Violación durante las primeras 72 horas, la protección de personas víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal y las campañas de información y comunicación para la prevención de la violencia.

En materia de justicia pronta y cumplida, resaltó el desarrollo de 214 rediseños de procesos a nivel nacional, la implementación de planes de descongestionamiento y seguimiento y la reducción del circulante en varias materias, el seguimiento en la implementación del Código Procesal de Familia y en la jurisdicción laboral y la aprobación de Corte Plena de 11 protocolos para la realización de audiencias virtuales.

Además, destacó aspectos como la Justicia Abierta, la transparencia y la rendición de cuentas y la herramienta Observatorio Judicial, la cual permite a la ciudadanía facilitar consultas y tener una mayor visualización de la labor institucional, adicionado a los diferentes canales de comunicación con los que cuenta la institución.

En lo que respecta al acercamiento de la justicia a las comunidades, se subrayó el Sistema Nacional de Facilitadores y Facilitadoras Judiciales, el procedimiento de Justicia Restaurativa, los Consejos Ampliados y más recientemente los Procesos de Alfabetización en Materia Penal Juvenil.

Cruz Castro enfatizó en la labor que se hace en la lucha contra todas las formas de delincuencia organizada, así como el combate a la corrupción, abonado a los esfuerzos en materia de gestión institucional y el tema ambiental, fundamental en el cumplimiento de la Agenda 2030.

“Debemos seguir luchando por una transformación para el desarrollo sostenible, lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de temor y violencia en espacios públicos y privados, en los cuales se desarrollen las personas y donde los esfuerzos se enfoquen también en proteger al planeta para las generaciones presentes y futuras”, finalizó Cruz Castro.

La actividad se desarrolló el pasado martes 13 de julio de manera virtual mediante la plataforma Microsoft Teams y contó además con la participación de expositores como Michelle Bachelet Jeria, Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Eduardo Ferrer Mac- Gregor, Juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos; Alberto Brunori, Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para América Central y el Caribe y la moderación de Ana Virginia Calzada Miranda, ex Magistrada Presidenta de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica.