Opinión: Defendamos la independencia judicial

Noviembre 13, 2019

Veintinueve diputados, en contra del principio de independencia judicial, han propuesto una reforma de la Carta Fundamental, con el propósito, por un lado, de reducir de ocho a cinco años el período de nombramiento de los magistrados y del otro, permitir solo una reelección, pero condicionado a que tal reelección cuente con el voto favorable de 38 diputados. Esta reforma debilita la división de poderes, la independencia del poder judicial y el funcionamiento de la democracia, en la medida que se quiere someter al control del poder político la administración de la justicia.

La estratagema que se esconde detrás de este proyecto es muy simple: si me agradan sus sentencias y decisiones te nombro y mantengo en el cargo, caso contrario no te reelijo. Con este proyecto no solo se compromete la independencia del Poder Judicial sino, también, la independencia del Tribunal Supremo de Elecciones y del Ministerio Público, dado que entre las competencias del Poder Judicial se encuentra la elección de los miembros de estas dos instancias. Así pues, es mucho lo que está en juego.

La independencia judicial es un derecho humano fundamental mediante el cual se garantiza a todas las personas un juicio imparcial, celebrado de conformidad con lo que establece la Constitución y la ley. Es un derecho que garantiza a todas las personas que su caso será resuelto por jueces independientes, es decir, por jueces no subordinados a ningún grupo de presión, autoridad o poder público. Se trata, por tanto, de un derecho humano fundamental. De ahí que, si la justicia es para la gente, por el bien de la seguridad jurídica ciudadana, de la defensa de la democracia y la garantía del Estado de derecho, hay que levantar la voz y defender la independencia judicial.

Si bien es necesario reformar el sistema de elección de los magistrados, esta reforma debe ser para fortalecer la independencia de los jueces, jamás para debilitarla. En tal sentido, diversas propuestas coinciden en la necesidad de incrementar la edad para la elección de los magistrados de 35 a 50 años de edad y que su nombramiento sea por una sola vez, por un plazo de doce años, por ejemplo, o de forma vitalicia. El propósito de estas propuestas es la de asegurar que quienes resulten electos sean personas maduras, con mucha experiencia y como culminación o reconocimiento de una exitosa carrera profesional, que los coloque en una situación de libertad, independencia y de no deberle nada a ninguna persona o partido político.

Además, la Corte requiere otras reformas relacionadas con su forma de administración. No es posible que los magistrados, que no son administradores, se desgasten en cuestiones administrativas. El buen servicio y la tutela judicial efectiva exigen que se dediquen a tiempo completo a las funciones jurisdiccionales; tal vez, así podamos tener justicia pronta y cumplida.

Más allá del análisis de estas y otras reformas que requiere ese Poder de la República, ahora, lo que se impone es denunciar y oponerse, al proyecto de reforma constitucional aquí comentado. Nuestra Carta Fundamental requiere de muchísimas reformas, pero estas deben ser el producto de un debate abierto, inclusivo, igualitario, transparente, pausado y concertador, es decir, muy democrático.

De momento, advirtamos que la independencia judicial hay que defenderla, si es del caso, hasta con la sangre de quienes creemos en el Estado constitucional, democrático y social de derecho. Tenemos que estar alertas ante el populismo legislativo. En una democracia no hay fines que valgan la pena cuando los medios para obtenerlos son reprochables.

Alex Solís F.