Teresita Arana Cabalceta
Comunicadora

Eugenio Solís Rodríguez, Gestor Ambiental.

Lograr una labor sostenible y en armonía con el medio ambiente, ha sido la tarea que se ha trazado el Poder Judicial hace más de 10 años.

El establecimiento de una política ambiental institucional y la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGAI), son parte de las acciones que se vienen llevando a cabo con el fin de minimizar la huella ecológica que genera el Poder Judicial.

La Comisión de la Gestión Ambiental lleva a cabo un concurso que pretende participar al personal judicial de estas iniciativas. El Gestor Ambiental, Eugenio Solís Rodríguez, ampliará en la Sección La Entrevista sobre el tema.

¿Cuál es el principal objetivo de este concurso ambiental?

El fin del concurso es dar a conocer iniciativas o buenas prácticas que se lleven a cabo en los despachos, que contribuyan a disminuir la huella ecológica, o sea el impacto ambiental.

En la institución hay muchas personas interesadas en contribuir con acciones a favor del ambiente y puede ser que en su quehacer diario realicen alguna acción o práctica muy buena e innovadora. Por ello, el objetivo del concurso es proporcionar esa plataforma de exposición, para que estas prácticas sean conocidas y ojalá replicadas.

¿Quién promueve el concurso?

El concurso es promovido por la Comisión de Gestión Ambiental en coordinación con el Programa de Buenas Prácticas.

La propuesta del concurso surge como resultado del trabajo que ha venido realizando la Comisión de Gestión Ambiental en la implementación del Plan de Gestión Ambiental (PGAI) en cumplimiento de la Ley para la Gestión Integral de Residuos N. 8839 y del decreto No. 36499-S-MINAET Reglamento para la Elaboración de Programas de Gestión Ambiental Institucional en el Sector Público de Costa Rica, las cuales establecen la obligatoriedad de toda institución de elaborar y gestionar su propio Plan de Gestión Ambiental Institucional (PGAI).

¿En qué consiste en Plan de Gestión Ambiental (PGAI)?

Este plan es un instrumento cuyo fin es mejorar el desempeño ambiental de la institución a través de líneas de acción establecidas, considerando los siguientes componentes estratégicos: gestión de la calidad ambiental (acciones dirigidas a prevenir, mitigar, restaurar o compensar los impactos ocasionados en el quehacer diario de la institución promoviendo la conciencia ambiental), gestión de la energía (acciones y medidas para el uso eficiente de los recursos energéticos y su ahorro en beneficio de un aprovisionamiento de demandas futuras) y gestión del cambio climático (acciones y medidas para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero).

Estas líneas de acción se apoyan en ejes trasversales los cuales son: sensibilización, capacitación y comunicación (se busca el cambio de actitudes); adquisición de bienes y transferencia tecnológica (involucra la implementación del concepto de compras sustentables el cual integra aspectos sociales, económicos y ambientales en los procesos de compra); y finalmente un sistema de métrica donde se cuente con indicadores seguros, de fácil uso y verificación, que colaboren en el proceso de medición para conocer la situación y el rendimiento ambiental de la institución.

A finales de 2016 se actualizó el PGAI para el periodo 2017-2021 y consecuentemente se inició a trabajar el plan a manera de plan piloto en algunos de los edificios institucionales con la intención de ir paulatinamente incluyendo más edificios en su alcance. Uno de los lugares donde se inició fue en los Tribunales de Goicoechea, ahí se lograron ahorros de dinero en el pago de la factura por los servicios públicos de agua y electricidad, luego de implementar proyectos ambientales con el fin de disminuir el consumo de dichos recursos.

En virtud de esa experiencia, la Comisión de Gestión Ambiental solicitó al Consejo Superior se valorara la posibilidad de que los recursos presupuestados ahorrados por la implementación de proyectos similares, pudiera ser trasladado a otras subpartidas que permitieran la ejecución de proyectos en temas ambientales en ejercicios presupuestarios futuros. Sin embargo, por diversas razones esta propuesta no fue viable y en su lugar el Consejo Superior sugirió estimular este tipo de esfuerzos mediante la realización de un concurso en materia ambiental con el apoyo del Programa de Buenas Prácticas.

¿Cuáles son los requisitos del concurso y cómo puede participar el personal judicial?

Al igual que en el concurso tradicional, las buenas prácticas ambientales deben ser: sostenibles en el tiempo y que tenga efectos duraderos (es decir que no pierda vigencia o valor), efectivas (que tengan un impacto tangible y cuantificable), replicables para que puedan ser implementadas en cualquier otro despacho independientemente del ámbito al que pertenezca e innovadoras. Además se debe mostrar el compromiso del equipo de trabajo con la buena práctica.

Los despachos deben identificar dentro de su accionar aquellas prácticas que consideren aporten al tema de protección y conservación del ambiente. Luego, deben determinar en cual categoría clasificaría su buena práctica de acuerdo a las categorías establecidas para el concurso para proceder con la inscripción.

¿Qué tipo de categorías participan del concurso?

Las categorías que participan son:

a) Gestión de residuos sólidos

b) Gestión del Agua

c) Gestión de la Energía Eléctrica

d) Combustibles fósiles

e) Consumo Responsable

f) Gestión del paisaje urbano y natural

¿Dónde se pueden realizar las inscripciones del concurso?

La inscripción se hace en línea y en la página de intranet de la Comisión https://ambiental.poder-judicial.go.cr/ se encuentra el enlace de inscripción y también se puede descargar el manual del concurso con los detalles del mismo.

Hay tiempo para inscribirse hasta el próximo 30 de junio del 2019.