Dr. Fernando Cruz Castro Presidente Corte Suprema de Justicia

Como Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica, me representa un enorme gusto y un honor, participar en tan importante actividad con reconocidos expertos.

En el Poder Judicial tenemos un ineludible compromiso con valores esenciales, tales como la transparencia, la probidad, la participación ciudadana, el fortalecimiento de la independencia judicial, no sólo en el juzgamiento, sino también como factor de equilibrio en el diseño de los poderes del Estado y la celeridad de los procesos.

El presente año se conmemora el 70 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política, la cual prevé el derecho fundamental a una justicia pronta, cumplida y de calidad.

Nuestro país presenta un alto índice de litigiosidad que si bien crece con el pasar de los años evidencia la confianza de la ciudadanía en el sistema de administración de justicia para resolver sus conflictos sociales. En este sentido, somos conscientes que la mora judicial es uno de los retos más importantes que enfrentamos en el Poder Judicial y en el cual trabajamos a diario para garantizar la anhelada justicia pronta y cumplida.

La lentitud judicial requiere un enfoque integral en su abordaje, es algo más que procedimientos, hay que darle un enfoque permanente, constante, de cara a la ciudadanía.

Por ello, reforzamos nuestras labores para potenciar el uso de la tecnología y la oralidad en los procesos judiciales, el establecimiento de indicadores de gestión en los despachos, así como la entrada en vigor de las reformas procesales en materia civil y laboral, nos permitirán brindar un mejor servicio a la sociedad. Hay que identificar las disfunciones estructurales que generan la lentitud, la paralización, la impersonalidad y el burocratismo.

La institución cuenta con una Dirección de Tecnología de la Información (DTI) y con una política en materia tecnológica que procura el desarrollo de aplicaciones y sistemas (sofware) con recursos propios y acordes a las necesidades de las personas usuarias. Lo anterior ha permitido la utilización del recurso interno en el desarrollo y mantenimiento de los sistemas, así como en el mantenimiento de la infraestructura y las redes institucionales. Pero la tecnología es sólo un auxilio, porque las fuentes de la mora judicial, pueden estar más allá de las tecnologías. En esto hay que estar alerta para no quedar atrapado en los espejismos.

La incorporación de la tecnología ha permitido a los jueces y juezas poder firmar de manera electrónica o digital los diferentes documentos asociados a los expedientes digitales, permitiendo con esto un control de las actuaciones que incorpora plazos y una disminución de los tiempos procesales de resolución. Esta es un buen abordaje, dentro de una visión integral, interdisciplinaria.

En cuanto a las personas usuarios del Poder Judicial, no tienen que presentarse al despacho para presentar una demanda, consultar las actuaciones o el estado de un proceso, esto lo puede realizar desde el sitio web de la institución, inclusive tienen la facilidad de realizar ciertos trámites como envío de escritos, demandas, denuncias, solicitud de ordenes de apremio y la generación de hojas de delincuencia, entre otros. Esto cambia un poco la imagen de la justicia, pero no es suficiente, porque lo importante es lograr una solución dentro de un plazo razonable.

Los recursos digitales facilitaron el acceso a los servicios que la Administración de Justicia brindó durante el 2018:

Casi setecientos noventa y siete mil personas utilizaron el Sistema de escritorio virtual para tramitar sus procesos.

Un millón doscientos setenta y cinco mil escritos fueron presentados de manera electrónica.

A continuación quiero resaltar cuatro ejemplos que han permitido una justicia más eficiente.

El primero lugar “el proyecto de mejora integral del proceso penal”, el cual tiene como objetivo, reducir los tiempos de resolución de los procesos, así como incrementar la efectividad de los debates con la participación integral de todos los ámbitos auxiliares.

La puesta en marcha de una estructura estandarizada convirtió el 2018 en un año histórico para la jurisdicción penal, al registrar el nivel más alto de asuntos terminados a nivel nacional, con un total de quince mil ochocientos catorce casos. Esto representó una resolución mensual de los tribunales penales de 1.133 casos. Un 23% más que en el 2017, con lo cual al terminar el 2018, el circulante registró una disminución del 29%. Claro, este es un enfoque ineludible, pero insuficiente, como tantos temas vinculados a lo social y a la persona. Porque nos queda ahondar en si es una justicia de calidad, que con tanta angustia ante los plazos, queda arrinconada como un tema que parece secundario, pero que no lo es.

Por otra parte, quiero destacar la labor de la Sala Constitucional en la tutela y la defensa de los derechos reconocidos constitucionalmente. En el 2018 se interpusieron un total de 20.515 casos, lo que representa la cifra de asuntos entrados más alta en la historia de nuestra jurisdicción constitucional. La cifra de asuntos terminados fue de 19.960 con una duración aproximada de 19 días en la tramitación y la resolución de los recursos de hábeas corpus y, de un mes, en los recursos de amparo. Es un tema interesante la Sala desde el punto de vista procesal, porque es un proceso sin recursos, sin incidentes, lineal y en el que priva la solución y no el procedimentalismo que aqueja a tantas materias judiciales.

En tercer lugar quiero resaltar la importancia que tiene la resolución alterna de conflictos como la mediación y la conciliación. En este sentido la labor que lleva a cabo el Centro de Conciliación y el Programa de Justicia Restaurativa se enmarcan en ese ámbito por lograr una justicia más eficiente. La solución alterna de conflictos requiere identificar bien los casos en que se justifica, porque hay variables culturales y sociológicas que condicionan la respuesta en estas materias.

La institución también ha realizado importantes esfuerzos para implementar las reformas procesales en materia civil y laboral en donde se ha potenciado la oralidad como instrumento para agilizar los tiempos de resolución de los procesos judiciales. Con la implementación del nuevo Código Procesal Civil la Comisión de Derecho Civil impulsó un plan de descongestionamiento que en el período de noviembre del 2017 a octubre de 2018, se logró fallar en primera instancia un total de mil ciento setenta y siete procesos para un rendimiento del 114.4% y se logró firmar un total de treinta y cinco mil diligencias. En segunda instancia, se resolvieron 501 procesos para un rendimiento del 98.8% y, para el período de noviembre de 2017 a octubre del 2018, se lograron fallar mil trescientos cincuenta y cinco procesos para un rendimiento del 131.8%. La oralidad en el proceso es un gran paso, a la que apostó el poder judicial desde el año 1973 del siglo pasado.

Es importante reflexionar que, durante el 2018 ingresaron al Poder Judicial más de seiscientos ochenta y seis mil casos en todas las materias, de los cuales, un 36%, es decir, doscientos cuarenta y cuatro mil, correspondían a la materia de cobro. En este sentido, la cantidad de casos ingresados para el 2018 fue de 17.603 por cada 100 mil habitantes. No tengo duda que la cifra de nuevos casos aumentará en el futuro. Para lograr celeridad, quizás hay que reflexionar sobre el contenido y ubicación de la materia de cobro, en que se discute más un estado que una determinación de justicia.

En cuarto lugar, la institución aprobó un Plan Estratégico Institucional (PEI) 2019-2024) el 10 de diciembre de 2018.

El Plan Estratégico marcará, sin duda, los objetivos y metas de la institución durante los próximos seis años, plazo durante el cual se le dará estricta supervisión y evaluación. Se trata de un diseño institucional (PEI) que define la ruta de la planificación y cuyo primer eje estratégico se denomina “resolución oportuna de los conflictos” y tiene como acciones estratégicas el abordaje integral a la criminalidad, la celeridad judicial a través de la implementación de mecanismos de gestión, fortalecer las medidas alternas en la solución de conflictos y fortalecer la justicia restaurativa.

Percibo en la comunidad judicial la voluntad de servicio, de autocrítica y de construcción de una justicia que tiene como uno de los retos más importantes y en el cual trabajamos a diario para garantizar una justicia pronta y de calidad y en donde factores como los que hice mención nos permitirán lograr ese objetivo. Estos propósitos no son nada fáciles, porque las materias que conoce la jurisdicción difieren en su contenido, objetivos y funciones. En otro momento se puede destacar una característica que no se resalta en el tema de la mora judicial: en muchos casos, hay una parte interviniente que no quiere que se encuentre una solución justa y oportuna al conflicto. En muchos conflictos, alguna de las partes más bien no quiere que el proceso se desarrolle y culmine con alguna solución. Además, en materia procesal arrastramos visiones que quizás no responden a soluciones de justicia, sino a prejuicios arraigados que se disfrazan de verdades incuestionables, como ocurre con el tema de la impugnación, por ejemplo. Hay otro horizonte que no se aborda cuando se trata estos temas, es la insuficiencia presupuestaria para dar respuesta razonable a los conflictos de los ciudadanos. En muchas ocasiones, no es posible una justicia célere, porque no hay recursos suficientes para que impere celeridad en el desarrollo del drama judicial. Hay que asumir responsabilidades y hacer el mayor esfuerzo, pero si queremos abordar el tema con rigor académico y científico, no podemos hacer diagnósticos sobre la realidad, sin ahondar en las raíces que sustentan lo que vemos y que parece evidente: que la justicia es lenta.

Este es un tema fundamental desde la Presidencia de la Corte, porque no puedo desconocer, recurriendo a una imagen literaria que:

“…La tardanza de la justicia es uno de esos males de los que el hombre sólo puede librarse mediante el suicidio". (W. Shakespeare. Hamlet). Efectivamente, una justicia lenta con la sombra de la impunidad, hace perecer, una vida en sociedad presidida por la justicia individual y social.

Muchas gracias.