Mag. Patricia Solano Castro Vice Presidenta de la Corte Suprema de Justicia

Es para mí un gran honor de dirigirme a ustedes, el día de hoy para conmemorar una fecha con gran significado de lucha, una fecha que nos debe servir para recordar a muchas mujeres, pero, sobre todo, un día que nos recuerda la necesidad de mantener una labor constante por parte de todas y todos, en procura de la eliminación de toda forma de Violencia contra las Mujeres.

Los antecedentes a esta conmemoración se remontan al 25 de noviembre de 1960, fecha en la cual, fueron asesinadas en República Dominicana por órdenes del dictador Rafael Trujillo las activistas políticas y hermanas: Patricia, Minerva y María Teresa, Mirabal.

Esta fecha posteriormente, en junio del año 1981 es adoptada como fecha insigne para visibilizar la necesidad de eliminar todo tipo de violencia contra las mujeres, esto durante el Primer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Mujeres.

Dicha conmemoración sirvió de base para que en el año 1999 la Asamblea General de las Naciones Unidas; a través de su resolución 54/134 el 17 de diciembre de 1999 , estableciera el 25 de noviembre de cada año como el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

En el caso de nuestro país esta declaratoria data desde el año 1996, a través del Decreto n° 25645- MP.

Sin embargo, esa conmemoración no debe quedar solo en el papel, sino que requiere un esfuerzo a nivel de sociedad e institucionalidad para garantizar la protección adecuada frente a las distintas manifestaciones de violencia de género.

Todo esto, si tomamos en cuenta que según datos de ONU Mujeres “Se estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo ha sufrido violencia física y/o sexual por parte de un compañero sentimental o violencia sexual por parte de otra persona distinta a su compañero sentimental (estas cifras no incluyen el acoso sexual)”.

En el caso de nuestro país, solo en el año pasado 26 mujeres perdieron la vida en manos de sus parejas y 150 sufrieron de tentativas de femicidio.

En lo que va del año 2019 , según cifras del Observatorio de Género y la Fiscalía Adjunta de Género se han registrado 11 femicidios: 8 que se adaptan a la conducta descrita en el artículo 21 de la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres y 3 de tipo ampliado (de acuerdo con los escenarios descritos por la Convención de Belem do Pará).

Esa distinción entre el artículo 21 de la Ley de penalización de la violencia contra las mujeres y la Convención de Belem do Pará (Tratado internacional aprobado mediante ley 7499).

Radica en que esta convención establece 22 categorías distintas de posibles imputados (entre ellas a saber: novio, amante, hermano, padre, cliente sexual, hermano, conocido cercano, etc.).

Mientras que el artículo 21, menciona únicamente como imputado al compañero de unión de hecho o esposo.

De estas 37 mujeres, que murieron en manos de sus parejas, en estos 2 años, 19 eran madres, en consecuencia: 52 personas quedaron huérfanas, de las cuales 38 de ellas, eran menores de edad.

De los 11 femicidios en este 2019, el caso más reciente fue el de Eva, una joven madre y estudiante de apenas 19 años, que se registró a inicios de noviembre en San Pablo de Barva de Heredia.

Estos hechos tan dolorosos deben hacernos reflexionar para generar mecanismos que nos permitan erradicar cualquier tipo de violencia género en sus distintas manifestaciones: tanto física, psicológica, sexual, económica, patrimonial, social y simbólica.

Todo esto, Si tomamos en cuenta que “en la mayoría de los países donde existen datos, menos del 40 por ciento de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda.”

Y entre las que lo hacen, la mayoría recurre a familiares o personas cercanas, pero pocas, confían en las instituciones o mecanismos oficiales.

Por esta razón, la institucionalidad pública tiene un reto muy grande en generar la confianza necesaria, para que en los casos donde exista algún tipo de violencia, las mujeres puedan acudir y encontrar una respuesta verdaderamente efectiva.

Precisamente porque el Derecho y el sistema de justicia en un Estado Democrático, deben servir como un mecanismo de regulación de las relaciones de poder, que permita garantizar la protección de las personas en sociedad, y particularmente de todas y cada una de las mujeres frente a las distintas formas de violencia de género.

La institucionalidad pública no tiene permitido claudicar en la lucha por garantizar los derechos de las mujeres.

Y por lo tanto, bajo el estandarte del principio de progresividad de los Derechos Humanos, resulta necesario redoblar los esfuerzos para garantizar derechos tan necesarios e inherentes a la condición humana como lo es: el respeto a la integridad, la dignidad, y un principio básico de desarrollo humano: la seguridad.

• Seguridad y garantía de que se respeten nuestros derechos, de poder salir a la calle sin sufrir actos de acoso, de poder desarrollar nuestras vidas en una sociedad libre de violencia y sin discriminación alguna.

• Seguridad de saber que frente a cualquier manifestación de violencia podremos encontrar el apoyo necesario no solo de nuestras familias y personas cercanas, sino de toda la sociedad y de la institucionalidad, para así romper cualquier ciclo de violencia.

• Seguridad de garantizar a las futuras generaciones ambientes libres de patrones machistas que lo único que nos generan a nivel social es división, violencia y retroceso social.

Para lograr esos objetivos no basta con declaratorias ni convenciones, sino que se requiere una sociedad despierta y atenta para denunciar constante y permanentemente, cualquier injusticia que se realice contra nosotras las mujeres.

Se requieren de acciones claras tanto desde la esfera individual para fomentar un cambio de paradigma en las estructuras clásicas “de educación” basada en patrones machistas, y tomar con valentía la labor de denunciar cualquier acto de violencia porque algunas veces el silencio y la indiferencia se vuelven el peor enemigo.

Y desde la esfera colectiva, un trabajo proactivo de toda la sociedad y la institucionalidad democrática, y para ello, el Poder Judicial cumple un rol preponderante para que los derechos de todas nosotras alcancen plena vigencia en pro de una sociedad más igualitaria y equitativa.

La mejora continua y la coordinación interinstitucional para prevenir estas situaciones, sancionarlas -mediante un debido proceso- cuando se produzcan, y generar en la medida de lo posible los mecanismos que permitan a las personas que realizan estos delitos su correcta reinserción a la sociedad una vez cumplida su condena, son tareas que deben estar siempre latentes en el quehacer de la institucionalidad pública.

Como institución hemos realizado esfuerzos importantes: que van desde la creación en el año 2001 de la Comisión de Género cuya función primordial es definir los lineamientos necesarios para la incorporación de la perspectiva y el análisis de género en el quehacer del Poder Judicial, que articula su labor a través de la Secretaría de Género.

Así como la aprobación por Corte Plena en el año 2015 de la Política de Igualdad de Género para el Poder Judicial.

Y hace tres años, la creación del Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, el cual nos ha permitido recopilar información actualizada y sistematizada para evidenciar y dimensionar la magnitud de las principales modalidades de violencia de género que se dan en nuestro país, y con estos datos tomar las medidas correspondientes.

La justicia no debe admitir cobardías… Las acciones de la institucionalidad deben ir enmarcadas con valentía y firmeza, en buscar la tutela efectiva de los Derechos de las Mujeres y garantizarlos mediante el respeto al ordenamiento jurídico.

Deseo culminar mi intervención con las palabras de una gran escritora francesa, Simone de Beauvoir quien en su libro “El Segundo Sexo” menciona:

“El día en que sea posible a la mujer amar desde su fuerza, no desde su debilidad, no para huir de sí, sino para encontrarse, no para abandonarse, sino para afirmarse, entonces el amor será para ella como para el hombre fuente de vida y no peligro mortal.”

Ser mujer es sinónimo de fortaleza y desde esta fortaleza debemos reafirmar nuestra consigna y continuar con esta conmemoración la cual nos sirve para mantener latente la necesidad de implementar los cambios sociales, culturales y económicos que nos permitan garantizar el desarrollo pleno de cada mujer de manera individual, en pareja o en sociedad.

Espero que esta conmemoración nos sirva como una referencia clara de todo lo que hemos logrado, y de lo mucho que nos falta en este arduo camino.

A todas y todos muchas Gracias por su atención.