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Corte aplicar‡ reforma fiscal a pago
de incentivos salariales
Luego de resoluci—n de la contralora general, los magistrados
suspendieron un acuerdo de marzo del 2019, donde acordaron eximirse de dos
medidas de ahorro ordenadas por la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas
Pœblicas
Carlos
Arguedas C.. Hace 16 horas
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mayoritario de 13 magistrados presentes. Dos votaron en contra y cuatro
suplentes de la Sala Constitucional se abstuvieron. Foto: John Dur‡n"/>
Los decisi—n se adopt— con el voto mayoritario de 13 magistrados presentes. Dos
votaron en contra y cuatro suplentes de la Sala Constitucional se abstuvieron.
Foto: John Dur‡n
La Corte Plena acord—, este lunes, aplicar las medidas de ahorro
establecidas por la reforma fiscal, en el pago de pluses salariales, a la
espera de que la Sala IV resuelva una acci—n de inconstitucionalidad.
Los decisi—n se adopt— con el voto mayoritario de 13 magistrados. Dos en
contra (Fernando Cruz Castro y Rom‡n Sol’s Zelaya) y cuatro suplentes de la
Sala Constitucional se abstuvieron.
De esta forma, los pluses salariales en el Poder Judicial ser‡n
transformados en montos fijos en vez de porcentajes del salario. La reforma
fiscal orden— hacer ese cambio para frenar el crecimiento exponencial del gasto
en remuneraciones.
El tema fue sometido a votaci—n despuŽs de que, el martes 25 de febrero,
la contralora general, Marta Acosta, rechaz— el recurso interpuesto por
Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia, en contra de la
orden emitida por la Contralor’a General para que se aplicara la reforma fiscal
en su totalidad.
La resoluci—n de este lunes ordena la suspensi—n de un acuerdo adoptado
por la misma Corte el 18 de marzo del 2019, mediante el cual la Corte Plena
dispuso que seguir’a pagando las anualidades como porcentajes del salario a
funcionarios antiguos y nuevos, a pesar de que la reforma fiscal orden—
transformarlos a montos nominales.
(Video)
Corte acepta someterse a orden de la Contraloria
Adem‡s, aunque la nueva ley orden— transformar cualquier otro incentivo
porcentual a tŽrminos nominales, los magistrados decidieron que solo aplicar’an
esa medida a los nuevos empleados.
El nuevo acuerdo de la Corte es temporal, a la espera de que la Sala
Constitucional resuelva una acci—n de inconstitucionalidad presentada por el
diputado del partido Unidad Social Cristiana Pedro Mu–oz, en contra de ese
acuerdo de marzo.
En diciembre del 2019, la Contralor’a orden— a la Corte dejar sin efecto
dicho acuerdo y aplicar la reforma, pero los magistrados nuevamente se
opusieron en enero del 2020 y autorizaron a Cruz a presentar un recurso de
revocatoria y una medida cautelar.
Reacciones
En la sesi—n de este lunes acudieron decenas de empleados judiciales que
tras escuchar lo resuelto por los altos jueces se mostraron disconformes, al
tiempo que dijeron que el tema lo van a discutir en el seno de las distintas
organizaciones gremiales.
El presidente de la Corte, Fernando Cruz, al comentar la disposici—n,
dijo: ÒMe parece que este es un caso donde el conflicto de competencia
constitucional es importante plantearlo, porque aqu’ hay una participaci—n de
la Contralor’a que puede ser leg’tima de sus competencia o puede no serlo. Y
creo que el œnico —rgano que puede dilucidar eso es el conflicto de competencia
constitucional (la Sala IV) como lo prevŽ la ley de jurisdicci—n constitucionalÓ.
Agreg— que en este caso hay un mandato muy claro que deja poco margen de
acci—n.
Cruz tambiŽn hizo alusi—n al pronunciamiento de la Sala Constitucional
de noviembre del 2018, cuando consider— que la Ley de Fortalecimiento de las
Finanzas Pœblicas no afectaba el funcionamiento del Poder Judicial.
Esa decisi—n fue contraria al criterio emitido por la Corte Plena que
estim— que el plan de reforma s’ los afectaba, porque impondr’a medidas de
contenci—n de gastos sobre los salarios de los trabajadores judiciales.
ÒLa Sala en su pronunciamiento no omiti— subrayar que las normas de la
Ley Org‡nica del Poder Judicial, la Ley de Salarios del Poder Judicial y el
Estatuto de Servicio Judicial no se ven afectadas por la reforma propuesta (la
ley fiscal) y que dichas normas posibilitan la autonom’a del Poder Judicial en
lo referido a cambiar su escala salarial, variar salarios basesÓ, a–adi— el
jerarca de la Corte.
Por su parte, Adriana Orocœ, presidenta de la Asociaci—n Costarricense
de la Judicatura manifest— su oposici—n a los dispuesto por los magistrados en
la sesi—n.
"Realmente creemos que no es un acuerdo conforme a la ley. Estamos
absolutamente claros que el criterio de la Contralor’a no se apega ni a los
transitorios de la ley ni al decreto ejecutivo, que indica que no se pueden
tocar los derechos consolidados que ya tienen los funcionarios de cualquier
instituci—n.
ÒNos extra–a montones que la Contralor’a solo obligue al Poder Judicial
a hacer esos ajustes y en todas la instituciones del resto del Estado todav’a
se mantiene inc—lume (...). Aqu’ hay algo m‡s que no es solo la aplicaci—n del
derechoÓ, concluy—.
El impacto de la reforma
La reforma fiscal orden— convertir los incentivos en montos fijos para
evitar el crecimiento exponencial del gasto pœblico pues, con el modelo
porcentual, cada vez que los salarios base aumentan, tambiŽn se incrementan los
pluses.
En el caso de las anualidades, el Poder Judicial hab’a decidido que
seguir’a pagando a los funcionarios antiguos, e incluso a los nuevos, entre un
1,94% y un 2,55% del salario base por cada a–o laborado.
La reforma en cambio, orden— pagar un monto nominal fijo e invariable,
el cual se calcular’a de la siguiente forma: el equivalente a un 1,94% del
salario base de enero del 2018 para profesionales y el 2,54% para no
profesionales.
En cuanto a los dem‡s pluses, el art’culo 54 de la nueva ley estableci—
que Òcualquier otro incentivo o compensaci—n existente que estŽ expresado en
tŽrminos porcentualesÓ ser‡ transformado en un Òmonto nominal fijo, resultante
de la aplicaci—n del porcentaje al salario base a enero de 2018″.
< ="Adriana Orocœ, presidenta de la
Asociaci—n Costarricense de la Judicatura, pidi— a los magistrados mantener el
acuerdo de marzo del 2019, pero la gesti—n no fue acogida. Foto: John
Dur‡n"/> Adriana Orocœ, presidenta de la Asociaci—n Costarricense de la
Judicatura, pidi— a los magistrados mantener el acuerdo de marzo del 2019, pero
la gesti—n no fue acogida. Foto: John Dur‡n