Costa Rica ocupa el puesto 3 de 15
pa’ses en ’ndice de combate a la corrupci—n en AmŽrica Latina
El pa’s obtuvo 6,43 puntos de una nota m‡xima de 10; solo fue
superado por Uruguay y Chile, con ÔcalificacionesÕ de 7,78 y 6,57,
respectivamente.
La investigaci—n considera que Costa Rica cuenta con un sistema
judicial independiente y eficiente, as’ como con s—lidas pr‡cticas de
transparencia gubernamental y de acceso a la informaci—n pœblica."/> La investigaci—n considera que Costa Rica cuenta con un sistema
judicial independiente y eficiente, as’ como con s—lidas pr‡cticas de
transparencia gubernamental y de acceso a la informaci—n pœblica.
Costa Rica ocupa en el puesto 3, de entre 15 pa’ses
latinoamericanos, en el êndice Capacidad para Combatir la Corrupci—n 2020,
un informe que mide las herramientas con las que cuentan las naciones de la
regi—n para descubrir, castigar y prevenir este flagelo.
El pa’s obtuvo 6,43 puntos de una nota m‡xima de 10. Solo
fue superado por Uruguay (7,78) y Chile (6,57).
En los siguientes escalafones, en orden, se ubicaron: Brasil
(5,52), Perœ (5,47), Argentina (5,32), Colombia (5,18), MŽxico (4,55), Ecuador
(4,19), Panam‡ (4,17), Guatemala (4,04), Paraguay (3,88), Repœblica Dominicana
(3,26), Bolivia (2,71) y Venezuela (1,52).
En su segunda edici—n —la primera fue en el 2019— el
’ndice incluy— a Costa Rica. Se trata de un estudio elaborado por la
organizaci—n sin fines de lucro Sociedad de la AmŽricas/Consejo de las AmŽricas
(AS/COA, por sus siglas en inglŽs), as’ como por la consultora global de
riesgos Control Risks.
El informe evalœa la forma en la que cada pa’s combate la
corrupci—n desde tres grandes ‡reas, a cada una de las cuales tambiŽn les
asigna una calificaci—n.
En la categor’a de Capacidad legal, nuestro pa’s obtuvo 6,26
puntos; en la de Democracia e instituciones pol’ticas, la
calificaci—n fue de 6,73 puntos; y en el escalaf—n de Medios de
comunicaci—n y sector privado, el puntaje fue de 6,61.
Dentro de esas esferas, la medici—n valora 14 subcategor’as,
entre las que destacan la independencia de las instituciones judiciales, la
influencia del periodismo de investigaci—n y el nivel de recursos disponibles
para combatir la delincuencia de cuello blanco.
Un robusto sistema
judicial
ÀQuŽ ubic— a Costa Rica entre los primeros tres lugares del
’ndice? Segœn el documento, publicado este lunes 8 de junio, nuestro pa’s est‡
ÒmarginalmenteÓ por encima de Chile en la subcategor’a Capacidad Jur’dica, que
incluye siete de las 14 variables comprendidas en la medici—n.
La investigaci—n considera que Costa Rica cuenta con un sistema
judicial independiente y eficiente, as’ como con s—lidas pr‡cticas de
transparencia gubernamental y de acceso a la informaci—n pœblica.
TambiŽn destaca los recursos disponibles para combatir el crimen
de cuello blanco y aplaude el atinado establecimiento de canales de cooperaci—n
internacional para la aplicaci—n de la ley, entre otros factores.
Asimismo, el ’ndice ve con buenos ojos la aprobaci—n —el
11 de junio del 2019— de la Ley 9699, que atribuye responsabilidad penal
a empresas involucradas en esc‡ndalos de corrupci—n.
Antes de esa normativa, las compa–’as se limitaban a reparar
da–os, sin recibir castigos.
ÒSegœn los expertos, incluidos los costarricenses que
participaron en el ’ndice CCC, la ley aclara varias cuestiones cr’ticas
relacionadas con la responsabilidad corporativa, el cumplimiento y m‡s.
"Hemos visto en toda AmŽrica Latina, y en otros lugares,
c—mo las buenas leyes de responsabilidad corporativa pueden ser un cambio de
juego para la lucha contra la corrupci—n. Queda por ver c—mo se implementar‡ la
nueva legislaci—n de Costa RicaÓ, dijo a La Naci—n Roberto Simon,
director senior de pol’ticas pœblicas de AS/COA y uno de los encargados de
elaborar el estudio.
Actualmente, se discute en la Asamblea Legislativa un proyecto
de ley sobre extinci—n de dominio, un mecanismo que permitir’a al estado
costarricense apropiarse de bienes obtenidos por terceros mediante actividades
il’citas como narcotr‡fico, lavado y terrorismo.
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Proyecto
de ley amenaza derechos fundamentales
Cemento chino y
otros esc‡ndalos
Sin embargo, el pa’s Òno ha sido inmune a los esc‡ndalos
embarazososÓ, apuntan Simon y Geert Aalbers, socio de Control Risks y el otro
responsable del ’ndice.
Dos de esos episodios son el esc‡ndalo del cemento chino,
durante la administraci—n de Luis Guillermo Sol’s (2014-2018) y el reciente
caso de la Unidad Presidencial de An‡lisis de Datos (UPAD), en el actual
gobierno de Carlos Alvarado (2018-2022).
Segœn los investigadores, el caso del cemento chino plantea
interrogantes sobre la eficiencia de las compras y contrataciones del Gobierno,
Ò‡reas cr’ticas para la lucha contra la corrupci—nÓ.
ÒEl esc‡ndalo es una prueba para Costa Rica, pero tambiŽn puede
figurar como una oportunidad para aumentar la transparencia del gobierno. Lo
mismo ocurre con el reciente esc‡ndalo de violaci—n de datos de Costa Rica
(UPAD), que, sin duda, no se trataba exactamente de corrupci—nÓ, agreg— Simon.
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El caso del cemento chino comenz— a ser investigado despuŽs del
29 de setiembre del 2017, cuando trascendi— que el Grupo JCB —propiedad
del empresario Juan Carlos Bola–os— le report— al Banco Popular y al
Banco de Costa Rica (BCR) las mismas importaciones de cemento, desde China, a
la hora de justificar el uso de millonarios desembolsos de dinero provenientes
de l’neas de crŽdito.
El de la UPAD se desat— cuando, el 17 de febrero de este 2020,
un decreto ejecutivo —publicado en el diario oficial La Gaceta— le
daba acceso a Òinformaci—n de car‡cter confidencial de los ciudadanosÓ a una
oficina adscrita a Casa Presidencial.
Ambos casos est‡n en investigaci—n actualmente.
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TAMBIƒN
Fiscala
General allana Casa Presidencial por caso UPAD; Carlos Alvarado figura como
investigado
En criterio de Simon, estas experiencias suponen una ventana de
oportunidad para un cambio positivo en tŽrminos de legislaci—n y medidas
ejecutivas para mejorar la gobernanza y la transparencia.
Segœn el ’ndice, los principales retos de Costa Rica en materia
de anticorrupci—n son, por ejemplo, Òlas malas regulaciones que rigen
actividades de cabildeoÓ.
De hecho, aseguran los investigadores, ese punto condujo a una
Òligera baja" en la subcategor’a de Democracia e instituciones pol’ticas.
La indagaci—n celebra la actual discusi—n en el Congreso de un
proyecto de ley en ese sentido, que regular’a el lobby entre
funcionarios pœblicos y sus familiares.
La iniciativa de ley crear’a los mecanismos de publicidad para
las reuniones que se gesten entre un grupo de funcionarios pœblicos y lobistas
o defensores de intereses privados.
Adem‡s, de que se generar’a una agenda pœblica que registre
estas actividades, los gestores de los intereses privados deber‡n constar en un
registro pœblico tambiŽn.
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TAMBIƒN
Contralor’a
teme que proyecto de ÔlobbyÕ abra portillo a tr‡fico de influencias
Entre las recomendaciones del ’ndice para Costa Rica, se
encuentra la creaci—n de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la lucha
anticorrupci—n.
Para Francisco Garc’a, analista de Control Risks, este tipo de
entidades representan un contrapeso a las actividades de investigaci—n y
auditor’a que el Gobierno hace de oficio.
ÒEn Costa Rica llega a suceder que la clase pol’tica pierde
asuntos importantes de vista, precisamente, por la fortaleza institucional del
pa’s. En casos como Ôel CementazoÕ o, por ejemplo, el esc‡ndalo alrededor de
los conflictos de interŽs de la vicepresidenta Epsy Campbell como
ministra de Relaciones Exteriores (por nombramientos irregulares en la
Canciller’a), ha sido valioso tener perspectivas anal’ticas externas que gu’en
la rendici—n de cuentas del gobiernoÓ, asegur— Garc’a.
Desaf’os de cara a
la OCDE
Con el reciŽn aprobado ingreso de Costa Rica a la Organizaci—n
para la Cooperaci—n y el Desarrollo Econ—micos (OCDE) vienen m‡s desaf’os con
respecto al combate de la corrupci—n, asevera el documento.
Parte de esas tareas pendientes son reformas institucionales en
‡reas como las adquisiciones del Gobierno y la lucha contra el blanqueo de
capitales.
ÒLa nueva legislaci—n sobre responsabilidad civil, que entr— en
vigor en junio de 2019, se aline— con los esfuerzos de Costa Rica para unirse a
la OCDE. La pregunta que sigue es c—mo se aplicar‡ una nueva legislaci—nÓ, reza
la investigaci—n.
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Lo que
gana Costa Rica con la adhesi—n a la OCDE: todo apunta a un Estado m‡s
eficiente
El resto de la
regi—n
En tŽrmino generales, el êndice CCC 2020 presenta una imagen
preocupante de AmŽrica Latina.
Segœn la publicaci—n, con pocas excepciones, la lucha regional
anticorrupci—n viene en ca’da desde el 2015.
Antes de ese a–o, denuncias de casos como el de Lava Jato
(lavado de dinero) en Brasil, y La L’nea (contrabando en aduanas) en Guatemala,
hab’an atenuado levemente la crisis de la corrupci—n en la regi—n.
Esa distensi—n, la cual no solo muestra la merma de esfuerzos
sino el retroceso de algunos pa’ses, es Òparticularmente preocupante, dado que
el covid-19 est‡ creando nuevas oportunidades para cometer actos de corrupci—n
y de administrar fondos de manera fraudulentaÓ, advierte el informe.
Dicha situaci—n supone un estado de alerta en una regi—n donde,
hist—ricamente, la corrupci—n ha socavado la democracia y la gobernanza, al
tiempo que ha contribuido con la violaci—n de los derechos de millones de
personas, enfatiza el ’ndice.
Uno de los casos destacados en la edici—n de este 2020 es el de Brasil,
que pese a ocupar el cuarto puesto en el ’ndice porque demuestra credenciales
anticorrupci—n Òrelativamente s—lidasÓ, arrastra Òuna de las trayectorias m‡s
preocupantes de la regi—nÓ.
Ese pa’s disminuy— en un 10% su puntaje total en comparaci—n con
el 2019, debido al debilitamiento de la Fiscal’a y la Polic’a Federal, expone
la investigaci—n.
En tanto, en MŽxico, donde el presidente AndrŽs Manuel
L—pez Obrador lleg— al poder con la promesa de terminar con la corrupci—n, la
situaci—n no ha cambiado mucho en la pr‡ctica, reitera el documento.
ÒDe hecho, el pa’s se ha estancado y mantiene una dŽbil
capacidad para detectar, castigar y prevenir la corrupci—nÓ, a–ade el ’ndice.
Otros dos pa’ses donde sigue el estancamiento en relaci—n con el
a–o anterior son Argentina y Colombia, en los puestos seis y
siete, respectivamente.
En el caso de Venezuela, que ya estaba en el œltimo lugar
del ranquin en el 2019, no solo se mantuvo en el s—tano, sino que deterior— su
nota en un 11%.
En contraposici—n, Òel caso m‡s positivoÓ es el de Perœ, que
super— a Argentina y a Colombia en relaci—n con el a–o anterior.
Esto fue posible en Perœ gracias a avances en capacidad
fiscal, Polic’a, sistema judicial, acciones de la sociedad civil y el impulso
de una robusta agenda anticorrupci—n por parte del presidente Mart’n Vizcarra,
relata la publicaci—n.
Segœn los creadores del êndice CCC, En lugar de evaluar la
percepci—n de la corrupci—n o cuantificar el dinero perdido producto de esta,
la investigaci—n se basa en Òuna amplia cantidad de informaci—n pœblica y
privada para evaluar el complejo escenario y permitir a los pa’ses enfrentar
este flagelo de mejor manera".
Su objetivo, insisten los autores, no es avergonzar o se–alar a
los pa’ses, sino fomentar pol’ticas y ayudar a los gobiernos y a las sociedades
civil y privada a identificar, Òa travŽs de datos y una metodolog’a s—lidaÓ,
‡reas de Žxito y deficiencias.