Nueva escala salarial para sector estatal estaría
lista en 24 meses
Universidades estatales, municipios y Poder Judicial participarán en
construcción del salario único
Todas las instituciones ayudarán a formular nueva
escala de remuneraciones
Esteban
Arrieta earrieta@larepublica.net | Viernes 05
marzo, 2021
La participación de las
universidades en la fijación de la nueva escala salarial, demostraría que sí
están incluidas en ley de empleo público, según Luis Fernando Chacón, diputado
del PLN. Archivo-Shutterstock/La República.
Las universidades
públicas, los gobiernos locales y hasta el Poder Judicial, participarán en la
construcción del salario único que se pretende en la ley de empleo público, según una moción que aprobaron ayer los diputados de la Comisión de
Gobierno y Administración.
En principio, esta tarea
recaería únicamente en el Ministerio de Planificación, el Servicio Civil y la
Autoridad Presupuestaria, pero los diputados de Liberación Nacional, Nueva
República y Acción Ciudadana, entre otros, dieron su apoyo para que esos tres
sectores sean incluidos en la formulación de un salario estándar.
La medida es extensiva a
todas las instituciones públicas, como Recope, Japdeva, INS ICE, etc
La fijación del salario
único se haría reglamento en un plazo de 24 meses después de la aprobación de
ley.
Por otra parte, se
pretende utilizar como marco de referencia los salarios que se pagan en el
mercado laboral.
Lea más: Universidades sí estarán sujetas a ley de empleo público,
aclara Liberación
Por otra parte, el PLN
insistió ayer en que las universidades estatales mantendrán la autonomía en
todos los ámbitos, pero en cuanto a materia salarial, deberán supeditarse a los
lineamientos que se establezcan en la ley de empleo público, según Luis Fernando Chacón, jefe del PLN.
“Esta normativa será
aplicable a todos los servidores públicos, ya que se ha definido al Estado como
un único patrono. (…) En ese sentido, no hemos reformado el artículo 2 de la
ley, la cual, se refiere al ámbito de cobertura y mientras eso no pase, no se
está sacando o excluyendo a las universidades de la ley de empleo público. El
artículo 2 sigue igual. No debe existir ninguna duda”, dijo Chacón.
La inclusión o no de las
Universidades Públicas en la ley de empleo público generó polémica a inicios de
semana, cuando los propios diputados de Liberación Nacional se contradijeron al
respecto.
En ese sentido, Carlos
Ricardo Benavides, expresidente del Congreso y potencial precandidato
verdiblanco, cuestionó la aprobación de varias mociones, que supuestamente
permitirían a los centros de enseñanza superior autogestionarse en materia
salarial.
Y es que según Benavides,
una de las mociones permitiría a las U estatales regularse por normativa
complementaria.
“Aunque sé que algunos
diputados la aprobaron de buena fe, la realidad es que está redactada para
desarmar el salario global y buscar un régimen de privilegio. Eso es
inaceptable y debe corregirse en el plenario. La moción introduce una condición
excepcional para que las universidades a través de normativa complementaria
emitida por sus propios órganos de autogobierno aprueben aumentos y condiciones
salariales más ventajosas. No puedo apoyarla de ninguna manera”, dijo Benavides.
Establecer un mismo
salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le
permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de
Planificación.
El ahorro se generaría al
congelar los pluses salariales de las mejores remuneraciones del sector
público, ya que los funcionarios que tengan un salario por encima del sueldo
estándar, no podrán recibir aumentos de ningún tipo.
En los casos en que el
trabajador gane menos que el salario único, existirá la posibilidad de hacer un
ajuste hacia arriba, por lo que el Estado tendrá que invertir ¢32 mil millones
para incorporar al salario global a los 28 mil funcionarios que hoy ganan menos
de la remuneración estándar que se fijará.
Sin embargo, este traslado
no implicaría un impacto en las finanzas públicas, ya que el Gobierno aplicará
a partir del 2021 y por 12 años.
¿QUÉ IMPLICA
LA LEY DE EMPLEO PÚBLICO?
Estos son algunos de los
principales puntos de la normativa que discuten los diputados.
·
Establecer un
mismo salario por puesto laboral en todo sector estatal es el objetivo
·
Todos los
trabajadores estatales están incluidos, salvo empresas públicas en competencia,
como ICE, INS y Bancos
·
Proyecto
ahorraría unos ¢300 mil millones al año en promedio
·
Ningún
funcionario del Estado recibiría un aumento, mientras su ingreso esté por
encima del promedio del puesto
·
Si el
funcionario tiene una remuneración por debajo del salario estándar, mantendrá
pluses hasta alcanzar salario estándar
·
Mideplan
definirá nueva escala salarial tomando en cuenta mercado laboral