Sala
III rechaza acciones de abogados de Carlos Alvarado
Michelle Campos. Hace 13
horas
Allanamiento a Casa Presidencial el
28 de febrero del 2020 por el caso de la UPAD. Foto: Rafael Pacheco
La Sala III declaró sin lugar las acciones presentadas por los abogados
del presidente Carlos Alvarado en contra de la forma en que fueron sustraídos
los aparatos electrónicos personales del mandatario durante el allanamiento en
Casa Presidencial.
La información fue confirmada por Rodolfo Brenes, uno los abogados del
mandatario.
Los magistrados penales rechazaron las gestiones de la defensa el pasado
30 de octubre; sin embargo, la notificación llegó este jueves.
El 28 de febrero de este año, la fiscala general, Emilia Navas, recabó
información en dispositivos y servidores del Gobierno durante un allanamiento a
Casa Presidencial, con el objetivo de determinar si la Unidad Presidencial de
Análisis de Datos (UPAD) accedió a datos confidenciales de los habitantes.
Además, decomisó la computadora y el teléfono personal del mandatario.
Los abogados del presidente, Rodolfo Brenes y Róger Guevara, habían
presentado dos gestiones por actividades procesales defectuosas con el objetivo
de “resguardar el debido proceso”.
La primera de la gestiones señalaba que, al extraer información
indiscriminadamente, la Fiscalía obtuvo “información que no está relacionada
con la investigación de la UPAD y que es relevante para la seguridad nacional,
las relaciones internacionales y la salud pública”.
La segunda gestión argumentaba que la orden judicial que autorizó el
secuestro de los dispositivos de Alvarado “no se fundamentó adecuadamente, ni
era estrictamente necesaria y proporcional”.
No obstante, los magistrados declararon sin lugar ambas acciones.
Brenes explicó que el objetivo de las acciones era señalar lo que ellos
consideran una extralimitación de la Fiscalía, debido a que se autorizó el
secuestro de la información de la UPAD y no información personal del
presidente.
“Nosotros no tenemos objeción alguna, que se investiguen todos los
hechos de la UPAD (...), pero creemos que es una extralimitación porque no solo
se respaldó la información de UPAD, sino toda la información que tenía el señor
presidente y eso nos parece que no era correcto, es peligroso”, agregó.
Además, los defensores alegaron que el Ministerio Público secuestró
información de terceros que no son parte en el proceso.
“No existían fundamentos o motivaciones jurídicas para haber ordenado el
secuestro de los celulares y la computadora del señor presidente. Lo segundo es
que la orden que dio la Sala fue extralimitada”.
“Se extralimitó porque ordenaron secuestrar información relacionada con
la UPAD e información las personas relacionadas con la UPAD, y nuestro criterio
es que se secuestró infracción no relacionada con la UPAD y se investigó a
personas no relacionadas con la investigación”, dijo Róger Guevara.
Agregó que, en los secuestros de información, no se siguieron las
correctas prácticas forenses que garantizan una correcta cadena de custodia de
la información.
Los abogados del presidente indicaron que las acciones se presentaron en
la obligación de velar por el cumplimiento de las garantías procesales, por lo
que están a la espera de leer y conocer a fondo las 40 páginas de la
resolución, para hablar con su cliente.
“Lo que se pretende es que se justifique adecuadamente la estricta
necesidad de secuestran esos equipos y se garantice el absoluto respeto de la
Constitución y la ley”, indicaron meses atrás los abogados.