Fiscalías juveniles tramitan cada mes 10 casos de
menores por narcotráfico
Bandas criminales reclutan a niños y adolescentes porque los consideran
manipulables y temerarios
Hugo Solano C.. Hace 1 día
La legislación
penal juvenil dispone penas de cárcel, pero solo para delitos muy graves, pues
la idea es dar oportunidad de conciliaciones y de penas alternativas a los
menores en conflicto con la Justicia. Fotografía: Archivo/ Marcela Bertozzi.
Las organizaciones narco extienden sus tentáculos sin distingo de edad o
condición y aprovechan la vulnerabilidad de los menores de edad para
involucrarlos en hechos ilícitos.
Y así lo demuestran los datos del Ministerio Público: Entre enero del
2018 y febrero de este 2021 se tramitaron 374 casos que involucraban a
adolescentes menores de 18 años en asuntos de narcotráfico.
La cifra corresponde a los expedientes abiertos en las 14 fiscalías del
país que tienen personal exclusivo en materia penal juvenil.
Es decir, en promedio se atendieron casi 10 casos de menores en narco
por mes, sin contar los que pudieron ingresar en las otras 28 fiscalías y 11
despachos especializados del Ministerio Público.
La mayoría de los menores procesados (157), se atendieron en San José,
seguido por Cartago (57) y Alajuela (53).
Aunque más del 90% de los involucrados en estos hechos son hombres,
también las mujeres se suman a pandillas dedicadas a esos delitos. En Alajuela,
el 30% de las procesadas son jovencitas, es decir, 17 de los 53 menores con un
expediente por narcotráfico.
También hubo mujeres involucradas en narco en Cartago, Heredia y
Liberia.
Estos datos trascienden pocos días después de que se registrara el
homicidio de un adolescente en Barranca de Puntarenas, pues este miércoles 17
de marzo el cuerpo de un muchacho de 16 años fue encontrado en un lote baldío
cerca de su casa en la ciudadela Manuel Mora.
Tenía cinco disparos en diferentes partes del cuerpo y su asesinato se
investiga como un ajuste de cuentas. Él es uno de los 6 menores que han sido
asesinados en menos de tres meses de este 2021.
Sin hacer alusión a casos específicos, el fiscal adjunto de la Sección
Penal Juvenil, Luis Diego Hernández Araya, sostiene que las bandas de narcotráfico echan mano de menores
vulnerables, a los que incentivan a consumir
drogas, a la violencia y a conseguir dinero fácil, pero ilícito.
“Los enrolan a sabiendas de que suelen ser de fácil manipulación y más
temerarios. Además, porque tienen mayores facilidades de conseguir “clientes”
(otros jóvenes) y presumen de que no tienen responsabilidades penales”, dijo
Hernández.
El funcionario judicial dejó claro que los menores de 18 años no están
exentos de ser juzgados por sus actos delictivos, pues la Ley de Justicia Penal
Juvenil aplica para personas con edades entre 12 y 17 años, inclusive.
Estos cuatro
sujetos, con edades entre 18 y 28 años, están en prisión preventiva como
sospechosos de matar con fusiles de asalto a un colegial en Paso Ancho. Foto:
Cortesía MSP.
Delitos sexuales y robos
Más allá del narcotráfico, los delitos sexuales y los robos constituyen
las principales causas por las que menores son presentados a la Fiscalía Penal
Juvenil, informó el Ministerio Público ante consultas de La Nación.
Por ejemplo, los asuntos netos en materia penal juvenil que ingresaron
en el 2020 a las 42 fiscalías y 11 despachos especializados del Ministerio
Público, son encabezados por 1.117 casos de delitos sexuales, según el
Departamento de Estadística del Poder Judicial.
Le siguen 673 robos agravados, 387 causas por amenazas y 352 agresiones
con armas, así como 264 hurtos simples. En muchos de estos asuntos, el delito
lo cometen los adolescentes para financiarse sus adicciones.
La pena que se impone a los muchachos vinculados con narcotráfico u
otros delitos puede variar según las condiciones de la persona imputada.
Entre las posibles sanciones están suspensiones del proceso a prueba,
que consisten en cumplir un plan reparador por el delito, por ejemplo un
trabajo comunal, iniciar estudios o empezar un tratamiento psicológico.
También están las libertades asistidas, órdenes de supervisión y
orientación, así como el internamiento.
Para el fiscal Hernández, es de suma importancia estimular a los menores
para que estudien y puedan optar por fuentes de empleo. “Desde la familia se
les debe educar y controlar la información a la que tienen acceso por medios
electrónicos, en los que, en ocasiones, se les incentiva a situaciones
negativas”.
‘Se ve la violencia como normal’
Este mes, justo cuando se cumplen 25 años de la promulgación de la Ley
Penal Juvenil, Javier Llobet, abogado especialista en la materia, recordó que muchos
de los jóvenes que se enfrentan a esta legislación están fuera del sistema
educativo.
En el marco de un foro organizado por la Red Costarricense de Política
Criminal y el Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la
Prevención del Delito (Ilanud), Llobet insistió en garantizar el derecho a la
educación que tienen todos los niños, niñas y adolescentes, principalmente los
más pobres.
Citó la encuesta nacional de hogares del 2018, donde se revela que el
34% de los niños viven en pobreza y el 12% en pobreza extrema.
También reveló datos previos al encierro por la pandemia, donde consigna
que gran parte de los jóvenes sentenciados han dicho que viven en abandono
afectivo, presencial y económico.
Lo anterior está muchas veces acompañado por excesos de agresión física
y psicológica, que impulsan a los muchachos a irse a las calles, donde se
enrolan en pandillas.
“A ello se une la existencia de una cultura de violencia a nivel
familiar y social que hace perder la sensibilización frente al daño causado a
otras personas, y se ve la violencia como normal”, acotó Llobet.
Más allá de la pobreza, llamó a luchar contra la exclusión social, al
estimar que eso convierte a los jóvenes en presa fácil de la violencia de
bandas en las que se ven inmersos, tal y como lo indica el informe del Comité
de Derechos del Niño y de la Niña, elaborado en el 2020 en nuestro país.
Llobet estima que se requieren mecanismos de alerta temprana para
prevenir la violencia de las bandas contra menores, así como programas que
ofrezcan protección y alternativas a los que ya están en ellas, de modo que
puedan abandonarlas y reintegrarse a la sociedad.
Los programas de
justicia restaurativa como el denominado Surgir, en San Miguel de Desamparados,
permiten a menores de edad que han cometido delitos, afrontar la pena sin tener
que ir a prisión. Foto:Archivo/ Andrés ARCE / GN.
Ley penal juvenil nació hace 25 años, en medio de ‘Los Chapulines’
En medio de un ambiente delincuencial generado en gran parte por bandas
juveniles que azotaron en la década de los 90, se promulgó el 8 de marzo de
1996 la Ley de Justicia Penal Juvenil (N.° 7576).
En esos años, grupos de 8 a 12 muchachos, casi todos menores de edad,
asaltaban en recorridos que hacían por el Paseo Colón, las avenidas segunda y
central y los principales parques de San José y a veces de otras localidades.
Armados, principalmente con armas punzocortantes, arrebataban cadenas,
relojes y bolsos. En varios casos, hirieron a los transeúntes.
Se les conocía como ‘Los Chapulines’, una alusión despectiva que se refiere a las plagas de langostas o
insectos que arrasan cuanto encuentran a su paso.
Al cumplirse 25 años de que la Asamblea Legislativa ratificó esa
legislación, la Red Costarricense de Política Criminal y el Instituto
Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito (Ilanud),
organizaron un foro virtual denominado “Diálogos sobre justicia penal juvenil”.
Allí, el magistrado de la Sala III, Álvaro Burgos, coordinador de la
subcomisión Penal Juvenil del Poder Judicial, reconoció que todavía se debe
avanzar en el mejoramiento teórico y práctico de esa legislación por parte de quienes
administran justicia.
Burgos acotó que gracias a la Ley de Justicia Restaurativa (N.° 9582),
que se aprobó en julio del 2018, muchos menores, así como adultos, se han
librado del proceso judicial con sanciones alternativas, las cuales apenas se
están empezando a aplicar y se espera difuminar por todo el país.
Citó el caso de Cartago, donde la fusión del Poder Judicial, la Policía
y la comunidad, ha sido ejemplar para la participación de jóvenes con sanciones
en proyectos comunales.
Por su parte, Carlos Tiffer, experto en materia Penal Juvenil, hizo un
llamado urgente a diferenciar la justicia juvenil en relación con la de
adultos, para no desviar los objetivos de la primera.
Sostuvo que a veces en el ámbito judicial se han aplicado sanciones no
previstas en la Ley de Justicia Penal Juvenil, lo cual considera incorrecto.
De igual manera, mostró su preocupación por la “crisis sin precedentes
que ha generado la pandemia de la covid-19. Es muy probable que vaya a generar
más violencia, más delito y sobre todo más conflictos de carácter social”,
dijo.
Los expertos coinciden en que, para los menores, siempre deben
prevalecer las medidas alternativas al confinamiento, salvo casos muy
excepcionales, sin que ello quiera decir que no afronten la responsabilidad por
sus delitos.
No se trata de alcahuetearlos, afirmaron, sino de no rebasar con altas
penas la culpabilidad contra menores que, muchas veces, por fallos en la
asistencia social incurren en delitos.
En el 2010 un
estudiante de 17 años, del Colegio Montebello, Heredia, asesinó a la directora
y fue condenado a prisión. Foto: Archivo.
Mortal disparo en colegio
Uno de los casos más sonados sobre condenas a menores de edad ocurrió el
17 de noviembre del 2010 en los Tribunales de Heredia.
Esa vez se dictó el máximo que contempla la Ley de Justicia Penal Juvenil (15 años) contra un menor de 17 años por el
asesinato de la directora de su colegio.
El 1.° de julio del 2010, ese alumno del Colegio Montebello, en Mercedes
Sur, le disparó en la cabeza a la directora, quien falleció 10 días después a raíz del impacto
recibido en el cuello.
La fallecida fue Nancy Chaverri Jiménez, de 49 años.
El suceso generó una gran controversia y en aquel momento se le pidió al
Ministerio de Educación reanudar la revisión de bultos a los estudiantes, para
evitar el ingreso de armas a los centros educativos.
Al colegial primero le impusieron la pena máxima, que es de 15 años de
internamiento, medida que luego se le disminuyó a nueve años y, posteriormente,
el muchacho quedó libre, al cumplir la mitad de esa pena, pues se acogió al beneficio de cambiar
el internamiento por libertad asistida.
Un supuesto maltrato recibido por el estudiante habría sido el motivo
que lo llevó a planear el asesinato de la docente, quien era madre de dos
hijos, uno de ellos de 12 años.
Solo dos años antes, en el 2008, otro menor de 14 años fue sentenciado
con pena de cárcel por asesinar a un colegial en Tibás.
El Tribunal le dictó siete años por homicidio y uno por robo agravado, al encontrarlo culpable de matar a Josué Rojas Morales, de 17
años, quien era vecino de urbanización Santa Mónica, en Bajo Los Rodríguez,
Tibás.
El colegial falleció en el Hospital Calderón Guardia luego de que el
adolescente y un mayor de edad, uno de ellos con pasamontañas, lo interceptaron
cerca de su casa y le robaron el bulto y el teléfono celular, para lo cual le
dispararon con una pistola en el abdomen.