Presidente
de Corte alega violaci—n a independencia judicial en plan de empleo pœblico
Fernando Cruz lanz—
cuestionamientos al proyecto impulsado por el Gobierno y critic— que el Poder
Judicial tenga que someterse al Midepl‡n
Aar—n Sequeira. Hace 13
horas
El presidente de la Corte Suprema, Fernando Cruz,
asegur— que los diputados deben considerar los eventuales impactos
presupuestarios de la Ley Marco de Empleo Pœblico. Foto: Rafael Pacheco
El presidente de la
Corte Suprema de Justicia, Fernando Cruz, critic— el proyecto de Ley Marco de
Empleo Pœblico, este miŽrcoles, durante una audiencia virtual en la Comisi—n de
Gobierno de la Asamblea Legislativa.
El magistrado asegur—
que, tal como est‡ planteada actualmente la iniciativa legal, genera varias
violaciones a la independencia judicial y, adem‡s, vac’a de contenido toda la
normativa sobre los servidores judiciales.
ÒLo que ahora se
plantea va a contrapelo de la orientaci—n pol’tica que se dio a partir de 1948
y refuerza el empoderamiento del Ministerio de Planificaci—n (Midepl‡n) frente
al Poder JudicialÓ, afirm— Cruz Castro.
De acuerdo con el
jerarca de la Corte Plena, no es posible que el Midepl‡n se convierta en una
especie de rector o contralor del Poder Judicial en materia de empleo, pues
ello Òignora los —rganos de gobierno judicial, como la Corte Plena y el Consejo
SuperiorÓ.
Que el Poder Judicial
se someta a Planificaci—n hace surgir, segœn el magistrado presidente, la
interrogante constitucional sobre esa posibilidad de que un —rgano del Poder
Ejecutivo gire directrices o reglamentos que sometan a la Corte.
Para enfatizar su
idea sobre la independencia judicial, Fernando Cruz hizo alusi—n a palabras del
constitucionalista RubŽn Hern‡ndez, espec’ficamente a que la normativa le
permite al Poder Judicial nombrar su propio personal y determinar el monto de
su remuneraci—n.
ÒEl objetivo del
legislador fue establecer una relaci—n estatutaria particular para las personas
del Poder Judicial, con el fin de fortalecer esa independenciaÓ, dijo Cruz,
quien a–adi— que esa independencia no aplica œnicamente sobre las decisiones,
sino tambiŽn sobre su administraci—n.
Incluso, Fernando
Cruz hizo suyas varias cr’ticas del departamento de Servicios TŽcnicos de la
Asamblea Legislativa sobre el proyecto de ley, cuando asegur— que el proyecto
es omiso y confuso en su marco normativo, espec’ficamente sobre la relaci—n
entre la nueva normativa y las regulaciones preexistentes.
Entre esas normas
estar’a la Ley Org‡nica del Poder Judicial.
ÒSurge la
interrogante de si se estar’a derogando t‡citamente la normativa anterior o si
se mantiene vigente y aplicableÓ, enfatiz— Cruz.
El problema, agreg—,
es que el art’culo 44 del proyecto de ley establece que esa normativa es de
orden pœblico y deroga todas las disposiciones que se le opongan.
ÒDe ser as’, el
proyecto vaciar’a de contenido el Estatuto del Servicio Judicial, la Ley de
Salarios del Poder Judicial y la Ley Org‡nica del Poder JudicialÓ, advirti—
Cruz.
El plan de empleo
pœblico lo que pretende es establecer salarios competitivos, sin necesidad de
pluses, para los futuros funcionarios pœblicos, con el fin de evitar un
crecimiento desmedido del gasto.
Violaci—n a reserva de ley
En su intervenci—n,
Fernando Cruz manifest— que el proyecto contiene una violaci—n a la reserva de
ley en materia del Poder Judicial, pues la Constituci—n Pol’tica dice que la
Corte est‡ sometida a la Constituci—n y las leyes, pero Òesta ley somete al
Poder Judicial a los reglamentos dictados por el EjecutivoÓ.
El magistrado tambiŽn
manifest— que ajustar la poblaci—n de servidores judiciales a las familias
salariales que propuso la ministra de Planificaci—n, Pilar Garrido, genera
muchas complicaciones.
Particularmente,
detall— que no se puede considerar a los forenses como servidores en funciones
de ciencias de la salud, ni tampoco meter en el mismo caso la polic’a judicial,
que es represiva, con las polic’as del Ejecutivo.
ÒLa regulaci—n de
familias es pobre y se entiende en el ejercicio de la potestad reglamentaria.
Entonces, por v’a de reglamento, un ente del Ejecutivo va a regular servicios
del Poder JudicialÓ, enfatiz— Fernando Cruz.
Entre sus
recomendaciones, el presidente de la Corte dijo que se deber’a analizar la
capacidad operativa del Midepl‡n para asumir las potestades que el plan le
dar’a y el impacto presupuestario de la creaci—n de plazas en ese ministerio.
ÒLa amplitud
subjetiva es tan grande que podr’a significar un aumento del gasto o dificultar
y trabar procesos institucionales (...), TambiŽn, hay que valorar los riesgos
para el sistema democr‡tico de darle amplias potestades del ministerio respecto
de —rganos que controlan la funci—n administrativaÓ, concluy— Cruz.