Una avalancha de demandas por deudas aplasta al
Poder Judicial: son 54% de los casos
byÁlvaro Murillo Nov 06, 2019 00:50am
El alto endeudamiento popular se
refleja en los 733.000 expedientes activos de cobro judicial, en su mayoría por
tarjetas, electrodomésticos o préstamos rápidos. Hay 19 juzgados
especializados, pero el problema está desatado en las calles, lamenta el
magistrado Molinari.
Apoyado en su
bordón, renqueando por las hernias que lo mantienen incapacitado para trabajar,
un hombre de iniciales M.A.S.S. salió este sábado de las oficinas de
Instacredit como si le hubieran quitado una montaña de encima.
Este supervisor
de seguridad en una empresa privada llevaba en su mano la notificación de
liquidación del crédito que había pedido hace tres años para arreglar el techo
de la casa, sin imaginar que eso se convertiría en un calvario con embargo de
salario y cobros en los juzgados.
El abogado Soto,
de un bufete especializado en cobranza, le había firmado el finiquito a nombre
de Instacredit después de que el cliente cumpliera un arreglo de pago que le
elevó a más de ¢1 millón el costo de un crédito de ¢300.000.
“Jamás lo
volvería a hacer, porque es como una trampa en la que caemos muchos. Yo sé que
ya salí de esto, pero queda mucha gente ahí, con embargos por cobros
judiciales”, reflexionaba el hombre.
Él sabe que son
muchos, pero jamás imaginó que hubiera un cobro judicial activo por cada siete
habitantes de este país, que estos cobros representan el 54% del total de casos
activos en el Poder Judicial y que absorben el trabajo de 378 funcionarios
dedicados solo a eso.
Este tipo de
cobros representan una carga que las autoridades judiciales reconocen como
inmanejable. “Es como un monstruo del siglo XXI”, ilustra una jueza a cargo de
un plan institucional para reducir los atascos en los 19 juzgados
especializados en cobro.
En total, el
Poder Judicial tenía este mes de setiembre 733.200 casos activos de cobro
judicial, la cifra más alta de la historia en este rubro que viene creciendo en
los últimos años y que expresan la tendencia de endeudamiento popular.
La gran mayoría
de esos cobros, unos 636.000, corresponden a la categoría de “monitorio
dinerario”, una clasificación referida a los préstamos en los que no hay más
garantía que una cuenta bancaria o el salario del deudor.
La segunda
categoría que le sigue a estos, muy por debajo, son los procesos de “ejecución hipotecaria”,
con 24.500 expedientes, y los de “ejecución prendaria”, con 15.800, de acuerdo
con las estadísticas oficiales suministradas a este semanario.
Es decir, los
créditos sin garantía representan un 87% del total de cobros judiciales, lo que
constituye una muestra del “problema social” en torno al consumo, según el
magistrado a cargo de los procesos civiles, William Molinari.
Instacredit es la
empresa que más cobros judiciales demanda, pero la siguen GMG Servicios Costa
Rica S.A (subsidiaria de Grupo Monge) y el Banco Popular. En cuarto lugar está
la CCSS, en quinto Gestionadora de Créditos SJ S.A. y en sexto BAC San José. De
seguido, Credomatic. Este semanario pidió explicaciones de jerarcas de
Instacredit, Grupo Monge y BAC San José, pero ninguna contestó las consultas.
La atención de
los cobros judiciales representó para el Poder Judicial un costo de ¢12.130
millones solo en 2018, la mitad del monto que las autoridades lograron
recuperar para las empresas o instituciones acreedoras en ese mismo año. Esos
¢12.000 millones alcanzarían, por ejemplo, para 1.500 bonos de vivienda (de ¢8
millones cada uno).
De ese gasto del
Poder Judicial en la recuperación de dineros, ¢10.800 corresponden al personal
que lo atiende, aunque a cargo solo están 86 de los 1.400 jueces del aparato
legal público.
Hay juzgados que
siguen atiborrados a pesar de una intervención reciente para reducir el
atascamiento de expedientes, aunque hay situaciones especiales, como en Liberia
de Guanacaste, donde un solo juez tiene a su cargo 18.000 casos.
“Con nuestra
capacidad instalada es imposible atender toda la presión de los procesos
cobratorios. El tema de fondo que deberíamos ver es cómo se ha generado todo
ese crédito”, explicó Molinari, antes de agregar que en este 2019 se suma en
contra la actual presión presupuestaria del Poder Judicial.
Entre todas las
personas sometidas a cobro judicial, que dan para llenar 20 veces el Estadio
Nacional, hay también personas jurídicas, pero son la minoría, advirtió la juez
Adriana Sequeira. “Le puedo asegurar que la gran mayoría de estos deudores son
personas de carne y hueso”, reconoció la funcionaria.
Los deudores
sometidos a cobro judicial enfrentan el embargo de salarios o bienes a su
nombre, pero también suelen involucrar a otras personas que actuaron como
fiadores. Estas personas quedan manchadas en su historial crediticio y el
sistema las excluye de las posibilidades de nuevos créditos.
Hay un problema
adicional: el atascamiento es tan alto que hay procesos que se llevan décadas.
Hay varios desde los años 90. Hay juzgados (como el del Segundo circuito
Judicial de San José) donde son 13 meses el tiempo promedio que tardan en
contestar un escrito, según las estadísticas internas.
En otros
juzgados, como el de Cartago, el tiempo promedio de respuesta a una demanda
nueva se extiende a diez meses. Esto ocurre, explicó Molinari, porque algunas
empresas demandantes se enteran de cuáles son los juzgados menos saturados y
acuden ahí con paquetes de hasta 3.000 demandas de una sola vez, lo que desbalancea
las cargas de trabajo.
“Esto es así, de
altos volúmenes, algo masivo que nos resulta inmanejable, por más esfuerzos que
hagamos o recursos que dediquemos”, añade la jueza Sequeira. Detalla que
algunos de estos cobros corresponden a sumas de hasta ¢10.000, aunque el costo
promedio de cada expediente para el Poder Judicial ronda los ¢500.000.
Explica que las
entidades públicas no pueden dejar de cobrar las deudas, por pequeñas que estas
sean. Esto hace que la CCSS mantenga activos cobros judiciales contra 73.000
personas físicas o jurídicas, el 10% del total de estos casos en el Poder
Judicial.
Sin embargo, el
grueso de los cobros judiciales corresponde a deudas por consumo, lo que se
explica al mirar la lista de los diez principales acreedores encabezada por la
empresa Instacredit, con 91.646 deudores en cobro judicial. Es decir, tres
veces el público que cabe en el estadio nacional. Le sigue la subsidiaria
financiera de Grupo Monge, la potente cadena de tiendas de electrodomésticos.
La dinámica es masiva
y se maneja por volúmenes. Hay bufetes expertos en cobros judiciales y empresas
que asumen carteras de créditos para cobrarlas por las buenas o por las malas.
“Yo tenía una deuda
con una financiera que me prestó ¢2 millones en el 2016, pero de repente me
llegó una notificación de que estaba en cobro judicial con una empresa que
jamás había escuchado”, cuenta Elizabeth, una mujer pensionada que ahora
intenta llegar a un arreglo de pago para liberar de responsabilidad a dos
hermanos que le sirvieron de fiadores. “El mayor está enojado conmigo porque
iba a comprar una moto a crédito y no se la aprobaron”, lamenta.
Y así hay tantas
historias y consecuencias como expedientes por cobro judicial, aunque solo el
10% de los demandados acuden a refutar las demandas. La gran mayoría solamente
asume su falta y muchos ni siquiera acuden a declarar en los juzgados, en parte
porque los procesos se activaban sobre todo en el centro del país, lejos del
domicilio de muchas personas de las periferias.
En los últimos dos
años, sin embargo, cambiaron las reglas. Las demandas se deben interponer en
las zonas del país donde se generó el contrato de deuda y esto ha elevado las
cargas en los juzgados de esas regiones, pero no necesariamente la presencia de
deudores rebatiendo sus procesos.
Molinari explicó que
los cobros judiciales son bastante simples en términos procesales y que además
son pocos los que representan algún grado de conflicto. Por ello menciona la
posibilidad de que en el futuro sean otras instancias no jurisdiccionales las
que asuman estos casos. “Digo eso como una opción para hablarla, pero soy
consciente de que eso sería trasladar el problema a otro lugar, cuando sabemos
que el problema está en el mercado”, precisa.
Se refiere a la
tendencia de consumo y de financiamiento que se aceleró en las últimas décadas
en el país, después del “boom” de tarjetas de crédito, entre otros factores.
Por eso concuerda en que se trata de un problema del siglo XXI.
Datos publicados por
el Banco Central reportan que el endeudamiento promedio de los hogares en Costa
Rica es del 64%, el doble del máximo recomendado por los expertos.
Si se sumara todo el
dinero que deben las familias costarricenses, el total sería similar al 66% del
Producto Interno Bruto (PIB), 12 puntos por encima de lo que se registraba de
hace solo una década, concluyó el Observatorio Económico y Social de la
Universidad Nacional (UNA).
Por este contexto es
que varios diputados de la Asamblea Legislativa impulsan un proyecto para poner
límites a las tasas de interés, pues la usura está considerada como delito en
el Código Penal, pero ninguna ley dice cuán alta debe ser la tasa para
considerarla abusiva.
El proyecto enfrenta
la oposición del sector bancario y de autoridades del Banco Central, pues
consideran que eso excluiría a muchas personas de acceder a créditos.
El diputado Welmer
Ramos, uno de los proponentes de la reforma legal, refuta ese argumento.
Sostiene que lo que verdaderamente provoca exclusión financiera son los cientos
de miles de deudores que enfrentan cobros judiciales por préstamos con tasas
exageradas.
Así enganchan a un cliente en la empresa que más
clientes lleva a cobro judicial
La situación no era
del todo ficticia. El carro se había varado por un problema serio en la caja de
cambios y necesitaba unos ¢600.000 pronto para poder pagarle al mecánico. Pensé
que era una buena oportunidad para probar cómo se solicita un crédito en la
empresa que lidera el top diez de acreedores que llevan a sus clientes a cobro
judicial, por incumplimiento en los pagos.
Así que, por
considerarlo útil para esta información, llegué a una oficina Instacredit en el
área metropolitana y me hice atender por un dependiente amable, cuyo nombre no
mencionaré porque no le pedí autorización y porque lo importante es el método,
no el ejecutor.
Le conté mi situación
y había casualmente un producto como hecho para mí. El muchacho tomó un volante
con diseño de Navidad en que se anunciaba un crédito de ¢600.000 con derecho a
participar en la rifa de una moto.
Me preguntó si tenía
salario y cuánto es el neto mensual, pues desde el 1º de octubre rige una regla
de que este debe superar los ¢350.000 para proteger el sueldo mínimo en el
sector público. Antes, dice, estaba la ventaja de que bastaba un ingreso
líquido de ¢125.000 y seis meses de antigüedad en el empleo. Ah, y sin fiador.
Entonces, siguió con
lo que consideraba “ventajas”: me podrían depositar en solo tres horas el
dinero, a partir de lo cual me comprometo con una cuota de ¢43.000 mensuales
durante cuatro años. Es decir, acabaría pagando más de dos millones de colones
de hoy por este préstamo, con el beneficio de que si cancelo todo antes no me
penalizan. Y como “la tasa es diaria”, simplemente se detiene ahí la cuenta de
intereses y listo.
“¿Tasa diaria?”, le
pregunté. Contestó que en Instacredit no usan una tasa mensual ni anual, que
por facilidad usa una tasa diaria y que esta es de 0,18. Si se multiplica por
los 365 días del año, la tasa anual queda en 65%, más que cualquier tarjeta de
crédito.
También me mencionó
un crédito con “tasa preferencial de 0,15 diaria”, por deducción en planilla.
Hice los cálculos rápido y concluí que esa tasa preferencial sería de 54%
anual.
Agradecí al muchacho,
tomé el volante de la rifa de moto y salí. Después lo volteé y leí que ofrecen
préstamos de hasta ¢8 millones con opción prendaria (“con tu vehículo en
garantía y sin seguro”) e hipotecaria (“sobre tu propiedad con bajos costos de
avalúo”).
Crucé la calle y le
hice preguntas a una mujer que vi dentro de la oficina. Me dijo que estaba
pagando una cuota de la suegra pensionada, la titular del préstamo. Pidió
¢300.000 y paga puntual. Nunca ha caído en mora ni menos un cobro judicial.
Agregó que le ofrecen
la opción de renovarlo cuando ya ha pagado la mitad y eso es una ventaja. La
otra es que le prestan fácil, sin tantos requisitos como en un banco. La
desventaja es que sabe que la tasa es muy alta, pero acá sigue.
Y seguía entrando
gente en la oficina de Instacredit, ubicada estratégicamente a pocos metros de
una sucursal del Banco Nacional.
MAGISTRADO MOLINARI: “LA NORMATIVA QUE TENEMOS DE
CRÉDITO AL CONSUMO NO ES LA MEJOR”
“Este es el efecto de
cómo se genera el crédito. La normativa que tenemos de crédito al consumo no es
la mejor. Hay un tema de fondo enorme, el del consumo en esta sociedad. No
podemos pedir a una persona que actúe dentro de otros parámetros. Antes eran
importantes los contratos paritarios, entre voluntades de dos partes. La
realidad es que la voluntad de las personas ahora no es tan importante para
obligarse.
Las
personas tienen muy pocas posibilidades de decir que no a un teléfono, de decir
que no a un televisor de ciertas características y entre menos condiciones hay
más posibilidad de entrar en ese sistema consumista. Las normas que tenemos
parten de consideraciones que ya no son tan realistas. El principio de
autonomía de la voluntad de la Constitución
Política parte de que al
aceptar yo un contrato sé a qué me estoy comprometiendo y tengo toda la base de
conocimiento para saber cuáles serán las consecuencias.
Eso existe cuando voy
a un ebanista y le pido una cama, hablamos de cómo la quiero y del precio; pero
cuando voy a un supermercado eso no existe. Y nuestras normas parten de ahí,
pero el tema es filosófico o sociológico.