Corte:
determinar en cu‡les servicios judiciales se limita la huelga le toca al Poder
Judicial
Magistrado Fernando
Cruz explic— a diputados que la Corte Plena considera que el proyecto de
Yorleny Le—n para declarar esenciales los servicios de justicia s’ afecta el
funcionamiento de ese poder, por lo que requiere 38 votos
Aar—n Sequeira. Hace 12
horas
Fernando Cruz, presidente de la Corte, dijo que el
plan para prohibir la huelga en varios servicios de justicia afecta el
funcionamiento del Poder Judicial. Lo acompa–— en la Comisi—n de Sociales su
jefe de despacho, R—ger Mata, y el presidente de la Sala II, Orlando Aguirre.
Foto: Cortes’a despacho Yorleny Le—n.
Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia
consideran que es a ellos, como Corte Plena, y no a los diputados, a quienes
les corresponde determinar cu‡l servicio de justicia debe seguir prest‡ndose y
cu‡l no en el marco de una huelga.
As’ lo explic— este
martes el presidente de la Corte Plena, el magistrado Fernando Cruz, durante
una audiencia en la Comisi—n Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, donde se
debate un proyecto de ley para declarar como esenciales los servicios de
justicia.
La iniciativa de la
diputada liberacionista Yorleny Le—n implicar’a que, al declararse como
esenciales una cantidad de servicios prestados por el Poder Judicial, quedar’a
prohibido que sus trabajadores realicen huelgas.
El proyecto de ley se
desprende del expediente legislativo aprobado definitivamente en enero de este
a–o, el cual buscaba frenar los abusos en las huelgas y, a la vez, prohib’a
esos movimientos en un grupo de servicios pœblicos, considerados esenciales.
Sin embargo, antes de
esa aprobaci—n, los legisladores eliminaron los art’culos que habr’an prohibido
la huelga en varios servicios judiciales, pues, la falta de consulta previa a
la Corte Plena de ese art’culo habr’a obligado a una votaci—n calificada en el
plenario, o sea, m‡s de 38 votos.
En su intervenci—n de
este martes, Fernando Cruz no solo inform— a los diputados del criterio
acordado por la Corte Plena, al acoger un estudio del magistrado Luis Porfirio
S‡nchez.
TambiŽn les coment—
que ese acuerdo considera que el nuevo proyecto afecta la organizaci—n y
funcionamiento del Poder Judicial.
Eso significa,
nuevamente que, por mandato de la Constituci—n Pol’tica, el proyecto de Le—n
requiere del apoyo de 38 congresistas para su aprobaci—n en el plenario
legislativo.
El proyecto de la
liberacionista, que se tramita bajo el expediente 21.755, busca declarar como
esenciales los juzgados de trabajo y los tribunales de apelaci—n de trabajo;
levantamiento, pr‡ctica de autopsias y entrega de cuerpos, as’ como los
servicios del Complejo MŽdico Forense que sean urgentes.
TambiŽn prohibir’a la
huelga en atenci—n de denuncias, solicitudes de imposici—n de medida cautelar;
cese, sustituci—n o pr—rroga de medidas cautelares por vencer; atenci—n de
solicitudes de medidas de protecci—n; juicios con persona detenida;
intervenciones de las comunicaciones y mantenimiento de los sistemas
inform‡ticos.
En la lista tambiŽn
entran la atenci—n y resoluci—n de solicitudes de apremio corporal e
impedimentos de salida del pa’s, y gestiones relativas al Sistema de Obligados
del Pago de Pensi—n Alimentaria.
TambiŽn se negar’a la
huelga en los servicios de traslados de privados de libertad, custodia en
celdas, protecci—n a v’ctimas y testigos, la disponibilidad del grupo de
respuesta r‡pida a v’ctimas de violaci—n y la custodia y seguridad necesaria
para garantizar todos esos servicios.
ÔEl Poder Judicial es el que mejor sabeÕ
En su explicaci—n de
por quŽ la Corte Plena, conformadaa por 22 magistrados, considera que debe
quedar en sus manos cu‡les son servicios esenciales y cu‡les no, Cruz coment—
que se trata de un asunto pr‡ctico.
ÒEl Poder Judicial es
el que mejor sabe c—mo determinar eso, lo que no significa que haya una
obligaci—n, pero los detalles corresponden al Poder JudicialÓ, coment— Cruz.
El magistrado
presidente apunt— que, en la sesi—n del 20 de julio de este a–o, la Corte Plena
acogi— el informe de Luis Porfirio S‡nchez, donde concluy— que la iniciativa de
Le—n s’ afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Por su parte, el
magistrado Orlando Aguirre, presidente de la Sala Segunda, la cual debate sobre
asuntos laborales, coment— que si bien la administraci—n de justicia es
esencial y puede ser objeto de regulaciones legales, esas regulaciones inciden
sobre todo el funcionamiento judicial.
ÒAl establecer quŽ se
cierra y quŽ no en una situaci—n de huelga, se est‡ en s’ mismo modificando el
funcionamiento regular del Poder JudicialÓ, coment—.
A–adi— que la
propuesta de Le—n es poco clara, puesto que a veces se refiere a servicios
concretos que son transversales y afectan todo tipo de funciones judiciales.
Consultado por los
diputados, Cruz explic— que ya hay un reglamento que define una lista de
servicios en los que se limita la huelga, pr‡cticamente idŽntica a la incluida
en el proyecto de ley.
No obstante, Yorleny
Le—n explic— que esa lista solo los establece como servicios en los que se debe
asegurar una prestaci—n m’nima y no una prohibici—n total, como la propone
ella.
Por parte de la
Asociaci—n Nacional de Empleados Judiciales (Anejud), Yadira Fonseca afirm—
que, como sindicalistas, s’ comparten que haya Òalgunos servicios que deben ser
esencialesÓ, pero enfatizaron que la competencia para definir cu‡les debe estar
en manos de la Corte Plena.
ÒEs el —rgano que
tiene autonom’a, independencia y, de acuerdo con las circunstancias, debe
determinar si equis o ye servicio va a ser esencial en ese momentoÓ, dijo la
sindicalista.
Adem‡s, Fonseca
afirm— que el proyecto de Le—n limita la posibilidad de ejercer el derecho
Òfundamental, constitucional e internacionalÓ a la huelga.
ÒNo estamos hablando
de cualquier derecho, sino de uno fundamental, reconocidoÓ, dijo y a–adi— que
aprobar el proyecto ser’a Òponer una mordaza a la poblaci—n trabajadoraÓ, por
lo que pidi— archivar la propuesta.