7 de octubre de 2019

Nacionales

Facilitadores judiciales resuelven conflictos comunales

Más de 40.000 casos concluidos en 5 años de programa

María Alemán, vecina de Los Chiles, Alajuela, y Ceferino García vecino, de Santo Vito, en Coto Brus, participan en Facilitadores Judiciales, un exitoso programa del Poder Judicial que mediante la capacitación y aplicando el diálogo logra resolver conflictos en comunidades rurales.

Más de 40.000 conflictos resueltos desde 2014, cuando nació esta iniciativa, ha permitido un ahorro cuantificable al Poder Judicial en casos resueltos satisfactoriamente, sin tener la necesidad de llegar a un proceso judicial. 

Román Solís Zelaya, magistrado de la Sala I y presidente de la Comisión Nacional de Mejora Judicial (Conamaj), visitó DIARIO EXTRA semanas atrás junto con estos dos facilitadores para explicar los alcances del programa, que volvió a contar con el auspicio de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

¿Qué hacen los facilitadores judiciales? Básicamente es un programa de voluntariado comunal, donde los vecinos escogen a sus representantes, quienes reciben cursos de educación legal popular y comienzan a desempeñar su labor en la comunidad.

Es el juez contravencional de cada circuito judicial el encargado de promover la elección y una vez al mes debe reunirse con ellos para ver los avances y los resultados. 

El facilitador tiene la responsabilidad de solucionar conflictos que surgen en temas como derecho agrario, derecho civil, ambiental e incluso constitucional, enseñar cómo redactar un recurso de amparo y un hábeas corpus, por ejemplo. Desde problemas limítrofes entre fincas hasta casos de pensión alimentaria. 

De acuerdo con el magistrado Solís, el facilitador puede ver de todo, excepto la materia penal y violencia doméstica, pero esto no excluye que oriente a la víctima para que llame a las oficinas estatales encargadas del abordaje de estas situaciones.

A la fecha son cerca de 500 facilitadores, de los cuales 272 son mujeres, que trabajan en los 42 circuitos judiciales a lo largo y ancho del país. La comunidad más reciente es Bribri, en Talamanca.

Alemán narró por qué asumió el reto de integrar este proyecto. Esta mujer, madre de tres hijos, dice que tiene cuatro años de ser facilitadora. Empezó en 2015 y ha resuelto casos agrarios, de pensión alimentaria, acompañamiento a instituciones como el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Mixto de Ayuda Social, así como asesoría en leyes.

“Me gusta mucho servir a mi comunidad y a las personas que más necesitan de mí, orientarlas, a fin de tener una mejor comunidad porque así se hacen mejor las cosas para vivir en paz y en unión con la comunidad y las personas”, declaró.

Agrega que le impactó mucho el caso de una adulta mayor que tenía cinco hijos y ninguno quería colaborar con su madre. Ella reunió a los cinco y les explicó lo que pasaba, ahora viven bien con su mamá y todos aportan.

En el caso de Ceferino García Bejarano, vecino de Santo Vito, Coto Brus, es facilitador en una reserva indígena de la zona. 

Lleva dos años de resolver conflictos en cuatro comunidades. “Es una experiencia muy bonita, hemos logrado resolver todos los casos en los que hemos participado, problemas por basura, por animales, y la comunidad sabe que nos puede buscar”, explicó. 

“LA GENTE NO HABLA”

El magistrado Solís hace referencia a cómo la falta de diálogo entre las personas genera los conflictos. 

“Los problemas se dan porque las personas no hablamos. Como dice el refrán ‘hablando se entiende la gente’ y ellos lo que hacen es facilitar ese diálogo”, indicó.

Los facilitadores comienzan un proceso de formación cuando son electos en sus comunidades, que lo asume la escuela policial, con una metodología de enseñanza legal popular con conocimientos básicos fundamentales de aquellas materias que inciden en la convivienda comunal.

“La Conamaj es la oficina del Poder Judicial que tiene ese programa y coordina las capacitaciones. Por ejemplo, ellos recibieron un curso del nuevo Código Laboral, están recibiendo sobre el nuevo Código Procesal Agrario y ya vamos con las charlas del nuevo Código Familia aprobado hace poco”, explicó.

¿Cómo se podría cuantificar el impacto del programa? Solís explicó que se puede hablar del impacto ideológico al “lograr que el Poder Judicial deje de estar metido en cuatro paredes, con jueces que se creen dioses, y entienda que la justicia es un servicio público y que está en manos del ciudadano de la calle. Eso es cambiar un paradigma que durante 198 años ha tenido el Poder Judicial de estar metido en esas torres de marfil”, apuntó.

El magistrado explicó cómo este programa de forma cuantitativa ahorra recursos y contribuye a no aumentar la mora judicial. Puso el ejemplo de la adulta mayor que la familia tenía sin cuidado y Alemán colaboró en resolver.

“Ese caso sería un juicio contravencional por abandono de adulto mayor, ese juicio tendría la participación de un fiscal, un defensor, el juez contravencional, una de las partes eventualmente contrataría un abogado privado. Hay una sentencia, que tiene apelación.

Es decir, son horas de trabajo de funcionarios judiciales, el gasto en la prestación del servicio, cuando ella (Alemán) lo pudo resolver hablando con las personas”, añadió.

“Cada caso que los facilitadores judiciales logran resolver es un expediente judicial menos y ya varios jueces contravencionales nos han dicho que se nota el menor movimiento de expedientes. Hablamos que desde que inició el programa se han resuelto más de 40.000 casos que no fueron judicializados”, finalizó.