Carlos Montero Zúñiga, integrante del Consejo Superior.

Desde la labor administrativa, el Consejo Superior contribuyó en consolidar los modelos de gestión de despachos judiciales y atender los requerimientos de las oficinas judiciales, así lo expusieron las y los integrantes ante Corte Plena, durante la presentación del informe de gestión 2019, el pasado 24 de febrero.

Las acciones principales se enmarcan en las competencias administrativas y del régimen disciplinario, que establecen la Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

De acuerdo con el integrante del Consejo Superior, Carlos Montero Zúñiga, a este órgano judicial le corresponde administrar y ejecutar el presupuesto institucional y desde esta parte operativa se definieron las prioridades de gasto.

“Toda la distribución de recursos se ha hecho mediante la metodología de proyectos. La Dirección de Planificación nos ha colaborado en que todos los recursos otorgados están respaldados por un proyecto, que tienen fecha de inicio, fecha de finalización, fines y objetivos, con indicadores de gestión que es fundamental para verificar si los recursos se utilizan de forma correcta”, indicó Montero Zúñiga.

Esto permitió una mayor optimización y uso eficiente de los recursos institucionales.

Impulso a reformas Civil y Laboral

Gary Amador Badilla, integrante del Consejo Superior.

Gary Amador Badilla, integrante del Consejo, manifestó que son coadyuvantes en el desarrollo de las reformas, los procesos de rediseño de despachos y los planes de descongestionamiento. Esto les permitió aprobar planes con resultados positivos que desarrollan el principio de justicia pronta y cumplida.

“Es importante la inyección de recursos en materia penal que corresponde al 34% del total del presupuesto judicial, por la relevancia que tiene para la ciudadanía. La seguridad social implica que el Poder Judicial esté presente a través de sus medios y entre estos, la justicia penal y procurar que la respuesta sea expedita”, puntualizó Amador Badilla.

Sara Castillo Vargas, integrante del Consejo Superior.

La integrante de este órgano administrativo judicial, Sara Castillo Vargas, puntualizó que estos planes tienen como objetivo garantizar la sostenibilidad de las reformas procesales.

“Se trata de un tema de responsabilidad administrativa, fiscal y jurídica. Todo esto tiene que devenir en un mejoramiento de la calidad del servicio público, con un valor público y es lo que tenemos que ir midiendo en cada uno de estos procesos”, señaló Castillo Vargas.

La labor administrativa también contempló acuerdos tendientes a reforzar el trabajo para la entrada en vigor de la reforma procesal agraria y la ley de acceso a la justicia de pueblos indígenas, con un esfuerzo presupuestario y de reingeniería de servicios.

Labor disciplinaria

Sandra Pizarro Gutiérrez, integrante del Consejo Superior.

“Otorgamos prioridad a los asuntos que presentan medidas cautelares y aquellos donde el Tribunal de la Inspección Judicial ha emitido un acto de revocatoria de nombramiento. Para lograrlo se trabajó de forma coordinada con la Inspección Judicial y la Comisión de Relaciones Laborales. Se implementó un plan de descongestionamiento en el seno del Consejo, pasando de más de 200 asuntos al iniciar el 2019, a 35 asuntos al finalizar el año. Esto permitió resolver con mayor celeridad los asuntos disciplinarios, brindando certeza jurídica y seguridad a la institución”, puntualizó Pizarro Gutiérrez.

El Consejo Superior destacó la construcción de los presupuestos anuales de la institución, labor que se inició en el mes de febrero, con el apoyo técnico de la Dirección de Planificación.

La supervisión del funcionamiento de la administración de justicia se ejecutó mediante la realización de inspecciones a las diversas oficinas judiciales, con la colaboración del área de visitas de la Inspección Judicial, con un resultado de más del 41% de dependencias judiciales visitadas y evaluadas, con respecto al 2018.

En materia de construcciones, el Consejo Superior señaló que es una prioridad mejorar el servicio de las comunidades, con infraestructura adecuada, lo que permitió la apertura de las nuevas edificaciones en Osa y Los Chiles y una mini morgue en San Carlos. Además de la conclusión del reforzamiento y adecuación electromecánica del edificio de la Corte Suprema de Justicia.

Además, se contribuyó al proceso del traslado de la administración del Fondo a la nueva Junta Administradora.