El Presidente participó como ponente en el Congreso Internacional, el pasado miércoles 14 de octubre.

Las acciones administrativas y jurisdiccionales emprendidas en los últimos meses por el Poder Judicial, para garantizar la continuidad de los servicios de administración de justicia, se expusieron durante el III Congreso Internacional “Acceso a la Justicia en época de crisis”, promovido por el Organismo Judicial y la Corte Suprema de Justicia de Guatemala y organizaciones de este país.

El Presidente de la Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz Castro, expuso las principales labores emprendidas, para brindarle a la ciudadanía la atención de sus procesos judiciales, pese a las medidas sanitarias que deben aplicarse producto del COVID-19.

“La Corte Plena, máximo órgano de gobierno del Poder Judicial y el Consejo Superior, a quien le corresponde ejercer la administración, han emitido más de 55 acuerdos y circulares que deben acatarse en los diferentes ámbitos de la institución, para asegurar el respeto y promoción de los derechos humanos y en particular, el acceso a la justicia de grupos vulnerables, por medio de una atención y servicio constante, y a lo interno, aplicando un marco regulatorio general para la tutela del derecho a la salud y la vida del personal judicial”, explicó el Presidente de la Corte, durante su intervención virtual el pasado 14 de octubre.

Cruz Castro destacó que gracias a las herramientas tecnológicas que se implementaron años atrás y que se potenciaron aún más en los últimos meses, se ha podido garantizar los servicios judiciales a cabalidad, desde la puesta en marcha del teletrabajo y los servicios digitales a disposición.

Con ello se facilita los trámites a las personas usuarias sin que se trasladen hasta los despachos judiciales. Los datos estadísticos muestran que entre el 23 de marzo y el 30 de septiembre de 2020, se han enviado casi tres millones de notificaciones, más de un millón doscientos mil escritos presentados por el Sistema de Gestión en Línea y se tramitaron de forma electrónica más de un millón ciento setenta mil expedientes.

El Sistema de Depósitos Judiciales permitió recibir depósitos por un monto de 112 millones de colones y más de siete millones de dólares, que representan una gran ayuda para muchas familias y una inyección para la economía del país.

El dictado de protocolos sobre medidas sanitarias y sobre técnica jurisdiccional han sido fundamentales y se destacó los protocolos para la realización de audiencias virtuales en las materias civil, laboral, penal, penal juvenil, familia, violencia doméstica, pensiones alimentarias, contencioso administrativo, agrario, resolución alterna de conflictos, justicia restaurativa y más recientemente en materia disciplinaria.

Según explicó el magistrado Cruz Castro en su ponencia, “… la justicia es un servicio esencial, motivo por el cual hemos potenciado el uso de la tecnología y reducido los servicios presenciales y resulta de vital importancia instar a las partes de los procesos judiciales en esas materias a participar de las audiencias virtuales, particularmente a los abogados y las abogadas litigantes”.

Mencionó también otras acciones puestas en marcha a favor del acceso a la justicia de poblaciones vulnerables, como el protocolo para el abordaje de las poblaciones indígenas y sus territorios frente al COVID-19 y resaltó el trabajo permanente de la Sala Constitucional.

A nivel presupuestario, también el Poder Judicial ha asumido el compromiso con la reducción y contención del gasto, ante la situación fiscal del país, y en la cual ha contribuido con un recorte de poco más de ¢6 6.784 millones.

El Presidente de la Corte, Fernando Cruz, fue enfático en la necesidad de contar con un sustento administrativo fuerte, para afrontar las crisis.