Judiciales

 

Corte aprueba presupuesto para el 2021 sin contemplar ajustes salariales

 

Plan de gastos proyectados es de ¢468.793 millones, lo que representa un decrecimiento de 0,82% en relaci—n con el presupuesto del 2020

Carlos Arguedas C.. Hace 16 horas

Descripci—n: La sesi—n de Corte Plena tiene la participaci—n de magistrados de manera virtual y otros de manera presencial. Al final 18 magistrados votaron por aprobar el presupuesto. Foto cortes’a del Poder Judicial. La sesi—n de Corte Plena tiene la participaci—n de magistrados de manera virtual y otros de manera presencial. Al final 18 magistrados votaron por aprobar el presupuesto. Foto cortes’a del Poder Judicial."/> La sesi—n de Corte Plena tiene la participaci—n de magistrados de manera virtual y otros de manera presencial. Al final 18 magistrados votaron por aprobar el presupuesto. Foto cortes’a del Poder Judicial.

La Corte Plena aprob— este martes, en una sesi—n extraordinaria, el plan de gastos para el 2021, sin contemplar el pago de ningœn ajuste salarial para los trabajadores judiciales.

Una mayor’a de 18 magistrados votaron por aprobar la propuesta y dos en contra (Nancy Hern‡ndez de la Sala Constitucional y Roc’o Rojas de la Sala Primera). Se abstuvieron Fernando Castillo y Paœl Rueda, ambos de la Sala Cuarta.

El presupuesto, que debe ser enviado antes del 15 de junio al Ministerio de Hacienda, es de ¢468.793 millones, lo que representa un decrecimiento de 0,82% en relaci—n con las erogaciones del 2020 que fueron de ¢472.677 millones. La reducci—n es de ¢3.884 millones.

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La proyecci—n de desembolsos, que fue elaborada por la Unidad de Planificaci—n del Poder Judicial, toma en cuenta las limitaciones impuestas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pœblicas, aprobada en el 2018 por la Asamblea Legislativa.

Nacira Valverde BŽrmudez, directora de Planificaci—n, dijo que luego de revisar el plan de gastos "se ajust— el presupuesto al l’mite estipulado por el Ministerio de Hacienda (...) con cero crecimiento en plazas. Para cumplir, se tomaron una serie de acciones que comprendieron reajustes en materia de sustituci—n de personal y readaptaciones en los diferentes programasÓ.

Con respecto al tema de los pluses salariales, hay que recordar que el 19 de marzo del 2019 la Corte Plena, con el apoyo de 14 magistrados, decidi— mantener de forma porcentual los incentivos salariales que hubieran adquirido los funcionarios judiciales antes de la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pœblicas.

Sin embargo, La Contralor’a Genera de la Repœblica dispuso que el Poder Judicial debe someterse a los establecido en dicha norma, en la cual se establece que el c‡lculo de dichos pluses debe ser nominal, es decir, un monto fijo.

La aplicaci—n de pluses porcentuales o nominales es un tema que dirimir‡ la Sala IV, cuando vote una acci—n de inconstitucionalidad planteada al respecto, por el diputado socialcristiano, Pedro Mu–oz.

En el presupuesto se dispuso no incluir ningœn ajuste salarial, pues as’ lo orden— el Poder Ejecutivo, para enfrentar la crisis econ—mica derivada de la pandemia por el nuevo coronavirus.

Limitaciones

Nacira Valverde, al exponer el proyecto de las erogaciones del pr—ximo a–o, dijo que no se contemplan la implementaci—n de siete nuevas leyes, lo cual implicar’a un gasto adicional de ¢25.619 millones.

Se trata del C—digo Procesal Agrario, el Acceso a la Justicia para Poblaciones Ind’genas, la Ley de Justicia Restaurativa, el C—digo Procesal de Familia, la Ley de Bienestar Animal, la Ley de Jurisdicci—n Especializada en Delincuencia Organizada y la creaci—n y reforzamiento de las oficinas anticorrupci—n.

Paralelamente, la directora de la Defensa Pœblica, Diana Montero, hizo ver a los magistrados la necesidad de que se abran 33 plazas para defensores pœblicos para que atiendan las demandas por pensiones alimentarias.

ÒSe trata de una gesti—n que venimos haciendo desde el 2017 para atender a gente de zonas vulnerables y donde no hay defensores pœblicosÓ, agreg—.

La gesti—n la present—, pues desde el 14 de agosto del 2009 la Defensa Pœblica qued— obligada a atender en forma gratuita a aquellas personas que pretendan hacer valer sus derechos en materia de familia y no cuenten con recursos econ—micos. La orden est‡ contenida en un fallo de la Sala Constitucional.

Sin embargo, Nacira Valverde respondi—: ÒLas 33 plazas son extras. No pueden incluirse en el presupuesto ordinario sino en uno extraordinario (...) Como pueden ver los gastos solo alcanzan para lo b‡sico y las necesidades que tiene la instituci—n. En este presupuesto no hay posibilidad de incluir nada mas. No es posible incluir mas gastosÓ.