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Editorial: Pesca de arrastre de
vuelta a la Sala IV
A consecuencia del debate científico sobre la
suficiencia de los estudios utilizados por el Congreso, la posibilidad de un
fracaso del proyecto en la Sala Constitucional es grande.
Hace 19 horas
Según la diputada Carmen Chan, vocera legislativa del
bloque independiente Nueva República, afín al ex candidato
presidencial Fabricio Alvarado, los diputados favorables al proyecto de ley
sobre la pesca de arrastre están “comprometidos” con las zonas costeras,
abandonadas por “los gobiernos de turno”.
La declaración, amén de maniquea, confunde los
elementos fundamentales del debate. Comienza la diputada por achacar a los
opositores del proyecto falta de compromiso con las comunidades costeras y, al
parecer, voluntad de seguir marginándolas, como si la pobreza en las costas
fuera producto directo e inevitable de la prohibición de la pesca de arrastre.
Si así fuera, la legisladora debería reconocer el
“compromiso” de los gobiernos anteriores a la prohibición de esa modalidad de
pesca y, de paso, explicar por qué las costas estaban, también entonces, entre
las regiones más pobres del país. Podría, por otra parte, estimar el beneficio
de la ley aprobada ayer, sin dejar de restar los efectos negativos. A falta de
esas valoraciones, es difícil cuantificar el “compromiso”.
El “compromiso” de la legisladora tiene, además, el
inconveniente de nadar contra la corriente de la comunidad científica. Expertos
de las dos principales universidades estatales y organizaciones no
gubernamentales coinciden en señalar deficiencias en el estudio utilizado para
fundamentar la nueva ley.
A consecuencia del debate científico, la posibilidad
de un fracaso del proyecto en la Sala Constitucional es grande. Si ocurre, como
parece probable a partir de la jurisprudencia dictada hasta ahora y los
cuestionamientos hechos al fundamento técnico de la nueva ley, una sombra de
duda se proyectará sobre el “compromiso” pregonado. Tirios y troyanos han
advertido las debilidades del proyecto. Si las advertencias desembocan en un
fracaso, tomará cuerpo la idea de una tomadura de pelo.
El “compromiso” con las comunidades costeras no se
demuestra con la aprobación de la pesca de arrastre. Esa no es la solución de
los problemas injustamente sufridos por las costas. Según los estudiosos, el
arrastre más bien pone en peligro la pesca artesanal y otras actividades
productivas, como el turismo.
El 7 de agosto del 2013, la Sala IV ordenó “no otorgar
ningún permiso, autorización o licencia nuevos, ni renovar los vencidos, ni
tampoco reactivar los inactivos” mientras no se aprobara
una ley sustentada en estudios científicos aptos para garantizar prácticas de
pesca sostenible. Los legisladores opuestos al proyecto de ley anunciaron,
apenas terminada la votación, que la consulta facultativa a los magistrados
sobre la constitucionalidad de la iniciativa ya está lista y solo falta revisar
detalles.
El peso de la decisión descansará sobre la suficiencia
de los estudios porque la fricción entre la técnica tradicional y los valores
ambientales protegidos por la Constitución Política está establecida desde el
fallo del 2013. La pregunta es si las artes de pesca probadas por el Instituto
Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca)
producen suficiente disminución del daño para satisfacer el “desarrollo
sostenible democrático” y si los ensayos documentados lo garantizan.
El 95 % de lo extraído en las redes empleadas para la
pesca tradicional del camarón es “fauna de acompañamiento” o “pesca
incidental”. Solo el 5 % es camarón. Los estudios utilizados por el Congreso
para impulsar el proyecto de ley hablan de una reducción de la captura incidental
al 25 %. No es poco, pero aun esa cifra está en duda y los legisladores que
aprobaron la iniciativa lo saben.