Desde el 2008 el Poder Judicial cuenta con lineamientos y circulares internas para garantizar un servicio especial y el acceso a la justicia de las personas usuarias indígenas.

Garantizar que los servicios judiciales respondan a las necesidades y requerimientos de las personas usuarias indígenas, es el reto que asumió el Poder Judicial con la puesta en marcha del proyecto de construcción de la Política Institucional de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

El trabajo lo desarrolla la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas con el apoyo de la Comisión de Acceso a la Justicia y la Unidad de Acceso a la Justicia del Poder Judicial y en ejecución del acuerdo tomado por Corte Plena en su sesión N° 02-2021 celebrada el 11 de enero del 2021, en el que aprobó el “…acoger el proyecto denominado “Política para el Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas en el Poder Judicial”.

“Es uno de los proyectos más ambiciosos del Poder Judicial, que requerirá que debamos trasladarnos a los 24 territorios indígenas de los 8 pueblos costarricenses, pues debemos consultar, en los términos del artículo 6 del Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales de Países Independientes (Ley 7316), mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas, las acciones que contribuyan a potenciar el cumplimiento del derecho al acceso a la justicia de dicha población conforme a sus diferentes cosmovisiones. Debemos adecuarnos a su realidad, maximizando el aprovechamiento del talento institucional y de los recursos que disponemos, adecuando el modelo al Plan de Acción establecido por el Ministerio de Salud para el ingreso a territorios indígenas, asumido por el Poder Judicial en las Circulares 103-20 y 109-21; además, potenciar el uso de las tecnologías de las que disponemos y a las que tengan acceso las personas indígenas, de ser necesario con el apoyo de personas intérpretes, traductoras y expertas, e inclusive, con mediadores y mediadoras indígenas de los distintos pueblos.” indicó la magistrada Damaris Vargas Vásquez, Coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

A este reto se suma la Judicatura, Defensa Pública, Ministerio Público, Organismo de Investigación Judicial y el ámbito Administrativo, con el apoyo de la Presidencia de la Corte Suprema de Justicia, Corte Plena y el Consejo Superior. Es un trabajo en equipo y se cuenta con personas altamente comprometidas, especialmente con el involucramiento directo del Magistrado Jorge Olaso Álvarez, Coordinador de la Comisión de Acceso a la Justicia y la máster Melissa Benavides Víquez, jefa de la Unidad de Acceso a la Justicia y líder del Proyecto, agregó la Magistrada Vargas.

Magistrada Damaris Vargas Vásquez, coordinadora de la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas.

El compromiso y la responsabilidad institucional por el respeto al derecho al acceso a la justicia de los pueblos indígenas ha quedado en evidencia desde hace muchos años, reportándose circulares y demás lineamientos de Corte Plena, el Consejo Superior y la Dirección Ejecutiva desde 2008 a la fecha; no obstante, en cumplimiento de la normativa citada y los Ejes de Acción en la temática Indígena, es preciso gestionar los riegos mediante una adecuada gestión documental y la creación de una Política y un Plan de Acción que den línea acerca de las acciones a seguir a corto, mediano y largo plazo, asociadas a procesos de concertación con mujeres y hombres indígenas, sus organizaciones representativas, defensores y defensoras de derechos humanos de esa población, entre otros involucrados. Para ello, la coordinación interinstitucional es indispensable, sobre el todo en el marco del cumplimiento de las Medidas Cautelares 321-12 de la CIDH contra el Estado.

Con el apoyo técnico de la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales (OCRI) se logró la colaboración desde la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para la designación de una persona experta internacional, que tiene a cargo colaborar en la planificación de la elaboración del diagnóstico que servirá de base para la Política.