Mag. Patricia Solano Castro Vicepresidenta, Corte Suprema de Justicia

Reciban todas y todos ustedes muy buenos días. Deseo externar mi agradecimiento por su presencia el día de hoy en esta importante actividad que nos permite generar y construir conocimiento, a través de la participación de diversas voces y pensamientos que hoy concurren en momentos de trascendencia para el empoderamiento del Sistema de Justicia, con el fin de dar y hacer valer la garantía para todos y todas las personas del acceso a la justicia, en forma eficiente, integra y transparente.

Hoy, nuevamente ante ustedes, hago una breve reflexión sobre el proceso transformador, y necesaria “metamorfosis” – en su sentido más preciso-, que está viviendo nuestro Poder Judicial, todo, con un claro objetivo, su fortalecimiento para garantizar la ética e integridad pública-institucional, y esto en cumplimiento de uno de sus fines esenciales; proveer un efectivo y real acceso a la justicia en todos los niveles de la Organización y combate contra la corrupción.

No debemos olvidar que, en nuestro propio Estatuto de la Justicia y Derechos de las Personas usuarias del Sistema Judicial, encontramos en forma precisa, que se nos conmina a velar por nuestra más alta misión como operadores de la administración de Justicia, y es precisamente esa, impartición de Justicia, sin discriminación, con respeto a la dignidad humana, bajo los más altos estándares de eficiencia y calidad; con transparencia y bajo cánones de conducta que garanticen la probidad e independencia de su función jurisdiccional, siempre en resguardo de la seguridad ciudadana, y con la certeza de que no habrá cabida para represalias o acciones intimidatorias por los resultados de los actos emanados dentro del marco de la legalidad y la ética judicial.

Ante la realidad mundial, de penetración del crimen organizado y la corrupción en las estructuras públicas, no podemos hacernos ajenos ante este fenómeno perjudicial, delictivo, que socaba los propios cimientos que rigen el deber-ser de toda Organización de Justicia, y cuyo efecto corrosivo acarrea como secuela directa, el que permee en la seguridad y confianza pública. Por esto, se nos hace imperante una lucha decidida hacia su combate.

¿Cómo?:

A través de la ejecución de estrategias y programas, atinentes al cumplimiento efectivo de las metas Institucionales con incorporación de los componentes de las metas del objetivo 16, de la Agenda de desarrollo sostenible 2030; trabajando por la legitimidad del Poder Judicial ante la ciudadanía; a través del compromiso mediante políticas efectivas que respalden la institucionalidad y el respeto de los derechos de los ciudadanos, a quienes, nuevamente indico, se les debe asegurar el acceso a la justicia por medio de una institucionalidad ética; instaurando procesos protegidos de injerencias indebidas, con personas juzgadoras imparciales y sujetas, únicamente, a la ley y la Constitución, y también; tomando medidas preventivas a través de la implementación y creación de un componente orgánico y funcional, dentro de la estructura organizacional; con carácter independiente, y con una función fiscalizadora del cumplimiento normativo y de control de los conflictos de interés, transversalizado en todos los niveles de nuestra corporación pública.

Hoy, las acciones estratégicas de todo el capital humano, operador de la justicia, tanto de responsabilidad jerárquica así como subordinado, se encamina a la ejecución de acciones positivas para la dignificación del Aparato Judicial, en función de su propia integridad y hacia la sociedad.

Hemos pasado de la ideación de propuestas que se percibían intangibles e inmateriales –pero no por ello menos reales- a la acción.

¿Y porque me refiero a este momento de oportunidad de mejora como de “transformación de la intangibilidad de la ideación a la materialización de la acción”?

Porque a la luz de la resolución 70/1 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, denominada “Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”, cuyo preámbulo nos orienta en su objetivo fortalecedor de la paz y justicia universal, donde se estimula el compromiso del trabajo colaborativo a través de cooperaciones y alianzas estratégicas, para lograr acciones transformadoras, sostenibles e incluyentes, siempre centrada en la persona, resulta un gran desafío.

Un desafío por cuanto ante el sueño – entendido como el proceso de construcción de la intención – se debe generar una línea de acción que concretice la voluntad, y dentro de este proceso de materialización, debe privar el interés colectivo, nacional, y de confianza en la legitimidad Judicial.

Es ahí donde se halla el reto de lograr ese equilibrio “ganar – ganar”, un equilibrio centrado en la persona, que garantice un desarrollo sostenible tomando en consideración todos los factores multidimensionales del entorno social, su multiculturalidad y las diversas dimensiones de la pobreza, para hacer de la seguridad, la justicia y la buena gobernanza con integridad pública en la gobernabilidad democrática y contra la corrupción, una realidad.

Ante estos retos que se nos presentan, primero debemos entender dentro de nuestra propia percepción y estructura de gobernanza, que la transparencia como la sola acción de poner a disposición información –en sentido general-, sin comprender la trascendencia de la forma en que se articulan las relaciones sociales y su semántica, no es suficiente.

No cabe duda que la “vigilancia” de la sociedad, de los grupos sociales e incluso del sector privado frente a las acciones de la Administración de Justicia, proporcionan control.

Por eso, actualmente trabajamos en forma colaborativa para garantizar un correcto y adecuado acceso a la información, de conformidad con leyes nacionales y normativa internacional, siempre teniendo como enfoque generador de nuestras acciones, a la persona, y procurando un Poder Judicial eficaz y transparente.

No nos basta la satisfacción de centralizar y visibilizar simple información, con visión, hemos comprendido que, de la mano, debe plantearse e implementarse una estrategia que permita a las personas; tanto del componente interno de la Organización, como externas a la Institución; ejercer un real escrutinio, verificación y localización de la información de interés, no sólo para la rendición de cuentas en aras de la transparencia e integridad Institucional, sino que también, como instrumento de acceso a la justicia en igualdad de condiciones y de respeto a la dignidad humana.

Convocar a todos y todas las personas intervinientes –internas y externas al Poder Judicial- como críticos construccionistas, para dar legitimidad al Poder Judicial, constituye hoy, un componente eje de participación ciudadana, y que se transversaliza a todos los niveles de la organización, en su labor de Justicia, frente al ejercicio ético de sus funciones y como canal de denuncia social.

Como observadores y vigilantes de una correcta administración, debemos procurarles a las personas, no solamente la disponibilidad de la información – entendida como la disposición de esta, en forma lógica, ordenada, necesaria y correctamente indizada-, si no que esta debe ser comprensible, para todas las personas y no solamente para quien la estructura y crea.

La ruta asumida por las personas integrantes de la Corte Suprema de Justicia de este país, representa un logro en el combate contra la corrupción y de acercamiento a la sociedad como garantía de seguridad ciudadana, justicia e igualdad.

Hoy, en franco cumplimiento del Objetivo de desarrollo sostenible 16 y sus metas, la Oficina de Cumplimiento del Poder Judicial, es una realidad, que en términos generales, y tomando las palabras del señor Adán Nieto Martín catedrático en Derecho penal en la Universidad de Castilla la Mancha, y subdirector de su Instituto de Derecho penal europeo e internacional, se define como “sistemas de gestión que tienen como finalidad prevenir, detectar y sancionar los incumplimientos a las leyes, los códigos o procedimientos internos de una organización”

Todavía hoy, muchas veces no se comprende el valor y alcance del término “cumplimiento”, se tiende a la confusión con otras labores importantes como son el control interno y la auditoría.

Dice el autor Nieto Martín, que “el término «cumplimiento» es uno de los más vagos e inexpresivos que se haya acuñado jamás. Por sí solo no dice apenas nada, salvo lo evidente: actuar conforme a la legalidad, entendiendo también por ello el cumplimiento de obligaciones civiles y directrices internas de la organización.”

Siguiendo su línea discursiva, nos explica la extraordinariedad y complejidad de los programas de cumplimiento normativo dentro de una organización.

La Oficina de Cumplimiento, como instrumento de “autorregulación reglada”, por efecto inmediato, constituye un sistema de fortalecimiento autónomo contra la corrupción, donde no sólo se comprueba el nivel de cumplimiento y legalidad de la Organización en todo su componente orgánico y funcional, si no que, a través de la implementación de lo que se ha denominado como “soft law” –Regulación liviana-, se instauran- en consigna con principios deontológicos y de la ética- mecanismos de control conductual como componente de la fórmula de la gestión de riesgos, mediante la promoción de una cultura basada en la ética y la integridad pública.

Además de ser entendido como mecanismo de control y legalidad, debe verse desde la arista de todo el quehacer ético y normativo de la propia Institución, y cuyo componente fiscalizador tiene la finalidad de prevenir, detectar y sancionar los incumplimientos de las leyes y el combate a la corrupción, bajo esta perspectiva:

• Debe tenerse como instrumento coadyuvante para la consolidación de la paz social, que impide la penetración, la recurrencia o continuidad de actividades destinadas a obstaculizar el ejercicio ético de la función judicial y generadoras de incertidumbre de los grupos sociales y la ciudadanía en general.

• Constituye un componente primordial de la gobernanza institucional, como órgano independiente, supervisor del buen diligenciamiento de sus modelos de organización.

• Debe considerar sus líneas de acción desde un análisis construccionista relacional, para prevenir, enfrentar y gestionar adecuadamente sea los conflictos de interés y los actos de corrupción dentro de una Organización.

• Debe estar centrado en la persona y sus niveles de responsabilidad

• La Oficina de Cumplimiento constituye un componente – eje fortalecedor, de autorregulación reglada, independiente, de gestión de riesgos, fiscalizadora y sancionadora de la Organización, promotora de una cultura ética de su capital humano y de integridad pública, como arma contra la corrupción y el crimen organizado.

• Es un órgano generador de un sistema de revisiones y balance; de control de gobernabilidad y sus administradores.

Como Estado democrático, debemos garantizar un Poder Judicial con independencia funcional e Institucional, bajo la consigna de este principio rector en la garantía del acceso a la justicia.

Manteniendo siempre el respeto a la independencia de Poderes y en función de mantener la integridad de sus Instituciones, he de decir que Gobierno y las Autoridades, tienen la responsabilidad del impulso del desarrollo sostenible del país, al amparo y resguardo de los derechos humanos de todas las personas, debe forjar el diálogo y promover la buena gobernanza dentro de su gobernabilidad, bajo un lema común:

Integridad- Legalidad- Transparencia- Independencia

Continuaremos con nuestro compromiso en la dignificación del Poder Judicial y trabajaremos para mitigar riesgos en función del equilibrio social. Seguiremos generando esfuerzos comunes para garantizar la robustez necesaria para brindar una acceso a la Justicia de calidad a través de una labor armónica, sin afrontamientos, en forma ética y transparente y “sin contaminación” de la Justicia.

Muchas gracias.