7 de abril de 2019
Justicia debe facilitar llamadas
internacionales de reos extranjeros por orden de Sala IV
Ministerio que ya trabaja en un
sistema de videollamadas en las cárceles con mayor población foránea
El Ministerio de Justicia tiene
seis meses para encontrar “un servicio alternativo” que facilite las llamadas
internacionales de los reos en la cárcel La Reforma, en San Rafael de Alajuela.
Así respondió la Sala Constitucional
a dos recursos de amparo, en los que sugirió que el centro penal brinde
llamadas por internet para que los privados de libertad se comuniquen afuera
del país.
Un preso colombiano, de apellidos
Rojas López, alegó que los teléfonos públicos de su pabellón no cuentan con el
servicio de llamadas por cobrar para el extranjero.
Además, una tarjeta telefónica de
¢1.000 solo le alcanza para una llamada internacional de cinco minutos.
En otro recurso, 34 privados de
libertad aseguraron que la cárcel y el Ministerio de Justicia impedían realizar
llamadas internacionales desde La Reforma.
Los reclamos se presentaron el 28
de enero y el 19 de febrero de este año, respectivamente.
En ambos fallos, los magistrados
verificaron “una lesión al derecho a la comunicación, en razón de que la
autoridad recurrida limita la posibilidad de contacto de los recurrentes con su
familia en el extranjero, únicamente al uso de las tarjetas telefónicas”.
El Alto Tribunal definió que las
tarjetas son de difícil acceso para una población que podría carecer de
recursos económicos para pagar las costosas llamadas internacionales.
La Sala también detalló que
en votos anteriores “ha reconocido que los privados de libertad no pierden más
que su libertad de tránsito y que deben respetársele sus demás derechos no
relacionados directamente con la señalada restricción”.
Plan en camino
En el Ministerio de
Justicia, por su parte, aseguran que desde hace tres años trabajan en un plan
que corregirá las carencias señaladas en los fallos.
El proyecto consiste en
instalar un sistema de videoconferencias en las cárceles con mayor población
penal extranjera, para que los presos se puedan comunicar con familiares, así
como con consulados y embajadas de sus respectivos países.
Las prisiones favorecidas
serán La Reforma, Liberia, Vilma Curling (Desamparados), San Carlos, San
Sebastián y la Gerardo Rodríguez Echeverría (San Rafael de Alajuela).
José Luis Bermúdez,
director de Adaptación Social, indicó que la iniciativa está “en su primera fase,
ya se adjudicó a una empresa que se está encargando de remodelar y adecuar los
espacios”.
El plan costará ¢105
millones y está a cargo de la constructora Arco.
“Terminada la etapa de
remodelación viene la instalación de los equipos, esas son contrataciones
públicas, es un fideicomiso con el Banco de Costa Rica que tiene el Fondo
Social Migratorio”, explicó Bermúdez.
El director añadió que en
la cartera “le estamos preparando una respuesta a la Sala sobre este tema, de
todo lo que hemos hecho”.
El Ministerio de Justicia
espera ampliar el servicio a todas las cárceles donde hay población extranjera,
sin embargo, debe recibir la aprobación del Fondo Social Migratorio.
Según datos de Justicia, al
4 de abril había 2.276 extranjeros presos en el país, de una población de cerca
de 15.500 personas.
La cárcel con mayor
cantidad de foráneos es La Reforma, con 463.