Andrea Marín Mena
Periodista

El magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez coordina el Equipo de Trabajo de Reforma al Régimen Disciplinario.

Hacer más eficiente la labor del Tribunal de la Inspección Judicial, así como impulsar la unificación de criterios en la materia entre todos los órganos judiciales que tienen a cargo su aplicación son temas que analiza Corte Plena.

El pasado 27 de mayo se inició con el conocimiento de la “Guía General del Procedimiento Disciplinario Administrativo en el Poder Judicial” y la reforma al Reglamente “Reglas Prácticas del Tribunal de la Inspección Judicial Modelo de Costa Rica”.

Las propuestas forman parte de los productos elaborados por el Equipo de Trabajo de Reformas al Régimen Disciplinario, liderado por el magistrado Luis Porfirio Sánchez Rodríguez.

Según explicó el magistrado Sánchez Rodríguez, en el caso de las propuestas que modifican la forma de trabajo del Tribunal de la Inspección Judicial, “…lo que pretendemos es maximar los recursos, frente a un presupuesto institucional limitado. Entendemos que la propuesta de reestructurar el Tribunal busca hacerlo más productivo, siempre resguardando el debido proceso constitucional que es fundamental para todos los servidores y servidoras del Poder Judicial”.

Entre las modificaciones se encuentra la propuesta de que los Inspectores y las Inspectoras Generales reciban de forma unipersonal la prueba, pero dictando el acto final como Tribunal Colegiado.

“También es importante la discusión que se hace sobre una guía o manual disciplinario, por cuanto el régimen disciplinario en el Poder Judicial lo pueden aplicar una diversidad de órganos internos. Lo que se busca es tratar de unificar criterios, siempre respetando la independiencia de quien lo ejerce”, puntualizó Sánchez Rodríguez.

Sobre este tema destacó que en la Institución, los órganos competentes son Corte Plena, el Consejo Superior, el Tribunal de la Inspección Judicial, la Oficina de Asuntos Internos de la Policía Judicial, la Inspección Fiscal, la Oficina Disciplinaria de la Defensa Pública, así como 760 jefaturas que tienen esta competencia, conforme lo dispone el artículo 185 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.