Foro: Fernando Coto y Fernando Cruz
El presidente de la Corte Suprema enfrenta una serie de ataques
personales injustificados.
JosŽ Manuel Arroyo GutiŽrrez. Hace 11 horas
Dado que la ignorancia es siempre temeraria, estimo que el pśblico tiene
derecho a saber aspectos fundamentales de la carrera judicial de don Fernando
Cruz Castro, quien ocupa la presidencia de la Corte Suprema de Justicia y
enfrenta una serie de ataques personales injustificados.
Empiezo por decir que ese destacado jurista, cuyo prestigio ha
trascendido fronteras, es hijo ideol—gico de importantes figuras del pasado.
Fueron Ulises Odio Santos y Fernando Coto Alb‡n, entre otros, quienes invitaron
a Cruz Castro —como sol’an hacerlo cuando se trataba de estudiantes
aventajados— a ingresar al Poder Judicial.
Es un juez
independiente, y eso jam‡s ha gustado a personas con poder. Nunca lo veremos
abriŽndole la puerta del auto, con reverencias, al se–or del palacio ni tampoco
promoviendo homenajes al pol’tico cuestionado judicialmente.
Fue tambiŽn Coto Alb‡n quien introdujo a don Fernando —como lo
hizo con muchos de nosotros— en los grandes temas de la judicatura,
haciŽndonos ver el peso determinante de la Constituci—n Pol’tica en el
ordenamiento jur’dico; la significaci—n del principio de independencia
judicial, para lo cual hab’a que leerse a Calamandrei; y la necesidad que hab’a
en nuestro pa’s de una carrera judicial en la cual el mŽrito, la experiencia y
la solidez profesional decidieran los ingresos y ascensos en la instituci—n.
El juez, en sentido estricto, no deber’a deberle el puesto a nadie sino
solo a sus atestados y virtudes. Fue tambiŽn Coto Alb‡n uno de los magistrados
que apoyaron y defendieron la carrera de Cruz Castro.
Lo integr— al equipo fundacional del Ministerio Pśblico, novedosa
instituci—n que despolitiz— la persecuci—n penal y puso a Costa Rica a la
vanguardia en LatinoamŽrica en esta materia.
Aportes clave. ÁCu‡ntos a–oran hoy la posibilidad
de controlar la Fiscal’a y ponerla a su servicio personal o partidario!
Asimismo, fue Coto uno de los magistrados que respaldaron a Cruz cuando otro
grupo de magistrados quiso hacerle una especie de Ňjuicio de residenciaÓ por
decisiones tomadas contra pol’ticos influyentes de aquel momento.
Me refiero al legendario fraude contra el Fondo Nacional de Emergencias
(1986). Durante dŽcadas, por cumplir simple y llanamente con su deber, Cruz
Castro sufri— el veto y la discriminaci—n de sectores pol’ticos determinantes
para alcanzar la magistratura; unos estaban resentidos por haber acusado a
miembros de su partido (PLN); otros le cobraban no haberlo hecho lo
suficientemente r‡pido y le achacaban, as’, su derrota electoral en 1986
(Unidad Social Cristiana).
A don Fernando, le han cobrado por a–os su asesoramiento a la llamada
Comisi—n de Narcotr‡fico de la Asamblea Legislativa (1989), que revel— una
serie de vicios y corruptelas, as’ como acercamientos indebidos a oscuros
personajes, lo cual llev— a la renuncia de varios magistrados.
En el marco de esa crisis judicial, me consta que don Fernando Coto
estaba seriamente preocupado acerca de si se dec’a en la Asamblea algo en su
contra y, llevado por su reconocida integridad y decencia, consult— a Fernando
Cruz, cosa que de inmediato le fue aclarada en sentido negativo.
Es necesario decir con toda contundencia que Cruz Castro ha honrado
siempre la memoria de sus preceptores. Sus luchas por la justicia y contra
delincuentes de todo tipo le han llevado a pagar alt’simo precio.
Ha demostrado hasta
la saciedad que el Poder Judicial est‡ cumpliendo en todo la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Pśblicas y el śnico asunto en discrepancia
resulta de la interpretaci—n que, en su momento, hizo la propia Corte de un
cap’tulo de la ley antedicha.
Hombre probo. Fue la figura que emergi— con apoyo y
credibilidad para liderar la Corte Suprema en medio del esc‡ndalo del cemento
chino (2017), que oblig— a otras renuncias, incluida la del presidente en
ejercicio. A quien tenga un gramo de buena fe, lo invito a que considere que
este funcionario probo ha renunciado al aumento salarial por concepto
gerencial: ˘2,4 millones mensuales; es uno de los magistrados que menos
utilizan los servicios del chofer asignado; se limita a atender compromisos
oficiales; y gasta el combustible estrictamente necesario para la atenci—n de
sus funciones.
TambiŽn, es un funcionario que no mide las horas diarias de trabajo, que
son muchas m‡s de las ocho obligatorias. Como hombre de fe y buen cristiano,
don Fernando procura que su mano izquierda no ande cacareando lo bueno que hace
su derecha.
Con la ponderaci—n y decencia que lo caracterizan, Cruz Castro ha
explicado, una y otra vez, que sus actuaciones han sido el resultado de
acuerdos de la Corte Plena, no caprichos personales.
Ha demostrado hasta la saciedad que el Poder Judicial est‡ cumpliendo en
todo la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pśblicas y el śnico asunto en
discrepancia resulta de la interpretaci—n que, en su momento, hizo la propia
Corte de un cap’tulo de la ley antedicha.
Esto śltimo se bas— en una resoluci—n de la Sala Constitucional, que
dej— vigentes dos leyes internas del Poder Judicial donde se prevŽ el pago de
anualidades y carrera judicial mediante porcentajes y no en montos fijos.
Aun as’, don Fernando ha tomado todas las medidas administrativas para
ejecutar en lo posible las —rdenes recibidas una vez dirimidas las apelaciones
ante la Contralor’a y las acciones pendientes, y futuras, ante la Sala
Constitucional.
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En el marco de la
ley. De manera paciente y reiterada, el presidente de la Corte aclara que no
est‡ en rebeld’a contra la orden emanada por la Contralor’a General de la
Repśblica, pero que la Corte ha decidido interponer los recursos
administrativos y jurisdiccionales que permitan definir las diferencias de
criterio por las v’as establecidas legalmente.
Se pretende, entre
otras cosas, evitarle al Estado eventuales pagos e indemnizaciones por el
atropello de derechos adquiridos. Eso se llama ser juez y actuar dentro de las
reglas de un Estado de derecho.
Si de lo que se
trata es de despejar una śnica discrepancia, secundaria con respecto al
acatamiento general de la ley promulgada, Ŕpor quŽ la campa–a de desprestigio
contra el Poder Judicial, la Corte Suprema y la persona de su presidente? ŔQuŽ
otras motivaciones, inconfesables, se mueven detr‡s de tanta insidia? ŔA quŽ
vienen los insultos de la peor ralea en las redes sociales? ŔC—mo se unen a
estos supuestas voces autorizadas que se creen due–as de la verdad y la Žtica?
Fernando Cruz
Castro es un juez independiente, y eso jam‡s ha gustado a personas con poder.
Nunca lo veremos abriŽndole la puerta del auto, con reverencias, al se–or del
palacio ni tampoco promoviendo homenajes al pol’tico cuestionado judicialmente.
El presidente de la
Corte, para orgullo de todo costarricense, es un ciudadano republicano en un
Estado de derecho, no un cortesano al servicio de ciertos se–ores.
El autor es
exmagistrado.