Dr. Fernando Cruz Castro Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia Poder Judicial de Costa Rica

Muy buenas tardes,

Me complace participar el día de hoy en el VIII Encuentro Costa Rica El Bicentenario, que muestra el interés y la voluntad de seguir luchando por una vida independiente, de paz y de justicia social para el goce de las y los costarricenses y todas las personas que habitan en nuestro país.

Me dieron un espacio de 10 minutos para referirme desde el Poder Judicial, a la pregunta: ¿Cómo transformar al país en una nación de vanguardia global tras el Bicentenario? No es tan complicado, ya el ideario y la ruta, está trazada, en nuestra historia, en la Constitución, en el pensamiento de quienes han reflexionado sobre el futuro de la sociedad, más allá de los mercados y la productividad.

Para responder a esta pregunta y en términos generales, debo decir que:

Todas las personas aspiramos con una Costa Rica de paz, vivir en una sociedad justa, inclusiva e igualitaria, respetuosa de los derechos humanos y con una institucionalidad pública robusta que atienda las necesidades y particularidades de las personas en el plano social, económico, político y ambiental. Estas son las aspiraciones, que enfrenta tantas limitaciones. Porque hay insolidaridad, con poder. Hay visiones economicistas, que reducen las dimensiones de la dignidad del ser humano a la productividad. También hay descalificaciones y creación de culpables: los funcionarios públicos y los jubilados. Es complejo, porque vivimos confusión y ausencia de paradigmas de justicia y prosperidad para todos. Sabemos que es un estado social, ese es el referente, pero por diversas razones locales e internacionales, puede postergarse, esperar que haya recursos para pensar en una sociedad que garantice una vida acorde con la dignidad de todos sus habitantes. Esperar el derrame, para que haya progreso. Esa es una vía, en la que la función judicial, tiene un papel muy pobre, limitado y estrictamente simbólico.

Si hacemos un recorrido por la historia de nuestro país, podemos percibir que siempre de manera colectiva e individual, se ha tenido la aspiración de tener libertad, democracia y el respeto por los derechos fundamentales de las personas y por eso quisiera destacar lo siguiente:

• 200 años de vida independiente

El 29 de octubre de 1821 cuando se suscribió el Acta de la Independencia en la Provincia de Cartago, fue producto de la voluntad de las y los costarricenses que lograron organizarse políticamente y construyeron un gobierno propio.

Fue así que surgió nuestra vida republicana con la firma del Pacto de Concordia, considerado como el primer documento constitucional de Costa Rica, cuyo contenido plasmaba derechos y deberes, pero además, “reconocía y respetaba la libertad civil, la propiedad y demás derechos naturales y legítimos de toda persona y de cualquier pueblo o nación”.

Posteriormente, el 24 de septiembre de 1824, la Asamblea Nacional Constituyente dispuso la división del Estado en tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tan importantes para la democracia y el equilibrio de poderes. Esta trilogía de poderes, es una división que debe convertirse en una vivencia real, especialmente para el poder jurisdiccional, el más débil y vulnerable de todos los poderes.

Pero no puedo ignorar que la realidad económica y social, el ejercicio del poder, poco sensible a la desigualdad, convierte las previsiones legales y constitucionales, en pura literatura para adornar los discursos. Se requiere voluntad política para propiciar equilibrios y equidad social, eso se logra con algo más que elevados índices de producción. Esa es la dimensión de un poder jurisdiccional, el ordinario y el constitucional. En una sociedad de creciente inequidad, con una debilitada institucionalidad, el sistema judicial tiene un papel secundario, a veces, protocolario.

• 195 años del Poder Judicial

La idea de crear un Poder Judicial se concreta constitucionalmente el 25 de enero de 1825, al establecerse en el artículo 87 de la Ley Fundamental del Estado Libre de Costa Rica, las bases del naciente poder, atribuyendo su ejercicio a una Corte Superior de Justicia integrada por Magistraturas, Tribunales y Juzgados.

Fue así como el 1° de octubre de 1826, se instaló solemnemente la primera Corte Suprema de Justicia que funcionó en sus inicios con recursos muy limitados, incluso en varias oportunidades, llegó a desaparecer por falta de integrantes. En la pobreza extrema, con la vigencia de la ley del más fuerte en los mercados, la judicatura, tiene escasa trascendencia.

Durante décadas el poder judicial se desenvolvía con serias dificultades. Fue necesario pensar en el seis por ciento del presupuesto, para que la instancia judicial pudiera tener un desarrollo institucional aceptable. Requirió una previsión constitucional, antes de eso, era más una instancia judicial que un poder de la República. En un futuro, podría desaparecer esa previsión, para que la ortodoxia de la Hacienda Pública, se “desarrolle mejor”. En esas condiciones, ¿cómo será un país con un sistema judicial sin adecuada financiación y con poco protagonismo político? No requiero demasiada imaginación para pensar que las bases de una institucionalidad y de la judicatura, descansa sobre bases muy frágiles.

Se requiere que en la cultura política y ciudadana se asuma la trascendencia que tiene una instancia judicial que defina, con independencia, conflictos individuales y algunas prioridades políticas de orden constitucional. Este consenso, no está asegurado. Requerimos tener el convencimiento sobre la importancia que tiene la presunción de inocencia, los derechos adquiridos, las garantías de los ciudadanos trabajadores, el ejercicio del poder electoral en igualdad económica, la igualdad ante la ley penal, evitando la terrible discriminación estructural en la aplicación del dolor penal. Es que la Constitución, es un texto denso, bastaría con aplicarlo en democracia, para definir nuestro futuro. El artículo setenta y dos, que establece un seguro para los desocupados, quizás es una aspiración inalcanzable para las leyes del mercado. Tan sencillo, ahí está en la Constitución y han pasado más de sesenta y años y no ha sido posible. Extraña es la previsión constitucional de las Convenciones Colectivas, tan criticadas. Pareciera que no puede ser parte de las aspiraciones para una Costa Rica más justa, más humana. Podríamos excluir de nuestras fantasías sociales, las Convenciones Colectivas. Para el futuro, ya hemos señalado un camino, deben derogarse esas vetustas pretensiones.

Todas aspiraciones, estas garantías, tan bellamente redactadas en la Constitución y el derecho internacional, debe ser una prioridad política y cultural, es decir, que el desarrollo social requiere algo más que la prosperidad económica en cifras de producción. Requerimos prosperidad económica, pero también humanidad y solidaridad. En ese contexto, los jueces, tienen mucho que decir. Requerimos una jurisdicción que tutele el ambiente, esto está por hacerse. A qué se puede aspirar: que se proteja a la Madre Tierra en una armonía delicada con la economía y sus codicias. Pero esta aspiración es cuestionable, por ejemplo, puede ser inconveniente la aprobación de algunas convenciones sobre protección ambiental, aunque se hayan diseñado en Escazú. Aspirar a una economía que tenga rostro humano, con un sistema tributario que no convierta la insolidaria evasión y elusión, en una cifra porcentual, sin identidad, sin un horizonte que defina cómo es que nuestras aspiraciones naufragan en una eficacia impositiva tan reducida, cómo podemos tener una sociedad decente con este muro gigantesco de inequidad tributaria que es como la cifra negra de la democracia. Pero aquí no hay nombres, quizás sea posible una sociedad en que los que más tienen, inviertan, propicien fuentes de trabajo, pero no tributen. Eso parece ser un gran interrogante. El sistema judicial tiene mucho que decir en esta materia, porque dependiendo de la cuantía de la evasión, no interviene el poder jurisdiccional.

Solo una mención de un tema relevante, que se invisibiliza: la víctima en los hechos delictivos. Para abordar este tema se requiere un estado social sólido. Esta es una materia que es tan evidente, que la Constitución no lo define muy claramente, pero eso no es determinante, porque las aspiraciones de justicia y humanidad, trascienden en texto constitucional.

Repasar aspiraciones, qué difícil. Es una labor compleja, difícil. Sigo con la Constitución, ese texto en que caben tantos sueños y aspiraciones, pero que no es el texto de quienes ejercen el poder en medio de una pluralidad de voces y necesidades. El artículo cincuenta señala: “El Estado procurará el mayor bienestar de todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza.” Una aspiración maravillosa, la he tenido presente en mi labor de juez constitucional. Ahí está el programa de largo aliento. Pero no es fácil, porque hemos sido los mejores alumnos de la ortodoxia economicista, de todo hemos hecho y año con año, se aprecia más desempleo. Año con año hay más inequidad. Cuál será la respuesta: puede ser privatizar, que todas las instituciones que puedan ser privatizadas, sufran esa transformación. Así se logra lo que dice el cincuenta. También reducir los impuestos, para que por lo menos haya trabajo, aunque no sea de calidad. También, reducir eso que llaman “cargas sociales”, así hay más oportunidad. No, si para sueños y soluciones, sobran y en ese contexto, que haría la judicatura, no lo sé. Especulo si en una sociedad feliz, los jueces casi podrían estar de vacaciones.

Ah, y la independencia judicial, otra aspiración, que no se comprende muy bien. Tanto que algunos periodistas dicen que existe algo así como una república judicial independiente. Puede ser que haya que repensar esa independencia, muy costosa y de poca relevancia. Pero puede existir también la república independiente de las exoneraciones, tan costosas, tan complicadas en el esquema de igualdades. Claro, entonces yo me pregunto: en este ambiente, ¿cómo deberá ser la independencia judicial? Tengo algunos indicios, la ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas y la ley de Empleo Público. Ahí encuentro el nuevo paradigma de lo que debe ser la independencia de la judicatura y del órgano de la acusación. Menuda reflexión debo hacer, asumirla con humildad, pero con firmeza. No es fácil, para la judicatura este tema, porque tiene limitaciones políticas estructurales. Son esos condicionantes más allá del texto tan lindo de independencia y equilibrio de poderes desde Montesquieu. No es suficiente que trabajemos los jueces y los funcionarios judiciales, requerimos una cultura política que piense que los valores que asume la jurisdicción, son parte de la carta de navegación un desarrollo social que propicie una atmósfera de dignidad para todos los ciudadanos.

Para ir finalizando mi intervención, debo reconocer que el Poder Judicial desde sus orígenes, ha tenido avances que han sido de vanguardia y reconocidos a nivel nacional e internacional, con importantes desafíos que debemos atender sin demora, destacando el respeto a la división de poderes y el fortalecimiento de la Independencia Judicial. Los ha logrado porque había contexto político que en medio de luchas y enfrentamientos, priorizó el estado social, la juridicidad y el respeto a los derechos de todas las personas.

Sueño que en un futuro, cuando haya cambios en el sistema judicial, se nos escuche desde la coordinación, asumiendo al órgano jurisdiccional como poder de la República genuino. Vieja aspiración, nada novedosa, pero que hay que perder de vista.

Que el porvenir nos depare un sistema político que sea consciente de la importancia que tiene la solidez de un Poder Judicial independiente, con una mayor credibilidad de la opinión pública y de los diversos actores sociales sobre la labor que desarrolla y lejos de actos ilícitos que dañen la imagen institucional.

Como representantes del Estado costarricense tenemos la responsabilidad de enrumbar a nuestro país para un mejor futuro, realizar un trabajo conjunto, serio y responsable para el bien común. El poder judicial es parte del paradigma político que define una sociedad más justa, más equitativa, más solidaria. Empero, esos planteamientos no los percibo claros, ahora el Poder Judicial debe sobrevivir en medio de las angustias del déficit fiscal, la insolidaridad tributaria y las bondades de las privatizaciones.

Es un gran reto en tiempos en que la visión economicista reduce el presupuesto y suprime servicios públicos que ignoran las necesidades de las personas en función de la visión contable de la economía. Es importante soñar, para no perderse en la confusión, el nihilismo y las soluciones simplistas.

Esta es una ocasión propicia para generar sinergias entre todos los actores sociales, fortalecer mecanismos de participación y colaboración donde se muestre la voluntad de las partes en todos los niveles y donde se impulsen iniciativas conjuntas para asegurar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado social de Derecho, tal como lo establece la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Desde el Poder Judicial hacemos un llamado a los socios para el desarrollo, para realizar acercamientos que permitan generar el diálogo solidario y respetuoso, intercambiar experiencias, conocimiento y buenas prácticas para optimizar los recursos que tenemos disponibles, especialmente en épocas de crisis económica y desajuste fiscal.

Debemos mantener el compromiso individual y colectivo para lograr la aspiración que hemos tenido desde hace muchas décadas, de la paz y bienestar social, inclusivo y respetuoso de los derechos humanos.

Debemos seguir luchando por una transformación para el desarrollo sostenible, lograr sociedades pacíficas, justas e inclusivas que estén libres de temor y violencia en espacios públicos y privados en los cuales se desarrollen las personas y donde los esfuerzos se enfoquen también en proteger al planeta para las generaciones presentes y futuras.

La Agenda 2030 es la ruta que los Estados debemos seguir para el desarrollo sostenible, para mejorar las condiciones de vida de todas las personas para transformar nuestro mundo en un mejor lugar.

La ruta está marcada, es tiempo de actuar, de no dejar a nadie atrás.

Muchas gracias,