Operativo judicial inŽdito propina al gobierno de Alvarado su mayor
golpe (hasta ahora)
El Òcaso UPADÓ deja al mandatario a expensas del
Poder Judicial y del Legislativo, en situaciones que ni siquiera pensaron
quienes hace dŽcadas hicieron las leyes. El costo ya salta a la vista, pero el
proceso apenas empieza.
byçlvaro Murillo Mar 03, 2020 23:06pm
Manifestantes en la
Asamblea Legislativa durante la comparecencia del ministro de la Presidencia,
V’ctor Morales, por el caso UPAD. (Foto: Miriet çbrego)
Alas 3 de la madrugada del viernes 28
de febrero, los magistrados de la Sala Penal dieron el ÒokÓ para que el
Ministerio Pœblico ejecutara un operativo judicial inŽdito para un Gobierno en
Costa Rica.
Cinco horas despuŽs, una fila de
agentes policiales con chaleco antibalas y el arma reglamentaria entr— a la
sede de la Presidencia de la Repœblica; mientras, detr‡s de la cinta amarilla
con el r—tulo ÒOIJ. Prohibido el pasoÓ, otra hilera de periodistas documentaba
un allanamiento que habr’a resultado imposible hace unos a–os y que ahora
coloca al Gobierno de Carlos Alvarado en peor momento desde mayo del 2018.
El Òcaso UPADÓ, como se llamar‡
probablemente por muchos a–os al esc‡ndalo de la Unidad Presidencial del
An‡lisis de Datos que cre— Alvarado sobre dudosas bases de legalidad, es motivo
de una investigaci—n judicial que tiene como principal sospechoso al propio
mandatario por los supuestos delitos de prevaricato y violaci—n a datos
confidenciales. Lo mismo su ministro de la Presidencia y principal escudero,
V’ctor Morales Mora, quien asumi— el puesto hace solo siete meses y ya hay
diputados de oposici—n que piden su cabeza.
El mandatario y el ministro debieron
entregar a las autoridades judiciales su telŽfono celular de uso personal para
que le sean revisados todos los archivos y sus comunicaciones, pero esto es
solo uno de los extremos del caso. De fondo est‡ el derrumbe de una confianza
de un Gobierno que, de por s’, no ha estado en niveles siquiera aceptables,
sumado a la pŽrdida en el margen de maniobra frente a otros actores pol’ticos,
sean partidos, figuras particulares o grupos de presi—n
El operativo policial que comenz— el
viernes pasadas las 8 a. m. se extendi— por 32 horas y abarc— diez recintos
donde operaban las ocho personas investigadas: el presidente Alvarado, el
ministro Mora, el viceministro de Planificaci—n, Luis Daniel Soto, y cinco asesores
presidenciales de quienes no se sospecha de prevaricato, pero s’ de abuso de
autoridad y de violaci—n de datos confidenciales de las personas.
Los magistrados de la Sala Penal,
erigidos como jueces por tratarse de sospechas sobre el Presidente, acompa–aron
a la jefa del Ministerio Pœblico, Emilia Navas, quien ahora tendr‡ que dedicar
cientos de horas a revisar prueba digital bajo un marco legal arcaico que
–reconoce ella– fue creado dŽcadas atr‡s, cuando se pensaba
imposible situaciones como estas.
Se trata del Jefe de Estado sometido a
procesos en los poderes Judicial y Legislativo con un ’nfimo margen de
influencia, teniendo que entregar hasta sus conversaciones ’ntimas para que le
sean auscultadas. Alvarado queda, as’, expuesto a magistrados elegidos por
fuerzas ajenas y con una Asamblea Legislativa donde solo el 15% de las curules
son oficialistas. Eso no ocurr’a antes, como tampoco exist’an las tecnolog’as
digitales que permitieron almacenar quiŽn sabe quŽ bases de datos en
Presidencia o las que hicieron posible que la poblaci—n conociera a esa UPAD,
que por casi cuatro d’as existi— formalmente sin que nadie siquiera chistara.
As’ fue: el diario
oficial La Gaceta public— en su edici—n del 17 de febrero
un decreto presidencial para crear la UPAD y formalizar la labor trabajo que
desde 2018 hac’an tres profesionales bajo el ala de confianza del mandatario.
Esto lo recogi— un usuario de la red social Twitter que interactu— ah’ con el
conocido economista y pol’tico Eli Feinzaig el 20 de febrero; le hizo ver sus
objeciones al decreto cuyo contenido un d’a despuŽs lo amplific— el medio
digital CRHoy; tras la publicaci—n, diputados opositores
reaccionaron con enojo y cuatro abogados –incluido el excandidato
presidencial Juan Diego Castro– corrieron a denunciar ante el Ministerio
Pœblico. El decreto lo derog— Alvarado solo horas despuŽs de difundido, ese
mismo viernes 21, pero ya nada evitaba el esc‡ndalo.
La Presidencia despuŽs dijo que en el
decreto fallido cometi— un error al mencionar la posibilidad de que la UPAD
maneje datos confidenciales, pero que en el fondo esta oficina es un esfuerzo
necesario para desarrollar pol’ticas pœblicas de manera m‡s precisa y tomar decisiones
que crea oportunas, como identificar a los maestros de instituciones pœblicas
que durante su huelga del 2018 salieron del pa’s y aplicarles sanciones.
TambiŽn el Presidente, Morales y la ministra de Comunicaci—n, Nancy Mar’n, han
reiterado que jam‡s se han utilizado datos confidenciales, pero gana la
sospecha pœblica y la sentencia en contra, pues varios diputados aseguran que
los delitos ya est‡n cometidos y ahora solo claman por consecuencias.
La fiscal Navas asegura que este es
ahora un caso prioritario para ella: ÒSe va a manejar con prioridad por una
raz—n exclusiva, que los delitos que se est‡n investigando est‡n sancionados
con pena de prisi—n de tres a–os y eso significa que el plazo de la
prescripci—n es muy cortoÉ Tenemos poco tiempo para trabajar la investigaci—n,
traer la prueba y tomar una decisi—nÓ, explic— en conferencia de prensa la
Fiscala General, quien este 12 de marzo cumple un a–o desde que fue nombrada en
ese cargo, como una de las consecuencias del caso ÒcementazoÓ.
Los supuestos delitos, sin embargo, no
habr‡n prescrito aœn en mayo del 2022, cuando Alvarado deje de ser Presidente y
pierda la inmunidad propia de su rango presidencial, por lo que se someter’a a
las reglas procesales comunes. Aunque para eso falta m‡s de la mitad de un
Gobierno presionado por las finanzas pœblicas y el desempleo, faltan
discusiones chispeantes como la ley de Empleo Pœblico, falta una campa–a
electoral de sorpresas garantizadas y faltan numerosas decisiones que deber‡n
tomar el mandatario para mantenerse a flote.
En juego est‡, como lo estuvo durante
el ÒcementazoÓ, la salud del sistema institucionalidad de Costa Rica; quienes
critican fuerte al Gobierno, quienes defienden la UPAD y quienes intentan
colocarse en un punto medio llaman a darle una justa dimensi—n a los hechos (y
a las opiniones), como si alguien pudiera saber cu‡l es esa justa dimensi—n.
Lo irrefutable es que esto nunca antes
hab’a ocurrido. S’ hubo secuestro de documentos en oficinas de Casa
Presidencial o investigaciones que no llegaron a m‡s contra un mandatario
activo (Luis Guillermo Sol’s con el ÒcementazoÓ), pero nunca un operativo de
decenas de oficiales olfateando cada esquina de interŽs en la sede del Gobierno
durante m‡s de un d’a y rebuscando incluso en el veh’culo de uso del gobernante
por si ah’ hab’a algœn otro aparato que almacene informaci—n y Žl no lo hubiera
entregado.
Puede haber nuevos allanamientos,
nuevas pruebas o la modificaci—n de los delitos que se investigan, advirti— la
fiscala Navas. El proceso judicial no ser‡ expedito y acompa–ar‡ –como
una sombra– buena parte del mandato que le resta al presidente, si no
todo.
Lo mismo ocurrir‡ con la investigaci—n
pol’tica que se desarrolla en la Asamblea Legislativa, el mandatario deber‡
comparecer ante una comisi—n especial investigadora como ya lo hizo su ministro
Morales, quien reiter— la aceptaci—n del ÒerrorÓ pero rechaz— responsabilidad
alguna sobre la creaci—n o coordinaci—n de la UPAD. Sus profesionales a cargo
de recolecci—n y an‡lisis de datos comenzaron a trabajar cuando el actual
ministro de la Presidencia era solo un diputado m‡s y Rodolfo Piza ocupaba este
cargo, segœn la cronolog’a de los hechos publicados hasta ahora.
Diego Fern‡ndez, AndrŽs Villalobos y
Alejandro Madrigal son los tres profesionales que se han desempe–ado en las
funciones de la UPAD hasta ahora, sin que esta existiera formalmente. Su
trabajo responde directamente al despacho presidencial, coordinado por su jefa
Felly Salas, mujer de confianza del mandatario. Estas cuatro personas aparecen
como sospechosas en el expediente nœmero 205434042-PE que lleva el Ministerio
Pœblico por este caso, junto a dos abogados consejeros legales. Uno de ellos es
Luis Salazar Mu–oz, quien renunci— a la plaza en Presidencia esta misma semana
y est‡ en espera de que Alvarado le confirme si lo mantiene como comisionado
para asuntos LGTBI, uno de los puntos adicionales de cr’tica contra el
Ejecutivo.
Todos ellos, incluido
Alvarado, est‡n en la lista de 22 personas que deber‡n someterse a la
interpelaci—n de la comisi—n de diputados que investiga el caso, segœn lo que
aprobaron este martes por la ma–ana. El programa est‡ pendiente de definirse,
pero apunta a alargarse por varios meses y condicionar las negociaciones
pol’ticas durante todo este 2020.