Sala IV rechaza petici—n de 11
diputados de postergar entrada del matrimonio igualitario
Magistrados negaron petici—n de legisladores fabricistas y de otras tres
fracciones, quienes pidieron m‡s tiempo para aprobar un proyecto de uni—n civil
antes de que se permitan los casamientos entre personas del mismo sexo
Sof’a
Chinchilla C.. Hace 19 horas
="Los diputados fabricistas Ivonne
Acu–a, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa, Ignacio Alp’zar, Jonathan Prendas y
Carmen Chan firmaron la gesti—n junto a diputados del PIN, PUSC y el Partido
Republicano Social Cristiano. Foto: Asamblea Legislativa"/> Los
diputados fabricistas Ivonne Acu–a, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa,
Ignacio Alp’zar, Jonathan Prendas y Carmen Chan firmaron la gesti—n junto a
diputados del PIN, PUSC y el Partido Republicano Social Cristiano. Foto:
Asamblea Legislativa
La Sala Constitucional rechaz— una solicitud que presentaron 11
diputados para que se postergara la entrada en vigencia del matrimonio
igualitario, prevista para el pr—ximo 26 de mayo.
Los magistrados resolvieron la petici—n que les llevaron los legisladores
el 19 de febrero, en la que pidieron m‡s tiempo para tramitar un proyecto de
ley que, esperan, les permita cambiar la figura del matrimonio homosexual por
la de uni—n civil.
El abogado Marco Castillo, uno de los ciudadanos que present— la acci—n
de inconstitucionalidad cuya resoluci—n legaliz— el matrimonio entre personas
del mismo sexo, confirm— la decisi—n de los magistrados y envi— una copia del
documento a La Naci—n.
Segœn el pronunciamiento de los magistrados, la solicitud la plantearon
los diputados fabricistas Ivonne Acu–a, Harllan Hoepelman, Marulin Azofeifa,
Ignacio Alp’zar, Jonathan Prendas y Carmen Chan; junto a Dragos Dolanescu y
Otto Roberto Vargas, del Partido Republicano Social Cristiano; Patricia
Villegas y Walter CŽspedes, del Partido Integraci—n Nacional (PIN); y îscar
Cascante, del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).
LEA TAMBIƒN
Matrimonio igualitario se implementar‡, a m‡s
tardar, el 26 de mayo del 2020
La intenci—n de dichos diputados era impedir que el matrimonio
igualitario sea legal en el pa’s a partir del 26 de mayo.
En esa fecha, se cumplir‡ el plazo de 18 meses que la Sala IV le dio a
la Asamblea Legislativa para legislar sobre el tema luego de declarar
inconstitucional el art’culo del C—digo de Familia que proh’be expresamente el
matrimonio entre personas del mismo sexo.
Si se vence el tiempo y dicha legislaci—n no se ha aprobado, la
prohibici—n del C—digo de Familia se levantar‡.
Los magistrados rechazaron la ampliaci—n del plazo solicitado porque
ninguno de los diputados que firmaron la petici—n fue parte en el tr‡mite de la
acci—n de inconstitucionalidad que desemboc— en la legalizaci—n del matrimonio
igualitario.
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parejas homosexuales
Y, aunque los recurrentes forman parte del Poder del Estado al que la
Sala le orden— legislar, los magistrados concluyeron que los 11 diputados no
pueden atribuirse a s’ mismos la representaci—n de la Asamblea Legislativa.
ÒEn virtud de lo expuesto, los gestionantes carecen de legitimaci—n a
los efectos de la gesti—n formulada, debido a lo cual se rechazaÓ, resolvieron
los magistrados.
Los diputados que acudieron a la Sala presentaron su petici—n en una
gesti—n posterior.
Los 11 legisladores argumentaron que les era imposible cumplir la orden
judicial de legislar sobre el tema, pues consideran que el Poder Ejecutivo ha
bloqueado sus esfuerzos.
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restringir matrimonio a uni—n hombre-mujer
Afirmaron, adem‡s, que su interŽs en legislar se ha demostrado con la
presentaci—n de mœltiples proyectos de ley, incluido uno presentado por ellos
mismos, que propone la implementaci—n de una figura de uni—n civil distinta al
matrimonio.
Segœn los diputados, Òno ha sido materialmente posible agilizar el
tr‡miteÓ de dichas iniciativas, pues consideran que la Asamblea ha tenido el control
de la agenda de proyectos durante pocos meses, mientras que el Poder Ejecutivo
no ha convocado ninguno de los planes que estar’an anuentes a aprobar durante
los periodos de sesiones extraordinarias.
ÒConsideran que es pœblico y notorio el interŽs del Poder Ejecutivo en
impedir que la Asamblea Legislativa ejerza su potestad constitucionalÓ, dice la
resoluci—n.