27 de febrero de 2018
Tribunal anula condena contra trabajador de Recope por 'daños
agravados’ a tanque de gas durante huelga
Empleado había sido condenado a dos
años de prisión; jueces de segunda instancia ordenan que se haga un nuevo
juicio y piden abrir investigación administrativa a juez de Limón que lo
sentenció
Juan Diego Córdoba. Hace 14 horas
El
trabajador de Recope que fue condenado en noviembre por “daños agravados”,
durante la huelga, contra un enorme tanque de almacenamiento de gas de la
empresa, fue liberado a las 5:30 p. m. de este martes por orden del Tribunal de
Apelación del Segundo Circuito Judicial de San José.
Esa
instancia anuló la sentencia de dos años de prisión contra Carlos Andrés Pérez,
dictada por el Tribunal de Flagrancia de Limón, al ser hallado responsable del
delito de “daños agravados” en perjuicio de la Refinadora Costarricense de
Petróleo (Recope), la cual señaló este acto como sabotaje.
La
decisión de los jueces de apelación se dio al acoger parcialmente los recursos
interpuestos por la defensa del empleado.
En la
resolución ordenó someter el caso a un nuevo juicio. Pérez, de 27 años, estaba
preso en el Centro de Atención Institucional de Limón.
El
Ministerio de Justicia informó a las 5:30 p. m. que la orden de liberación de
Pérez ya había sido ejecutada.
El
Tribunal de Apelación también dejó sin efecto la inhabilitación por 10 años
contra Pérez para trabajar en el sector público.
“Muy
feliz, la verdad lo que queríamos se logró que era ordenarse el reenvío, un
nuevo juicio. Se anuló todo lo actuado, también ordenó el tribunal de
apelaciones que tenía que ser un tribunal colegiado el que resuelva el asunto
ya sea una cuestión de pena. Ahora al mediodía lo fui a visitar, él estaba
sumamente positivo, como que ya lo presentía”, aseguró Henry Loaiza, abogado
del trabajador de Recope.
El
Juzgado de Limón deberá ahora realizar un nuevo juicio para determinar si Pérez
fue o no responsable por los hechos ocurridos el 11 de setiembre, durante la
huelga contra la reforma fiscal, cuando varias personas atentaron contra la
válvula que protegía la entrada y salida de gas GLP de una esfera en el plantel
de Moín mientras un barco hacía la descarga hacia ese
tanque.
Con
esa acción se puso en peligro a vecinos y viviendas, pues según argumentó el
abogado de Recope, José Ramón Morales, de haberse dado una explosión la onda
expansiva habría llegado hasta Matina, a 30 kilómetros de distancia.
Este
martes, luego de que se diera a conocer la decisión del Tribunal de Apelación,
Morales adelantó que no descartaban presentar un recurso de casación. Por el momento,
estudiaban los argumentos de los jueces.
“El
equipo de abogados tiene 15 días a partir de la notificación para hacerlo”,
señaló el representante de Recope.
Actualmente,
Pérez también es sujeto de un procedimiento administrativo dentro de la
Refinadora, el cual está supeditado a la investigación judicial. Es decir,
mientras se determina si es responsable o no de los hechos por los cuales fue
acusado, estará suspendido.
“Los
procedimientos administrativos se supeditan a las investigaciones judiciales que
suspenden la potestad disciplinaria y de investigación a la administración
pública”, informó la oficina de prensa.
El
juez de Flagrancia de Limón, Sergio Céspedes Rivera, había condenado a Pérez
por “daños agravados”.
El 27
de noviembre, al dictar el fallo, dijo: “Fue un daño provocado, causado con
éxito a una planta energética, pero yo no podría saber si la intención fue un
sabotaje”.
La
Fiscalía había acusado otro delito, tipificado en el artículo 260 del Código
Penal como Atentado contra plantas, conductores de energía y de comunicaciones.
Contra
el juez
En su
resolución, el Tribunal de Apelación también pidió al Tribunal de la Inspección
Judicial abrir un procedimiento contra Sergio Céspedes Rivera, juez del
Tribunal de Flagrancia de Limón, al considerar que incurrió en “graves
errores”.
“Pocas
veces este Tribunal se ha enfrentado a un proceso y a una sentencia cargada de
tantos y tan graves errores en la aplicación del derecho vigente como la
presente.
"Por
ello, porque se estima, conforme a lo indicado, que no se trata de simples
discrepancias de criterios jurídicos o de errores menores, sino de un burdo
desconocimiento del derecho penal y procesal penal, se considera procedente
testimoniar piezas ante el Tribunal de la Inspección Judicial”, señalan los
jueces de apelación Rosaura Chinchilla, Alberto García y Gustavo Adolfo Rojas.
Entre
los aspectos que se analizaron fue la pena y el dictado de prisión preventiva.
El
caso
-11 de
setiembre de 2018: Carlos Andrés Pérez fue
detenido in fraganti el martes 11 de setiembre como uno de los
posibles responsables de afectar el sistema de distribución de gas GLP (gas
licuado de petróleo), en Moín. Otras dos personas que
participaron en el hecho se dieron a la fuga.
- 27
noviembre de 2018: El Tribunal de Flagrancia de
Limón condenó a dos años de prisión al sindicalista de Recope, al determinar
que la acción de Pérez pudo derivar en una gran explosión.
“Fue
un daño provocado, causado con éxito a una planta energética, pero yo no podría
saber si la intención fue un sabotaje”, justificó el juez Sergio Céspedes
Rivera, quien indicó que, no solo recibió cinco testimonios fundamentales, sino
que toda la evidencia apunta a que el funcionario fue el responsable.
"Carlos
está siendo condenado, no porque alguien lo viera, sino porque los indicios van
en una única dirección. Es innegable que está siendo detenido a una corta
distancia, siendo detenido en la persecución, en flagrancia“,
explicó el juez, Sergio Céspedes.
- 19
febrero de 2019: Henry
Loaiza, abogado defensor del empleado de mantenimiento de Recope, pidió un
nuevo juicio y la liberación inmediata de su defendido, durante la audiencia de
apelación.
“Existe
una errónea valoración en cuanto a la prueba de descargo, ya que no valora
nuestra declaración y prueba documental”, aseguró Loaiza, quien insistió en que
hubo omisión de consideraciones que para él probarían la inocencia de Pérez.
- 26
febrero de 2019: Tribunal de Apelación anula la
sentencia del Tribunal de Flagrancia de Limón, pide un nuevo juicio contra Carlos
Andrés Pérez y ordena su libertad inmediata.