Magistrados
de Sala III avalan revisión de celular y computadora decomisados al presidente
por caso UPAD
Aún no se define
una fecha para la inspección de los dispositivos electrónicos del mandatario.
Diego Bosque. Hace 1 día
En los últimos días, el presidente de
la República, Carlos Alvarado, ha participado de las sesiones de diálogo que
buscan acuerdos para reducir el déficit fiscal. Fotografía: Roberto Carlos
Sánchez, Casa Presidencial.
Los magistrados de la Sala III autorizaron al Ministerio Público y al
Organismo de Investigación Judicial a revisar el celular y la computadora
decomisada al presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, por el caso
relacionado a la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
Los aparatos fueron confiscados el 28 de febrero durante un allanamiento
en Casa Presidencial por la supuesta creación de una oficina para acceder a
datos confidenciales de la población, con el argumento de orientar las
políticas públicas.
El aval de los jueces para inspeccionar el celular y la computadora del
mandatario fue dado a conocer por Ameliarueda.com este sábado
en la mañana.
Poco después, la noticia fue confirmada a La Nación por
la oficina de prensa del Poder Judicial.
La decisión de los altos jueces consta en la resolución 2020-01519, de
las 3:50 p. m. del 20 de noviembre.
La UPAD fue creada vía decreto ejecutivo, pero al conocerse su
existencia, en febrero anterior, el Gobierno enfrentó un escándalo al punto que
Alvarado tuvo que derogar el decreto el 21 de febrero.
“Ahora lo que procede es que el Juzgado Penal de Hacienda señale una
fecha y hora para la apertura de la evidencia, eso quiere decir que los sobres
sellados que contienen la evidencia se van a abrir en presencia de todas las
partes y, posteriormente, la Policía judicial podrá hacer una copia de la
información obtenida a partir de ciertos parámetros de búsqueda que van a ser
brindados por el Ministerio Público y por las partes.
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“Esos parámetros de búsqueda tienen que estar ligados con los hechos
investigados y la Sala III insiste en que la información que se puede buscar y
obtener es la que está estrictamente relacionada con la UPAD”, dijo Rodolfo
Brenes, abogado de Alvarado.
“Para nosotros es importante que la investigación avance, estamos
seguros que se va a establecer que no existe ningún delito, pero eso sí, que
avance en un canal de debido proceso, que se investigue lo relacionado con
UPAD, pero que se preserve la privacidad del resto de información que maneja un
presidente de la República, que es muy sensible y es algo que la Sala reconoce
que se debe proteger”, agregó el jurista.
Por este caso también es investigado el exministro de la presidencia,
Víctor Morales Mora y el exviceministro de Planificación, Daniel Soto Castro.
También son parte de la lista la exjefa de despacho del mandatario,
Felly Salas Hernández, el exasesor legal Luis Salazar Muñoz y los asesores
presidenciales Alejandro Madrigal Rivas, Andrés Villalobos Villalobos y Daniel
Fernández Montero.
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El Ministerio Público desarrolla esta pesquisa bajo el expediente
20-005433-0042-PE.
En paralelo, una comisión legislativa investiga la conformación de la
UPAD con el objetivo de establecer posibles responsabilidades políticas y
administrativas.
Las últimas personas en ser citadas a ese foro fueron los asesores
presidenciales en materia de análisis de datos.
En las próximas semanas, el presidente Alvarado deberá comparecer ante
los legisladores de esa comisión.