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23 de octubre de 2019 - Edición 243
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Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal

Una despedida digna
  • Cuerpos no retirados reciben inhumación y una ceremonia religiosa.
  • Andrea Marín Mena
    Periodista

    A las ocho de la mañana del viernes 27 de setiembre, el calor de las luces de un pequeño altar, dieron la solemnidad a una de las Salas de Patología Forense, donde tuvo lugar la misa, que daba el último adiós a 18 cuerpos no retirados de la Morgue Judicial de San Joaquín de Flores, Heredia.

    Unas veinte personas se reunieron para acompañar las honras fúnebres, en las que participaron el personal de Patología Forense, de la Ciudad Judicial e integrantes de la comunidad de San Joaquín de Flores. La ceremonia religiosa estuvo a cargo del Presbítero, Danilo Aguilar Hernández.

    El respeto del ser humano, aún después de la muerte, ha llevado a la Sección de Patología Forense a emprender una labor social con los cuerpos que no son reclamados o que por diversas causas quedan a la orden judicial en San Joaquín de Flores y lo que se procura es darles una sepultura digna.

    “Considero que es un derecho de todo ser humano, el que sus restos reciban una adecuada disposición final. Es parte del ser persona. Si bien desconocemos en muchos casos su identidad y sus respectivas creencias y prácticas religiosas, creo que, de una forma u otra, la mayoría de las personas creen en un ser Supremo, se denomine como se denomine. Y todas las religiones, honran a sus seres queridos con la sepultura de sus restos”, afirmó el doctor Jorge Aguilar Pérez, Jefe de la Sección de Patología Forense del Departamento de Medicina Legal.

    La ceremonia religiosa estuvo a cargo del Presbítero, Danilo Aguilar Hernández.

    Personal de la Sección de Patología Forense participa en la organización y realización de la ceremonia religiosa.

    El proceso de inhumación la realiza la Sección de Patología Forense con sede en San Joaquín de Flores, pues es la única que cuenta con capacidad de conservar y almacenar cadáveres que no son retirados, durante el proceso que implica la inhumación por parte del Estado.

    Los restos humanos que reciben el proceso de inhumación o entierro, en su mayoría son cuerpos a los que no se logra establecer la identidad, por lo que no es factible ubicar familiares o hacer una publicación con sus datos personales.

    “Algunos son personas que vivían en indigencia y no tenían contacto con sus familiares o no existe ningún tipo de vínculo con éstas. Cuando son personas extranjeras que no tienen familiares en el país, pese a que se comunica a las embajadas, muchas veces no es posible localizar a sus parientes o en ocasiones, pese a que se ubican, indican que no cuentan con recursos económicos para la repatriación de los restos, por lo que envían una autorización para que el Poder Judicial pueda disponer de los restos”, explicó el doctor Aguilar.

    Igualmente, algunos casos corresponden a costarricenses cuyos familiares se presentan, hacen el debido reconocimiento, pero señalan que no tienen los medios para llevar a cabo la inhumación y autorizan a las autoridades judiciales para disponer de los restos.

    Protocolo de Inhumación

    La cantidad de casos a inhumar depende de los lapsos entre un entierro y otro y el número de cuerpos no retirados en la Morgue Judicial de San Joaquín de Flores.

    El primer paso es la revisión de los cuerpos sin retirar. Se verifica la papelería de ingreso: el informe de muerte en investigación, la hoja de ropas y la orden judicial de autopsia médico legal.

    “Desde la perspectiva personal, diría que es un acto de humanidad, de respeto a los seres humanos que en el fondo nos permite reflexionar sobre la muerte, pero sobre todo de analizar el sentido de la vida”, puntualizó el doctor Jorge Aguilar Pérez, Jefe de la Sección de Patología Forense.

    Luego, con la información del Sistema Automatizado de Patología, se depura el listado de casos, para proceder con una publicación a nivel nacional, desde un medio de comunicación masivo y se espera el tiempo legal posterior a la publicación.

    Finalmente, se hace una revisión de los protocolos de autopsia, para determinar que no existe alguna contraindicación o limitantes para proceder con el entierro y se verifica que se hayan aplicado todos los procesos para una posible identificación posterior.

    Se procede con los últimos trámites administrativos y la coordinación correspondiente.

    “El que un cuerpo o resto sea inhumado y además reciba la ceremonia exequial es una forma de honrar a todos esos seres o personas que, de una forma u otra, han sido abandonados por su familia o la sociedad misma, dando un lugar para la disposición final del cuerpo; y ante la eventual identificación o aparición de sus familiares, poder decirles con certeza, en donde quedaron sus restos”, el doctor Aguilar Pérez.

    Responsabilidad y Presupuesto

    Para llevar a cabo la sepultura de los cuerpos no retirados, el Poder Judicial asume el costo de los ataúdes y los nichos, así como la publicación en un medio de comunicación masivo, cumpliendo con el debido protocolo.

    La actualización del convenio en el 2017, generó un incremento de los costos, que para este año alcanza un presupuesto anual de ¢4 827 501, que comprenden la compra de ataúdes de madera natural y rústicos, la publicación en un medio masivo y los servicios del cementerio.

    “También debe considerarse el trabajo administrativo que realizan asistentes, secretaría y médicos forenses, para la preparación de la documentación de cada caso; así como del personal técnico de disección que se encarga de efectuar el inventario de casos sin retirar, localizar cada cadáver y restos, encajar los cuerpos en los ataúdes y las labores propias del día de inhumación, como organización de las cámaras de refrigeración, el acomodo en el camión de traslado y el entierro mismo”, puntualizó el doctor Jorge Aguilar.

    El traslado de los cuerpos lo realiza la Unidad de Transportes del Organismo de Investigación Judicial. El servicio del sacerdote es una colaboración de la Parroquia de San Joaquín de Flores.

    El Poder Judicial asume el costo de la compra de los ataúdes que se requieren, los nichos y la publicación en un medio de comunicación masiva.

    El personal de la Sección de Patología Forense realiza como aportación o donación las velas y arreglos florales para la mesa de la celebración de la misa.

    Sentido Social

    El proceso de inhumación se inició en el año 1992, con la colaboración de la Municipalidad de San José y la Iglesia Católica.

    Mediante la firma de un convenio interinstitucional entre el gobierno local josefino y la Corte Suprema de Justicia es posible que el Poder Judicial adquiera los espacios requeridos en el Cementerio Calvo, donde se depositan los cuerpos. Este convenio cuenta con el refrendo de la Contraloría General de la República.

    De acuerdo con los registros de la Sección de Patología Forense, en los últimos años se ha dado un aumento progresivo del 20%, en la cantidad de cuerpos que inhuma el Poder Judicial.

    En los últimos cinco años se procedió con el entierro de 179 cuerpos y 86 fueron cremados, esto mediante un convenio de cremación que se tiene con una entidad privada. En estos casos las cenizas se conservan en custodia por cinco años, con toda la documentación, en caso de que alguna persona aparezca y solicite el retiro.

    En lo que va del 2019, se ha dispuesto de los restos de 52 personas.

    “Desde la perspectiva personal, diría que es un acto de humanidad, de respeto a los seres humanos que en el fondo nos permite reflexionar sobre la muerte, pero sobre todo de analizar el sentido de la vida”, puntualizó el doctor Jorge Aguilar Pérez.

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