José Augusto Simoes Vagos y Carlos Alberto Gomes de Aguiar, Procuradores Generales del Estado de Río de Janeiro- Brasil.

La experiencia de las autoridades judiciales de Brasil en el combate contra la corrupción y crimen organizado, se focalizó el pasado 23 de julio, en conceptos y legislación para la persecución de los delitos sobre lavado de dinero y corrupción, así como las modalidades encontrados en casos de trascendencia para este país suramericano.

A partir de la investigación en Brasil, los expositores internacionales José Augusto Simoes Vagos y Carlos Alberto Gomes de Aguiar, Procuradores Generales del Estado de Río de Janeiro- Brasil, detallaron aspectos claves que permitieron llevar con éxito el juzgamiento de hechos relacionados con lavado de dinero.

Destacaron que en la actualidad las tipologías de este delito son más sofisticadas y que mediante especialistas en lavado de dinero se emprenden una serie de acciones para la generación de dinero en efectivo.

Para los expertos, este delito busca evadir la atención de las autoridades financieras a partir de especialistas en lavado de dinero, quienes cobran un porcentaje por las operaciones.

Expusieron la experiencia de Brasil en casos que involucraban funcionarios públicos y empresa privada, desde los proyectos de obra de infraestructura sobrefacturada y las modalidades contemplaban la creación de empresas de fachada, el contrato de servicios ficticios para justificar el traslado de dineros.

Otras modalidades en las que profundizaron fueron las operaciones internacionales: Dólar Cabo, las consultorías ficticias, transportadoras de valores y contratos internacionales falsos, entre otros.

También abordaron temas como la investigación de capital a partir de medios y fuentes tecnológicas, el destino de la propiedad incautada y la cooperación jurídica internacional.

El Taller se desarrolló bajo la coordinación de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, en el marco del Proyecto de Cooperación Bilateral con la Embajada de los Estados Unidos y National Center for State Courts, denominado “Fortalecimiento de la Capacidad humana institucional en el tema detección de fraude o corrupción y métodos anti corrupción”; así como la colaboración del Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica.