La capacitación cuenta con expositores de distintos sectores públicos involucrados en la materia.

Con el objetivo de fortalecer las competencias de las personas servidoras judiciales y de las demás instituciones involucradas en los alcances y la tutela del Derecho Indígena, la Comisión de Acceso a la Justicia y la Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas en coordinación con la Escuela Judicial, desarrollan y ejecutan una capacitación en la búsqueda de un mejor acceso a la justicia de esta población.

La capacitación “Módulo didáctico para la promoción de los derechos de los pueblos indígenas. Aplicación de la normativa nacional e internacional”, se desarrolla desde el pasado 17 de mayo y se extenderá por cuatro viernes más, hasta el próximo 21 de junio.

Dentro de los temas a desarrollar destacan: Condiciones culturales dentro del proceso penal para garantizar el acceso a la justicia, la intervención de la Sección de Trabajo Social y las estrategias para cumplir la Política de Accesibilidad, el abordaje de las Reglas de Brasilia en el ámbito internacional y la Incidencia del pluralismo jurídico y los sistemas jurídicos indígenas en las políticas del Poder Judicial para el acceso a la justicia de los pueblos indígenas, entre otros.

Este espacio de formación también busca profundizar en los alcances de la Ley de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas de Costa Rica y el Código Procesal Agrario.

Se cuenta con expositores como la ex Vicepresidenta de la Corte Suprema de Justicia, Carmenmaría Escoto Fernández; la Gestora del Proyecto de Implementación de la Reforma Procesal Agraria y Coordinadora Subcomisión de Acceso a la Justicia de Pueblos Indígenas del Poder Judicial, Damaris Vargas Vásquez; así como representantes de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Paz, la Defensoría de los Habitantes, el INAMU y diferentes despachos judiciales relacionados con la materia.

La actividad es presencial y se lleva a cabo en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Buenos Aires de Puntarenas, con la finalidad de tener un mayor acercamiento con la población indígena beneficiaria de las medidas cautelares dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado costarricense.