Diputados
meten a todas las instituciones a calcular el futuro salario global
Si las
instituciones no logran ponerse de acuerdo, las disputas tendrán que ser
resueltas en el Tribunal Contencioso Administrativo, dice ministra de
Planificación
Josué Bravo. Hace 21
horas
Manifestación de universidades contra
la reforma al empleo público. Foto Alonso Tenorio
Por unanimidad, nueve diputados de la Comisión Legislativa de Gobierno y
Administración aprobaron incluir a todas las instituciones públicas en la
definición del salario global que establecería la reforma al empleo público
para cada puesto en el Estado.
Si las instituciones no logran ponerse de acuerdo sobre los sueldos, las
disputas tendrán que resolverse en el Tribunal Contencioso Administrativo,
afirmó la ministra de Planificación, Pilar Garrido.
La propuesta número 295 se aprobó con votos del PLN, PAC, PUSC, Nueva
República, el Frente Amplio y dos independientes.
Dicha moción introduce, dentro del artículo 30 que orienta los
principios rectores de la remuneración, que las instituciones construyan la
columna salarial en conjunto con Mideplán, la Dirección General del Servicio
Civil (DGSC) y la Autoridad Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.
Las instituciones incluidas en esa construcción serían los poderes
Judicial y Legislativo, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), las
universidades estatales, las municipalidades y el resto de instituciones
autónomas.
La norma no aplicaría para las empresas públicas en competencia ni para
el Cuerpo de Bomberos, los cuales quedaron excluidos de la ley, excepto en la
regulación de la negociación de convenciones colectivas.
Votaron la moción los liberacionistas Luis Fernando Chacón, Jorge
Fonseca y David Gourzong; Víctor Morales, del Partido Acción Ciudadana (PAC);
el frenteamplista José María Villalta; y los independientes Dragos Dolanescu y
Zoila Rosa Volio.
También emitieron votos positivos el socialcristiano Pablo Heriberto
Abarca y el fabricista Jonathan Prendas, a pesar de que ellos cuestionaron que,
en el caso de las universidades, esta moción no arregla la exclusión
introducida el pasado martes en el artículo 6.
En ese numeral, el PLN, PAC y Frente Amplio introdujeron un trato
diferenciado para las ‘U’ públicas, al permitirles que, en materia de empleo
público, se rijan por sus estatutos orgánicos y normativa complementaria de
autogobierno.
Los diputados también aprobaron la moción 229, que incluye la misma
redacción en el artículo 34, el cual versa sobre la construcción de la escala
salarial global a partir de una metodología que también elaborarían la DGSC, el
Mideplán y la Autoridad Presupuestaria.
Esta asignará puntos de remuneración a los puestos incluidos en cada una
de las ocho familias laborales establecidas en el proyecto, y tomará en cuenta
los factores del trabajo y la necesidad de profesionales.
Esa segunda moción se aprobó con 8 votos a favor y un en contra. Solo el
independiente Dolanescu se opuso.
Para el abogado constitucionalista Rubén Hernández, estas redacciones
son intrascendentes si su intención era evitar que las universidades públicas
quedaran fuera de la regulación del proyecto.
Hernández explicó que el ajuste no evitaría el efecto de la moción 91
que fue aprobada el martes, la cual establece lo siguiente: “El sistema
de empleo público de las instituciones de educación superior universitaria
estatal estará compuesto de los estatutos orgánicos y normativa complementaria
aprobada por sus propios órganos de autogobierno de conformidad con
los artículos 84, 85, y 87 de la Constitución Política”.
El abogado manifestó: “A final de cuentas, cada universidad internamente
fijará sus salarios alegando su autonomía constitucional y la norma aprobada
ayer (martes). La moción aprobada es muy clara en el sentido de que las
universidades tienen autonomía para hacer lo que quieran en esta materia”.
LEA TAMBIÉN
Experto: Moción
impulsada por el Gobierno no arreglará exclusión de ‘U’ públicas
Disputas al Tribunal Contencioso Administrativo
En cuanto a la inclusión de todas las instituciones en la definición de
la remuneración global, Rubén Hernández dijo: “La idea es buena, siempre que se
entienda que, en caso de divergencia, prevalezca el criterio de las autoridades
públicas, pero no se dice. ¿Qué pasa si no se ponen de acuerdo?”, señaló el
abogado.
¿Qué ocurriría si, en la construcción de una escala salarial, la Autoridad
Presupuestaria, el Mideplán y la DGSC dicen, por ejemplo, que por asuntos de
estabilidad fiscal el salario de determinada escala es de ¢1 millón y una
institución involucrada asevera que debería ser de ¢1,5 millones?
Para la ministra Pilar Garrido, primero se deberá revisar el
cumplimiento de la legalidad de la contrapropuesta y, de no haber acuerdos, el
caso puede ser elevado al Tribunal Contencioso Administrativo, donde un juez
dictaría sentencia sobre cuál deberá ser esa remuneración.
“Yo creo que si se apela a un principio de coordinación
interinstitucional no debe de haber tanto problema”, finalizó Garrido.
En criterio de los diputados Morales y Chacón, estos ajustes dejan claro
que las universidades están dentro del salario global, aunque reconocieron que
deben hacerse ajustes a la redacción del artículo 6.
El verdiblanco Chacón agrega que, al incluir a las instituciones en esa
construcción, se respetan las normas de independencia y autonomía
constitucional de las entidades que están fuera del Poder Ejecutivo.
La jerarca de Planificación, Pilar Garrido, explicó que, para las
entidades el Poder Ejecutivo, la directrices en materia salarial les alcanza
directamente, mientras que, para los poderes Legislativo y Judicial y el TSE,
la construcción de la escala se elabora en conjunto.
Lo mismo ocurriría con entes autónomos, excepto la Caja Costarricense de
Seguro Social (CCSS) que, de acuerdo con la ministra, no tiene autonomía en
empleo público y sí les alcanzarían las directrices gubernamentales.
Esa construcción con los poderes y las autónomas se efectuará con base a
la metodología establecidos por la ley, haciendo la valoración puesto por
puesto y los grados, otorgando puntos de remuneración que tomen en cuenta la
realidad fiscal y los topes salarial donde el máximo salario sería el del
presidente de la República.
“¿Qué aporta la institución autónoma? El conocimiento de sus perfiles.
¿Qué aportan los poderes? El conocimiento del servicio que tiene que prestar
cada una de las escalas salariales”.
“¿Qué aporta Mideplán, la Autoridad Presupuestaria y el Servicio Civil?
Velar por el adecuado cumplimiento de los postulados de la compensación, por la
coherencia que a las clases de puestos iguales en otros lugares de la
administración pública, el salario sea la misma si es el mismo trabajo”, expuso
Garrido.