Lunes 3 de junio del 2019
26% de adolescentes procesados por un delito en San José en el 2018
condenados a internamiento
Castigo se aplicó a casos más graves
como homicidios; Ministerio Público prioriza penas alternativas por tratarse de
adolescentes
Solo delitos de mayor gravedad
llevarán a los menores que hayan delinquido a centros de reclusión. Esa es la
intención de fiscales y jueces de Penal Juvenil, en el intento de darle a estos
adolescentes otra oportunidad de reenfocar su vida.
Esa política explica por qué
únicamente 38 muchachos de 145 procesados por la Fiscalía Penal Juvenil de San
José, en el 2018, recibieron penas de internamiento.
En ese 26% figuran los casos más
graves, que sí son castigados con largas sentencias, confirmó la fiscala
Mariana Abarca.
Internamiento es el término que
utiliza la Ley Penal Juvenil a la restricción a la libertad de tránsito para
menores. En el caso de los adultos es medida de prisión.
Esta legislación, que rige desde
1994, establece penas máximas de 15 años de internamiento para personas entre
15 y 18 años, y de 10 años cuando sean mayores de 12 y hasta 15 años.
De los investigados el año pasado, al
74% se le aplicaron medidas alternativas pues, como explicó el fiscal Omar
Jiménez, se pretende que los adolescentes tengan más posibilidades de
reinserción social. Bajo este principio, los juicios se consideran como un
último recurso.
“Eso quiere decir que el grueso de lo
que tuvimos acá en la Fiscalía se resolvió a través de mecanismos de inclusión,
de reestructuración del tejido social que no implicaron la aplicación de una
sanción” de cárcel, explicó Jiménez.
Entre los que recibieron penas
alternativas, un 40%, (58 personas) recibió amonestaciones y advertencias,
según los datos publicados este viernes 24 de mayo en una rendición de cuentas
del Ministerio Público.
Jiménez indicó de que las
amonestaciones se aplican cuando se constata que el menor de edad reflexionó y
cambió su actitud tras el delito cometido.
Asimismo, un 33%, o 48 jóvenes,
fueron sometidos a libertad asistida. Estos quedaron en libertad pero bajo
ciertas condiciones, como acudir una vez al mes a una cita con especialistas y
mantener un buen comportamiento.
Por último, a un 1% se le aplicaron
medidas extraordinarias de seguridad para evitar que se provocara daño a sí
mismo o a otras personas.
Ejemplos graves
Entre los hechos más graves que
concluyeron con el internamiento de jóvenes está el homicidio con arma de fuego
de Ramón Sánchez Zúñiga, colombiano de 32 años, así como la tentativa de
homicidio contra el hijo de Sánchez. Esto ocurrió el 27 de junio del 2018 en
Zapote.
Por este crimen fueron procesados dos
jóvenes que en aquel entonces tenían 15 años.
Tras el suceso, los dos menores y un
tercer muchacho, de 16 años, fueron vinculados con siete asaltos ocurridos
entre abril y junio en las cercanías del parque de La Paz, en barrio Naciones
Unidas, en el distrito Catedral de San José y en San Antonio de Coronado.
Al parecer, los jóvenes amenazaban a
sus víctimas con armas de fuego para despojarlas de sus celulares y luego
utilizaban esos dispositivos para cometer otros ilícitos.
También se les investigó por pertenecer
a una banda que vendía drogas conocida como Los Fox.
A dos de ellos se les impusieron 15
años de cárcel, mientras que otro obtuvo libertad asistida.
Abarca comentó el caso de un menor de
edad acusado de actuar de sicario para un grupo criminal.
“Esta situación es lamentable porque
vemos como nuestros jóvenes ya están siendo utilizados por estructuras
criminales, ya no son aquellos que simplemente acompañan a las personas adultas
que realizan acciones de vigilancia, sino que ya tienen altos mandos, ya se
encargan de ejecutar asesinatos e incluso hasta de mandar a ejecutar
asesinatos”, apuntó la fiscala.
El adolescente fue condenado a 15
años de prisión por el homicidio de cuatro personas. No solo fueron víctimas
los miembros de la banda rival, sino de personas que solo caminaban por la
calle durante los ataques.
“Estamos hablando de personas
inocentes que transitaban en horas de la tarde o de la noche, mientras una
persona que usaba armas de alto calibre disparaba indiscriminadamente”, dijo
Abarca.
Estos datos no incluyen los casos que se resolvieron por medio de la
justicia juvenil restaurativa, un método en el que la víctima y el imputado
buscan una solución alterna al proceso penal.
En la rendición de cuentas no se divulgaron estadísticas sobre los delitos
más frecuentes en esta población o la cantidad de jovenes que permanecen en el
Centro de Formación Juvenil Zurquí, en San Luis de Santo Domingo de Heredia. En
el 2018, la cifra rondaba el centenar de internos entre los 12 y los 24 años.