Sábado 16 de abril, 2005
San José, Costa Rica.
Idoneidad y transparencia
Restar posibilidades a la componenda
política que, por debajo de la mesa, definía candidatos
Mario Zamora Cordero
Todo empezó en una sesión de Corte Plena, cuando los magistrados eligieron para el cargo de fiscal general al candidato que mejor reunía las condiciones de imparcialidad y experticia para el puesto (que recayó en don Francisco Dall'anesse) y con ello comenzó un cambio que ha reivindicado el papel de la Justicia en nuestra sociedad, bajo el principio de que nadie, por encumbrado que sea, está por encima de la Ley.
Este hecho tiene sus antecedentes en la forma de selección, imparcial y por puntaje, que estableció, en esta legislatura y por vez primera en Costa Rica, la Comisión de Nombramientos de la Asamblea Legislativa bajo la dirección del legislador Carlos Ricardo Benavides. Este método restó posibilidades a la componenda política que, por debajo de la mesa, definía candidatos (no por su idoneidad, sino por su grado de obediencia a las cúpulas que los promovían) y estableció en su lugar un examen público de méritos, personales y profesionales que, si bien es aún perfectible (caso del contralor), mejora con creces los sistemas que lo antecedieron.
Avance democrático.Este efecto de llamar a los mejores para el desempeño de los cargos de mayor relevancia para la Administración supone un avance democrático que enaltece el desempeño de nuestra institucionalidad y la adecua frente a los retos que plantean la ciudadanía y nuestro Estado de derecho, e implica, desde luego, el desafío cívico de extender esta práctica exitosa a otros ámbitos cuya contaminación ha sido un aliado clave para la corrupción, como ejemplifica el sistema 4-3 en la elección de juntas directivas o la forma de nombramiento a dedo de jerarcas en instituciones autónomas (que por esta causa han dejado de ser autónomas) en razón de que tales cargos deberían pasar a ser elegidos, haciendo las reformas legales oportunas, por un sistema de nombramiento abierto y de concurso, a cargo de la Comisión de Nombramientos, a efectos de que el país gane en descentralización, idoneidad y transparencia.
Pero no hay ámbito más trascendente que el de la propia Asamblea para continuar con el proceso emprendido por la Comisión de Nombramiento eligiendo a una magistrado para la Sala Tercera que vitalice y relegitime al Poder Judicial en su lucha contra la corrupción y la vieja política amañada en el reparto del botín y la compra de conciencias. Tampoco la elección del contralor y defensor se debe definir con pactos y componendas que antepongan el cálculo político al interés nacional. En estas designaciones no se puede desconocer el sentir del pueblo y rehuir su responsabilidad histórica para que tales nombramientos sean fortaleza para la independencia, apoliticidad y autonomía de las entidades de las que dependen la democracia y la continuidad en paz del sistema político.