Secciones
Gobierno: Sala IV definirá
constitucionalidad de proyecto de pesca de arrastre
El gobierno ve con “buenos ojos" que el proyecto
aprobado por los diputados sea enviado a consulta en el tribunal
constitucional, afirmó Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia
Josué Bravo. Hace 1 día
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia,
considera que la problemática socioeconómica de las personas que dependen de la
pesca de arrastre debe de atenderse de otra forma. Foto: Mayela López
El Gobierno espera que la Sala IV defina la
constitucionalidad del proyecto de ley que reviviría la pesca con redes de
arrastre en el fondo marino, el cual fue aprobado por los diputados el
miércoles en primer debate.
Víctor Morales Mora, ministro de la Presidencia,
afirma que el Poder Ejecutivo respalda una eventual consulta de constitucionalidad
al proyecto de ley que reviviría esta técnica de captura de camarón, el cual
fue aprobado en primer debate en el Congreso.
“El Gobierno es respetuoso de este proceso del Poder
Legislativo y ve con buenos ojos una potencial consulta a la Sala Constitucional
con el ánimo de no violentar nuestro marco normativo", declaró Víctor
Morales Mora, ministro de la Presidencia.
Hace casi dos meses, a fijar la posición de gobierno,
Morales había adelantado que el Ejecutivo y la fracción del Partido Acción Ciudadana
(PAC) no respaldaban la iniciativa por los daños ambientales que puede
provocar, ni tampoco el informe del Incopesca que lo
sustenta.
El plan podría ser enviado a la Sala Constitucional
por diputados que se oponen a reactivar esa técnica de pesca, tras ser aprobado
con 26 votos a favor y 18 en contra.
LEA TAMBIÉN
Con 26 votos a favor y 18 en contra,
diputados aprueban revivir la pesca de arrastre
La fracción del PAC, que cuenta con nueve legisladores
en ejercicio (pues Víctor Morales se desempeña como ministro), busca las diez
firmas requeridas para enviar la consulta al máximo tribunal constitucional.
“Es claro que los estudios del proyecto no son
suficientes para justificar la reactivación de la actividad. Esto es un vicio
constitucional que no puede salvarse. Las familias que dependen del mar
requieren urgentemente soluciones reales”, explicó el diputado del PAC, Mario
Castillo Méndez, en un comunicado.
Castillo es el presidente de la Comisión de Asuntos
Agropecuarios del Congreso, donde se dictaminó el proyecto hace un mes con el
voto de seis legisladores provenientes del bloque Nueva República (PNR) y de
los partidos Liberación Nacional (PLN), Unidad Social Cristiano (PUSC) y
Restauración Nacional (PRN).
El texto se sustenta sustenta
en un informe del Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), el cual afirma que
mediante el uso de una nueva red, denominada AA Costa Rica, por cada tonelada
de pesca se obtiene un 75% de camarón y un 25% de fauna de acompañamiento
(FACA), es decir, de otras especies.
Con el método tradicional, la relación era 5% de
camarón y 95% de FACA.
Para lograr revertir los porcentajes, según el
estudio, biólogos del Incopesca redujeron el tamaño
de la red, modificaron el dispositivo excluidor de tortugas y agregaron nuevos
elementos para facilitar el escape de otras especies.
Sin embargo, biólogos de la Universidad Nacional (UNA)
y de la Universidad de Costa Rica (UCR) cuestionan el rigor científico de los
experimentos.
LEA TAMBIÉN
Estudio que reviviría pesca de
arrastre genera debate científico
El proyecto de ley autorizaría al Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) para
restituir temporalmente licencias de pesca suspendidas a partir del 2013, año en
que la Sala IV declaró inconstitucional la pesca de arrastre por los daños
ambientales que produce.
Esas licencias temporales servirían para que el Incopesca, con sus propios investigadores a bordo,
desarrollen durante un año otras investigaciones sobre disponibilidad del
recurso, tallas del camarón o épocas reproductivas.
Dependiendo de esos resultados, el Incopesca
podría otorgar nuevas licencias a embarcaciones semiindustriales.
Melvin Núñez, diputado del PRN y principal impulsor
del proyecto, considera que, al habilitar la actividad, se favorecería el
empleo en las zonas costeras, debido a que sus economías se deprimieron desde
el fallo de la Sala.
Por su parte, el director de la fundación Marviva, Jorge Jiménez, afirmó: “Es lamentable que la politíca pesquera de este país se tenga que discutir, una
vez más, en los tribunales de justicia, ante la debilidad de las instituciones
nacionales de generar una sólida política pesquera que asegure la salud de
nuestros mares y el beneficio para miles de pescadores que lo requiere.
"Seguiremos adelante con nuestra oposición a este
proceso, en el cual no ha imperado la evidencia científica o técnica, sino los
intereses electorales y una mal entendida conciencia social”.
El gobierno insiste en que se debe de atender el
problema de otras formas, sin precisar las alternativas. “La situación
socioeconómica de las personas que dependen de esta actividad se debe atender,
pero no poniendo en riesgo el mismo producto del que viven las familias en las
zonas costeras”, añadió Morales.
Renato Alvarado, ministro de Agricultura y Ganadería
(MAG), sostuvo que el Incopesca cumplió con el
requerimiento de realizar estudios técnicos “para que la Sala pudiera tener
criterio para tomar las decisiones”.
“En ese ínterin es que se ha dado la gran discusión
entre si son válidos o no válidos”, añadió Alvarado.
El ministro del MAG mencionó que, mientras se define
si se reactiva o no esa actividad, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS)
asiste económicamente a mujeres peladoras de camarón, al tiempo que su cartera
desarrolla proyectos de producción de hortalizas.
Esa última acción pretende que ellas tengan acceso
rápido a ese tipo de alimentos, además de generarles un esquema comercial con
el que se ganen el sustento, afirmó el ministro Alvarado.
"En realidad el tema de que la pesca de arrastre
daba trabajo en al zona (de Puntarenas), pues es
efectivo. Más de 800 peladoras de camarón, todos los que son los avitualladores de los barcos, los pescadores, la reparación
de los barcos y de las redes.
“En fin, como cualquier otra actividad económica,
genera un encadenamiento productivo que hace que muchas personas trabajen
alrededor de esas actividades”, puntualizó el ministro del MAG.