Magistrados piden a Asamblea Legislativa aclarar fuente de recursos para
aplicar nueva ley ambiental
El «Acuerdo de Escazú» obligaría al
Poder Judicial a realizar modificaciones para atender solicitudes en la
materia, pero aún desconocen de dónde provendrán los fondos necesarios.
byOscar Ugarte Jiménez May 21, 2020
16:57pm
El Poder Judicial
considera que el "Acuerdo de Escazú" es un proyecto muy importante
para la atención de procesos judiciales en materia ambiental, pero pide a la
Asamblea Legislativa que considere las dudas presupuestarias antes de aprobar
la ley.
La Corte Plena
declaró que el proyecto de ley “Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso
a la información, la participación pública y el acceso a la justicia en asuntos
ambientales en América Latina y el Caribe», conocido como «Acuerdo de Escazú»,
afecta la organización y el funcionamiento del Poder Judicial.
Ante esto, los
Magistrados pedirán a la Asamblea Legislativa que aclare de dónde provendrán
los recursos necesarios para aplicar los cambios que el proyecto establece.
«(La Asamblea
Legislativa) que nos indique de dónde vamos a coger los recursos. Pasa como con
la Ley de Bienestar de Animales, no se ha podido implementar porque no hay
recursos, entonces se convierten en una letra muy bonita pero sin contenido, y
además la gran responsabilidad que representaría para nosotros no advertirlo y
luego que nos digan que hay una inactividad por parte del Poder Judicial porque
no ha ampliado los servicios», expresó la Magistrada Iris Rojas, durante la
sesión de Corte Plena.
El Acuerdo de Escazú
establece que, para facilitar que las personas o grupos en situación de
vulnerabilidad accedan a la información que particularmente les afecte, las
autoridades competentes deben divulgar la información ambiental en los diversos
idiomas usados en el país, por medio de canales de comunicación adecuados.
«Para cumplir con
ello es conveniente pedir a la Dirección de Planificación un estudio a fin de
determinar si se siguen contratando los servicios de personas traductoras e
intérpretes en LESCO, idiomas indígenas, entre otros; o bien, se contrata
personal de planta que se ocupe de esas funciones, pues la información
ambiental debe divulgarse en los distintos idiomas que se hablen en el país por
medio de canales adecuados, en lo cual debe trabajarse», afirma el informe del
Poder Judicial.
Otro artículo que
obligaría a cambios presupuestarios es el pide formar y capacitar en derechos
de acceso en asuntos ambientales a autoridades y funcionarios públicos.
«Lo anterior exige un
replanteamiento de la Escuela Judicial y las Unidades de Capacitación
institucionales con el objetivo de fortalecer las actividades de capacitación
asociadas a la materia ambiental, lo cual podría lograrse con una
reorganización de los recursos, o bien y de ser estrictamente necesario
conforme a la situación financiera del país, a valorar la asignación de más
recursos presupuestarios, lo cual genera un impacto institucional
significativo», reza el informe.
El Poder Judicial
concluyó que «se trata de un proyecto muy importante para el país,
especialmente para la atención idónea de los procesos judiciales vinculados con
la materia ambiental», pero pide que las dudas presupuestarias sean
consideradas por los legisladores antes de aprobar la ley.
El Acuerdo de Escazú
pasó a segundo debate. Según su artículo 1 el objetivo es «garantizar la
implementación plena y efectiva en América Latina y el Caribe de los derechos
de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de
toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales».