Corte
teme que impunidad aumente por pandemia de covid-19
Juicios y
audiencias se suspenden o atrasan por imposibilidad para mover a reos
Hugo Solano C.. Hace 15 horas
Muchos juicios han tenido que posponerse y otros
anularse por complicaciones originadas por la pandemia y covid-19. El aforo en
salas, el dif’cil traslado y las cuarentenas en c‡rceles son parte de las
complicaciones. Foto: Rafael Pacheco.
M‡s de seis meses de
estar en emergencia sanitaria por la covid-19 est‡n a punto de crear un colapso
en el sistema de administraci—n de justicia, que tambiŽn puede afectar la seguridad
ciudadana.
La presidenta
interina de la Corte Suprema de Justicia, Patricia Solano Castro, inform— este
martes que a manera de ejemplo un juicio de crimen organizado en San Ram—n, que
estaba en su fase final, tuvo que ser anulado y ahora habr‡ que reprogramarlo y
comenzar de cero.
La imposibilidad de
trasladar a un privado de libertad dio al traste con el debate, en el que solo
faltaban las conclusiones finales.
Otro juicio complejo,
con 29 imputados, que deb’a empezar la pr—xima semana en San JosŽ, podr’a
suspenderse porque no hay campo en las celdas para el traslado de los
sospechosos.
Solo en los
Tribunales de San JosŽ, la semana pasada 29 audiencias y juicios fueron
suspendidos ante la imposibilidad de mover a las personas involucradas, porque las
celdas judiciales, necesarias para que permanezcan los imputados, est‡n
repletas. Lo mismo ocurre en otras regiones.
En los Tribunales de
Lim—n se lucha para agendar juicios y que no prescriban una serie de causas
pendientes.
Muchos fiscales han
tenido que solicitar pr—rrogas extraordinarias en los plazos de prisi—n
preventiva para personas a la espera del proceso judicial.
Todo obedece al
impacto que la pandemia por covid-19 ha generado en las c‡rceles y por ende en
el sistema de administraci—n de justicia.
La presidenta de la
Corte teme que la impunidad aumente, as’ como el retraso en la meta de brindar
justicia pronta a los ciudadanos.
Aunque en algunos
debates se ha logrado salir adelante con videoconferencias, en otros casos no
se puede porque el sistema penitenciario no tiene la capacidad.
Soluci—n complicada
Las cuarentenas en
c‡rceles, la obligaci—n de no recibir m‡s personas en algunos recintos, la
separaci—n de personas afectadas por el virus con el resto de privados de
libertad y las —rdenes de cierre de algunos centros dictadas por jueces de
ejecuci—n de la pena, son las justificaciones del Ministerio
de Justicia.
Por varias acciones judiciales, Adaptaci—n Social
tiene impedimento de recibir y mover reos y eso repercute directamente en la
realizaci—n de audiencias y juicios, lo que atrasa la respuesta pronta a la
ciudadan’a. Ilustraci—n: Ministerio de Justicia.
La ministra Fiorella
Salazar, indica que esas acciones, del mismo Poder Judicial, les impiden
admitir toda la cantidad de privados de libertad que la acci—n policial genera,
as’ como movilizar a los reclusos a juicios o audiencias.
Ante ello, la
presidenta de la Corte dijo que, a t’tulo personal, estima que la
administraci—n penitenciaria siempre se ha conformado y acepta como positivas,
todas las decisiones de los jueces de ejecuci—n de la pena.
Sean jurisdiccionales
o administrativas, contra esas resoluciones se pueden plantear recursos,
manifest— Solano, sin entrar a determinar si los motivos que se–alan los jueces
estŽn bien, mal o regular.
ÒNunca, yo no conozco
que el Ministerio de Justicia haya atacado o combatido por los medios legales
que corresponda esas decisionesÓ, afirm—.
TambiŽn manifest— que
hasta este martes tienen en celdas judiciales a 179 personas a la espera de
ingresar a un centro penal, pues el Ministerio de Justicia no los recibe.
De esa poblaci—n, 94
tienen m‡s de cinco d’as de estar en celdas, e incluso algunos tienen m‡s de
dos semanas de estar ah’, aunque la ley establece un m‡ximo de 72 horas.
La ministra de
Justicia, Fiorella Salazar, expres— que actualmente 12 de los 13 centros
institucionales del pa’s est‡n imposibilitados para recibir a personas
indiciadas.
A–adi— que desde
julio Adaptaci—n Social solicit— a los jueces de ejecuci—n de la pena revisar
los cierres en los centros que tienen espacios disponibles.
Costos millonarios
ÒSe est‡ ocasionando
un colapso completo en la administraci—n de Justicia. Ya la Sala Constitucional
declar— con lugar 47 recursos de habeas corpus, porque las personas
han pasado m‡s 72 horas en celdas judicialesÓ, declar—.
Lo anterior tiene un
costo econ—mico para el Estado, lo mismo que cada juicio fracasado y tambiŽn la
atenci—n prolongada de detenidos en celdas judiciales, que no tienen
condiciones para ello.
De igual manera,
algunos operativos planificados por el OIJ contra grupos delictivos encuentran
la dificultad de que deben reprogramarse, a la espera de que el sistema pueda
asimilar y procesar a los sospechosos.
Hasta este martes, en celdas judiciales hay 179
personas a la espera de ingresar a un centro penal, pues el Ministerio de
Justicia no los recibe. Foto cortes’a del OIJ
Algunos detenidos portan el virus
A las autoridades les
preocupan hechos como el de una persona que entr— positiva por covid-19 a
celdas y pas— toda la cuarentena e incluso se recuper— estando ah’, mencion— la
magistrada Solano.
Por su parte, el
magistrado Gerardo RubŽn Alfaro, coordinador de la Comisi—n de Enlace entre la
Corte y el OIJ, indic— que el fin de semana pasado hab’an 210 personas en
celdas, de las cuales ocho eran sospechosas de estar contagiadas y tres eran
portadoras del virus en San JosŽ, Heredia y Corredores.
El director del
Organismo de Investigaci—n Judicial (OIJ) W‡lter Espinoza, indic— que la
dignidad humana se mancilla y la posibilidad de contagios de covid-19 u otras
enfermedades es grande, pues el hacinamiento as’ lo propicia.
A–adi— que el sistema
de atenci—n de salud de la Polic’a Judicial no es el adecuado para atender a
las personas sospechosas de covid-19, que tienen que permanecer en celdas
aparte.
Quienes son detenidos
por la Polic’a no son sometidos a una prueba de contagio y muchos de ellos ni
siquiera saben si tienen algœn s’ntoma. A veces es en las propias celdas donde
se descubre que son portadores o donde expresan que han tenido contacto cercano
con alguien enfermo de ese mal.
ÒSon personas que
ingresan a celdas sin posibilidad de ser sometidas a un testeo para determinar
si tienen covid o noÓ, dijo Espinoza.
Lo anterior tambiŽn
implica m‡s gastos en alimentaci—n y en medidas de seguridad del personal que
atienda a esas personas.
TambiŽn se deben
contratar m‡s oficiales que puedan resolver cualquier eventualidad o ri–a
durante las 24 horas, los siete d’as de la semana.