Corte agiliza proyecto que
castiga el robo de combustible al poliducto de Recope
Magistrados estimaron que iniciativa, a pesar de crear nuevos delitos,
no afecta el funcionamiento del Poder Judicial
Carlos
Arguedas C.. 26 agosto 2019
La Corte Plena le dio este lunes un
impulso a un proyecto legislativo que pretende castigar con cárcel el robo, transporte
y almacenamiento de combustibles sustraídos del poliducto de la Refinadora
Costarricense de Petróleo (Recope).
Lo anterior porque los magistrados,
pese a que dijeron que el plan crea 11 nuevos tipos penales que son castigados
con cárcel, no afecta el funcionamiento del Poder Judicial.
Con está resolución, los diputados
podrán ahora aprobar la iniciativa por mayoría simple, es decir la mitad más
uno de los legisladores presentes al momento de la votación.
La decisión de la Corte fue de manera
unánime y se hizo para responder una consulta legislativa sobre el proyecto
21.447, que se denomina Ley Sobre el Apoderamiento de los Hidrocarburos, sus
Derivados o Mezclas de Hidrocarburos.
El magistrado de la Sala Tercera,
Rafael Segura, quien se encargó del análisis del plan, dijo que en este caso
"lo que se busca es fortalecer la política criminal contra la sustracción
ilegal de derivados de los hidrocarburos y, en razón de ello, la propuesta
analizada constituye una herramienta legal, eficaz y posible de implementar.
“(...) No creemos que haya ninguna
injerencia en la organización y funcionamiento del Poder Judicial puesto que es
una ampliación normativa de conductas reguladas nada más que con un nombre
específico a efectos de sancionar los daños al poliducto y la sustracción de
hidrocarburos”.
El proyecto, que está en la Comisión
de Ambiente de la Asamblea Legislativa, fue presentado en junio pasado por el
diputado Víctor Morales Mora, luego de que consideró que “no existe en nuestro
ordenamiento jurídico una legislación específica que combata de manera puntual
esta actividad ilícita, que (...) aqueja gravemente no solo las finanzas del
Estado, sino que además pone en peligro la vida de la ciudadanía, el ambiente,
así como el servicio público que brinda Recope”.
La iniciativa, además, pide declarar
de interés público los 533 kilómetros de tuberías que conforman el poliducto,
que pasa por 20 cantones de la provincias de Limón, San José, Heredia, Cartago
y Puntarenas.
El proyecto estima que el poliducto
es un “bien estratégico para la nación, que permite garantizar el servicio
público del suministro de combustibles derivados de hidrocarburos (...) y
deberá entenderse que el servicio público que presta Recope es un servicio
público esencial”.
De acuerdo con cifras de Recope y el
Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en los últimos tres años se han
descubierto 356 tomas ilegales a lo largo de los 533 kilómetros de tubería.
Mediante esas tomas, se han robado
unos 12 millones de litros de combustible con un valor de ¢6.000 millones. Solo
en el 2017 la cifra fue de ¢1.537 millones.
Sanciones
En la actualidad, la sustracción de
combustible es considerado como un delito de robo agravado, que según el
artículo 213 del Código Penal, es penado con 5 a 15 años de prisión.
Con la nueva legislación, el robo de
derivados de petróleo se castigará con prisión de 8 a 15 años. Igual sanción
tendría cualquier daño que se le ocasione al poliducto y la alteración de
combustibles.
En tanto, el transporte ilegal y el
almacenamiento se podría sancionar con 3 a 6 años de cárcel.
Asimismo, se pena con 5 a 12 años de
prisión, la persona que facilite un terreno para el almacenamiento de
combustible sustraído o bien aquellos que lo comercialicen.
Finalmente, el proyecto incluye una sanción
de 8 a 15 años por la comercialización de combustible exonerado que está
destinado al sector pesquero no deportivo.
Nuevo atraso para Hatillo
Los magistrados también conocieron
este lunes un informe de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial en el cual
se detalló que se suspende la construcción del edificio para el Circuito
Judicial de Hatillo.
Ana Eugenia Romero, directora
ejecutiva, dijo que la medida se toma porque con la aplicación de la Ley de
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas se incrementa el pago de cuotas a un
fideicomiso inmobiliario que se había firmado con el Banco de Costa Rica y el
Poder Judicial no cuenta con los fondos para hacer frente a ese nuevo gasto.
La funcionaria dijo que los planos ya
están listos y se pretendía sacar a licitación esa construcción en lo que resta
de este año. Empero, por el momento ese plan queda en espera.
El Circuito Judicial de Hatillo
constará de tres torres: una de nueve pisos, otra de cinco y una tercera para
parqueos. Son 36.000 metros² de construcción que se pretenden ejecutar en un
plazo de dos año y medio. Se levantarán en un terreno cerca del principal
centro comercial de Hatillo 6.
La idea es aglutinar los despachos
judiciales dispersos en Hatillo, Pavas, Alajuelita y San Sebastián. Además, trasladar
la parte administrativa del Poder Judicial y así desahogar espacios en San José
centro y dejar de pagar alquileres.